La mitad del mundo está bajo sanciones estadounidenses

Los datos del Center for a New American Security (CNAS), un think tank estadounidense, muestran que entidades de 100 países son objeto de sanciones financieras por parte de Estados Unidos. Esta cifra corresponde a más de la mitad de los 193 países reconocidos por Naciones Unidas.

• El mapa anterior muestra los países de los que son nacionales las personas sancionadas o en los que están registradas o tienen cuentas bancarias las entidades sancionadas.
• Rusia es, con diferencia, el país con más entidades de este tipo, ya que las sanciones contra personas o empresas rusas han aumentado considerablemente desde la invasión de Ucrania en 2022.
• Le siguen México (148 personas o entidades sancionadas), China (145), Irán (141) y Emiratos Árabes Unidos (92)¹.

Estados Unidos es, con diferencia, el país que más recurre a las sanciones como herramienta de política exterior. En abril, Washington tenía tres veces más sanciones activas que Suiza y la Unión Europea, segundo y tercer sancionadores respectivamente.

• Las sanciones son una herramienta frecuentemente criticada por su ineficacia a la hora de influir en las políticas de los países destinatarios. Según Agathe Demarais, como mínimo, las sanciones permiten enviar una señal diplomática.
• En Estados Unidos, las sanciones son objeto de consenso bipartidista. El creciente recurso a las sanciones iniciado bajo la administración Obama (2008-2016) ha continuado en gran medida bajo Trump y luego bajo Biden.
• A pesar del papel secundario desempeñado por las cuestiones de política exterior en la campaña presidencial, es poco probable que ni Kamala Harris ni Donald Trump pongan fin al uso de sanciones tras las elecciones de noviembre.

Sin embargo, los actores a los que se dirigen las sanciones estadounidenses y la naturaleza del uso de esta herramienta podrían cambiar si Trump vuelve a la Casa Blanca en noviembre de 2024. En junio de 2020, el expresidente firmó una orden ejecutiva que autorizaba la aplicación de sanciones contra fiscales y funcionarios de la Corte Penal Internacional tras la apertura de investigaciones contra agentes y militares estadounidenses en relación con presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán².