La administración Trump pone a prueba los límites de la ley al deportar a «enemigos extranjeros» a El Salvador a pesar de una decisión judicial

En la noche del sábado 15 al domingo 16 de marzo, un primer vuelo con a bordo supuestos miembros de la banda criminal «Tren de Aragua» expulsados por la administración Trump aterrizó en San Salvador.

• Se trataría de un total de 261 personas: 238 presuntos miembros de la banda venezolana «Tren de Aragua» y 23 miembros de una de las principales pandillas salvadoreñas, la Mara Salvatrucha (MS-13) —entre los que se encuentran dos históricos líderes («cabecillas») de la mara acusados de terrorismo en Nueva York, como confirmó el secretario de Estado Marco Rubio— ¹.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó un vídeo en su cuenta de Twitter en el que se muestra la recepción reservada a los detenidos, en una puesta en escena habitual de las fuerzas del orden en su lucha contra el crimen organizado.

• Se ve un despliegue de soldados del ejército salvadoreño fuertemente armados esperando en la pista la llegada del avión. Los detenidos están esposados de pies y manos, obligados a avanzar con la cabeza gacha por policías, metidos en autobuses escoltados, rapados y vestidos de blanco a su llegada a la megacárcel de máxima seguridad CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), que puede albergar hasta 40.000 reclusos.
• Este traslado estaba previsto en el marco del acuerdo bilateral firmado entre Estados Unidos y El Salvador tras la gira latinoamericana de Rubio.
• En esa ocasión, Bukele había recibido al secretario de Estado estadounidense el 3 de febrero en su residencia personal a orillas del lago de Coatepeque. El presidente salvadoreño había hablado de la amistad que le une a Rubio y se había ofrecido a poner a disposición las prisiones salvadoreñas para recibir a los presos —incluidos los extranjeros— que se encuentran actualmente en territorio estadounidense.

La llegada de extranjeros como los miembros de la banda venezolana a Tren de Aragua será una prueba para la prisión insignia de Bukele y su modelo de seguridad.

• Es la primera vez que miembros de una banda que no sea de El Salvador están detenidos en este lugar.
• La formación de estas pandillas, las maras, se produjo a principios de los años noventa siguiendo un camino similar al que comenzó el fin de semana pasado: con la expulsión de miembros de pandillas de Estados Unidos a Centroamérica, donde se volvieron a formar.

Este primer vuelo se realizó a pesar de la prohibición dictada por el juez federal de Washington James E. Boasberg, que había ordenado el sábado 15 de marzo al final del día bloquear temporalmente la expulsión. Según información obtenida por Axios, Trump firmó la orden ejecutiva invocando la Ley de Enemigos Extranjeros (una ley promulgada en 1798 y hasta ahora utilizada únicamente en tiempos de guerra) el viernes por la noche, pero el Despacho Oval no la hizo pública hasta el día siguiente para dar más tiempo a las autoridades para realizar el viaje ².

• El lunes 17 de marzo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cuestionó la legitimidad del tribunal para «decidir sobre la gestión de los asuntos exteriores por parte del presidente, sobre los poderes que le confiere la Ley de Enemigos Extranjeros y sobre los poderes fundamentales que le confiere el Artículo II para expulsar a los terroristas extranjeros del territorio estadounidense y para repeler una invasión declarada» ³.
• El vicepresidente J.D. Vance también afirmó en febrero que consideraría «ilegal» una decisión que impugnara los poderes otorgados al presidente al declarar sobre X: «Los jueces no están autorizados a controlar el poder legítimo del ejecutivo» ⁴.
• Esta impugnación del poder judicial ha ganado considerablemente en popularidad en los últimos años dentro del Partido Republicano.
• Basada principalmente en una interpretación de las prerrogativas conferidas al presidente a través del Artículo II de la Constitución, esta postura se inscribe en la corriente post-originalista, liderada por juristas como Adrian Vermeule, que reivindica interpretar la Constitución y las prerrogativas del ejecutivo según una lectura «original».