Desde la toma de posesión del nuevo Gobierno, el 21 de noviembre de 2023, el socialista Pedro Sánchez no logra gobernar en España.

  • El PSOE se vio obligado a formar coalición con el partido Sumar de Yolanda Díaz tras las elecciones anticipadas del 23 de julio de 2023, y a conseguir el apoyo del partido independentista catalán Junts per Catalunya, entre otros.
  • En el transcurso de unas largas y laboriosas negociaciones, Carles Puigdemont se erigió en el hacedor de reyes y logró que los socialistas le concedieran una ley de amnistía a cambio de su apoyo a Sánchez.

Desde la investidura, hay que repetir la misma operación para todas las leyes que quiera aprobar el Gobierno español: los socialistas tienen que negociar previamente con los independentistas catalanes, que no dudan en votar en contra si no están de acuerdo.

El martes 23 de julio, el Congreso español rechazó la proposición de ley del Gobierno para modificar la ley de extranjería.

  • Esta iniciativa proponía añadir un artículo sobre «situaciones de extraordinaria contingencia migratoria», que establecería un protocolo de actuación para el traslado y el reparto de menores no acompañados en las comunidades autónomas españolas.
  • Junts decidió unirse con el Partido Popular (PP) y Vox para votar en contra.

Ese mismo día, Junts votó en contra de la senda de estabilidad con los objetivos de déficit y deuda pública —un primer paso necesario para presentar los presupuestos de 2025—.

  • El Ejecutivo había incluido mejores previsiones de crecimiento macroeconómico, con una recuperación del PIB hasta el 2,4% este año y el 2,2% en 2025. La senda presupuestaria propuesta dejaría el déficit público en el 2,5% en 2025, el 2,1% en 2026 y el 1,8% en 2027, y reduciría la deuda pública por debajo del 100% al final del periodo1.
  • Los partidos independentistas catalanes han decidido frenar este proceso, que habría permitido a Sánchez asegurarse la legislatura. Se trata de una cuestión de urgencia para el Gobierno, sobre todo porque son los Presupuestos de 2023 los que siguen vigentes, ya que el Ejecutivo renunció el año pasado a aprobar los de 2024.
  • El portavoz adjunto de Junts en el Congreso justificó este rechazo explicando que su partido reclama los objetivos de estabilidad presupuestaria para dotar a las comunidades autónomas de mayor capacidad y recursos económicos.
  • El momento de esta decisión no es baladí: esta semana continúan las negociaciones entre el PSOE e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) —competidores de Junts— para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña.

Este estancamiento político puede dar una idea de cómo podría ser la nueva legislatura francesa.

Al mismo tiempo, la ley de amnistía sigue planteando problemas.

  • Esta semana, el Tribunal Supremo señaló la posible inconstitucionalidad de la ley por «vulnerar el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica».
  • Corresponderá al Tribunal Constitucional decidir si la legislación se inscribe o no en el marco de la Constitución española.

La investigación por tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez sigue cobrando impulso.

  • El 24 de abril, Sánchez publicó una carta a los españoles en la que anunciaba que cancelaba su agenda de los próximos días para reflexionar sobre su futuro político a la luz del asunto en el que está implicada su mujer. Tras proyectar su posible dimisión, Sánchez declaró que seguiría en el poder para luchar contra las «fake news y la extrema derecha».
  • El viernes 19 de julio, la esposa de Sánchez se acogió a su derecho a no declarar ante el tribunal.
  • En respuesta, el juez encargado del caso, Juan Carlos Peinado, decidió citar a Sánchez como testigo el 30 de julio a las 11.00 horas en la Moncloa.
  • El presidente del Gobierno manifestó al juez su intención de «colaborar con la justicia», pero desea declarar por escrito.

El PP ha pedido la dimisión de Sánchez, y el partido ultraderechista Vox declaró: «No descansaremos hasta desalojar al clan corrupto que ocupa la Moncloa y que paguen ante un Tribunal»2.