«En materia de seguridad, Claudia Sheinbaum debe intentar replicar lo que hizo en Ciudad de México a escala de todo el país», una conversación con Sergio Aguayo 

Tras esta recta final del proceso electoral más grande de la historia de México, con la renovación de unos 20.000 cargos públicos en todo el país, ¿qué le ha parecido esta campaña? Según usted, ¿la ha caracterizado algo en particular o ha sido como las anteriores? 

Esta campaña ha sido diferente. Me parece que el elemento más novedoso es el peso que han tenido las redes sociales. Pero fuera de eso, ha sido una campaña con sus virtudes y sus vicios. Me voy a referir sólo a la elección presidencial porque si no sería muy complejo; México es un país muy grande de tamaño.

En el tema de seguridad, que es lo que he estudiado con más cuidado, las dos candidatas se quedaron en las generalidades —por razones muy comprensibles—. Una campaña no se presta para una discusión a profundidad y no fue posible organizar foros con los equipos de campaña por diferentes razones. Podemos decir que en términos generales hay buenas intenciones, pero propuestas muy generales.  

Justamente entrando en el tema de la violencia, en esta secuencia se habla de violencia electoral. ¿Cómo definiría y explicaría usted ese fenómeno en México?

Para comprenderlo hay que mirar con atención el peso tan grande que tienen Estados Unidos y México en términos de población y territorio en la región. Estados Unidos es la potencia militar y económica que sabemos. Y México es el corredor natural, es la frontera de tres mil kilómetros con la potencia militar y económica. Por tanto, la geopolítica hizo que México se convirtiera de manera natural en el hábitat donde floreció el crimen organizado. 

Estados Unidos es el principal consumidor de narcóticos —como fue el principal consumidor de alcohol durante la prohibición—. Es también el principal productor de armas de la región y uno de los principales del mundo. Tienen un mercado financiero gigantesco y es un polo de atracción para la migración. Por tanto, México es de manera natural el corredor por el que llegan narcóticos, inmigrantes y en el que circulan armas, lo que alimenta la criminalidad. Esta también crece por razones domésticas que tienen que ver con varias razones. La principal es el pacto de impunidad que existe en la clase política para proteger a los funcionarios que protegen a los criminales. Desde 1920 hasta nuestros días, los presidentes mexicanos han protegido a los políticos que protegen a los grandes criminales. 

Segundo, tenemos un territorio muy amplio, donde pueden crecer narcóticos de diferente tipo. Hay una base territorial y social muy sólida para los criminales. Y frente a ello, lo que tenemos es una estrategia de seguridad fallida por diferentes motivos. Me centro en los dos más importantes. Existe un ejército grande, pero no suficiente para atender todo el territorio y unas corporaciones policiacas en su mayor parte capturadas por el crimen organizado a lo largo del tiempo. Eso ha provocado que en 2024 las organizaciones criminales mexicanas sean las más grandes del mundo en tamaño —según las cifras que proporcionó la DEA el año pasado que indican que 40.000 es el número de empleados o cuadros que tienen sólo las dos grandes organizaciones Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en cincuenta países del mundo—. En Estados Unidos, por supuesto, pero también en Europa con una presencia muy evidente en Amsterdam, Bélgica, España —en Barcelona y Galicia sobre todo—.  

El Instituto Nacional Electoral ha entrado en alerta por la violencia que pone en riesgo la instalación de al menos 104 casillas. ¿Cuáles son las principales consecuencias de la violencia electoral? ¿Quiénes son las principales víctimas y los principales actores en juego? 

Para entender la presencia del crimen organizado en lo local hay que ubicarlo en su crecimiento. Y en este siglo, gradualmente empezaron a diversificar su negocio de los narcóticos a otras actividades como extorsiones, materias primas, etc. Y para eso necesitan controlarse más directamente los territorios. Ese es un modelo que adoptan los Zetas, que es una organización creada por ex militares de sectores de tropas especiales. Empiezan entonces a ocupar más territorios. Lo que ha sucedido en los últimos tres sexenios es un incremento gradual que se ha desencadenado ya en este sexenio, en el de López Obrador, con la estrategia muy laxa que han tenido. La ocupación de territorios es impresionante. 

El viernes mataron a otro candidato. Por ahora pueden ser treinta y siete candidatos asesinados. Un informe que acaba de salir dice que en cinco estados se han retirado más de 2.000 candidatos. ¿Qué significa eso? No lo sabemos porque el Instituto Nacional Electoral se preocupa ahora, pero no ha hecho un mapa explicando qué es lo que sabe el Gobierno mexicano sobre la presencia territorial del crimen organizado. Porque el 90% de los candidatos asesinados son candidatos locales —no son candidatos al Gobierno del Estado, ni al Congreso—. Es decir, estos asesinatos se inscriben dentro de una estrategia para controlar territorio.

¿Cómo se vota en regiones controladas por los carteles? ¿Se puede votar libremente —en Jalisco por ejemplo—?

Quienes estamos generando más información sobre lo que pasa en ese terreno de violencia y crimen organizado son universidades, medios de comunicación, ONG, think tanks. El Estado mexicano no produce —o no hace pública— la información agregada que nos permite entender un perfil del riesgo. 

Una comparación que conozco muy bien. Cuando en los años sesenta en Estados Unidos algunos congresistas empezaron a combatir a la mafia, uno de los objetivos fue armar un mapa de riesgo, y a raíz de la de la comparecencia de un mafioso, Joseph Valachi, en 1963, tuvimos un mapa aproximado de la presencia de las mafias en Estados Unidos. Tenían cinco mil soldados, cada soldado con una docena de seguidores, eso daba cincuenta mil efectivos. Esa era la estimación que sale del Estado. Algo parecido no existe en México. Por tanto, las estimaciones que nosotros tenemos son de organizaciones locales que van sacando información —Romain le Cour en Michoacán, por ejemplo, y un gran número de investigadores que está sacando información—, pero no tenemos mapas agregados del tamaño del crimen organizado. En consecuencia, no tenemos información sobre su presencia en el nivel local.

En un contexto de ola de violencia que no deja de crecer, ¿cuáles son los retos en materia de violencia que esperan a la nueva presidenta? ¿Qué se puede y qué se debería hacer? ¿Debería de haber entonces más interacciones entre el mundo académico y el Ejecutivo? 

Son varios retos. Vamos a suponer que lo más probable es que gane Claudia Sheinbaum, porque es más fácil hacer un análisis de ese tipo con una persona. Pero ella ha hablado muy poco sobre seguridad, porque tiene un problema muy grande: no quiere diferenciarse de la estrategia de López Obrador.

Ella siguió una estrategia en la Ciudad de México exitosa; una de las experiencias estatales exitosas junto con Yucatán y Coahuila, pero no la confronta con la del presidente porque es muy diferente. En consecuencia, no sabemos bien qué está pensando. Incluso hay un fenómeno ahí bien interesante, porque su hombre del mundo de la seguridad, Omar García Harfuch, que fue jefe de seguridad de la Ciudad de México, no ha comparecido ante un foro académico durante la campaña, y es candidato a senador; no ha hablado. 

Sin embargo, he estado anotando varias vertientes donde se puede trabajar. Las voy a enumerar —son muy grandes y tal vez eso requerirá ir profundizando—: no habló sobre la relación con el Ejército, por ejemplo, lo cual es muy importante. En todo caso, habrá que ver la relación de Claudia Sheinbaum con el presidente López Obrador, porque van a coincidir en los cuatro meses que separan el 3 de junio del 1 de octubre, no sabemos cómo va a evolucionar. Luego, está la relación de Claudia con los militares, que son tres ingredientes, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional; después la estrategia que tenga hacia la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en donde el sentido común dice que va a nombrar a Omar García Harfuch, pero no lo sabemos. Él no es militar, es policía. 

También está la coordinación de la presidenta con los gobernadores y presidentes municipales, que es un tema gigantesco porque en México la estrategia del combate al crimen organizado lo hace el gobierno federal —con algunas excepciones—, pero dado el crecimiento del crimen organizado es necesaria la participación de gobernadores y presidentes municipales, y eso es lo que no sabemos cómo va a ser. Y finalmente, la relación con la sociedad: el presidente, López Obrador y la 4T en general han visto con mucha desconfianza a la sociedad civil. Aquí, aclaremos, no son sólo las ONG o las universidades, sino los medios de comunicación, empresarios, iglesias y víctimas. Son los seis grupos que están participando constantemente en la política, pero eso lo iremos viendo en los próximos meses, no es posible anticipar ahora hacia dónde va a ir. 

¿Cómo cree que Sheinbaum gestionará el legado de López Obrador? ¿Cree que puede haber una ruptura, quizás no en los primeros meses sino después, para no ser la marioneta de AMLO como se suele decir? 

Es lo más lógico, porque lo que hizo Claudia en la Ciudad de México y lo que hizo López Obrador no tienen nada que ver, son dos estrategias diferentes. Hay ideas de fondo que se van a mantener, pero la implementación ciertamente me parece que va a tener que cambiar, hasta dónde, cómo, cuándo, ese es uno de los ejes analíticos para monitorear. Para lo que sucede al interior de la estrategia del Estado vamos a ver lo que hacen la sociedad, el crimen organizado y Estados Unidos sobre todo, aunque también la comunidad internacional, porque, volviendo al tema geopolítico, dada la magnitud de los actores involucrados en estas cuatro vertientes –narcóticos, armas, migraciones y lavado de dinero– son miles de actores que están interactuando y que pueden condicionar alguna o varias de las políticas. 

Ese es uno de los objetivos a analizar, y afortunadamente, creo que en términos analíticos ya estamos mucho mejor preparados para entender estas dinámicas, al menos en el caso de nosotros y en un buen número de colegas, entendemos la complejidad del asunto y ese capital humano nos da una cierta ventaja para poder incidir.  

Volviendo a la estrategia de Sheinbaum en Ciudad de México, ¿cree que el cambio de escala es posible, es decir, si funcionó en Ciudad de México puede funcionar a escala de un país —un país como México—?  

Es un gran reto, porque como la Ciudad de México no hay dos en el sentido de la acumulación. Le leo una estadística que tengo por aquí simplemente para que se dé una idea sobre la presencia de policías en cuatro estados, tres de ellos exitosos según las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes: Coahuila tiene 61 policías por cada 100 mil habitantes, Yucatán, 223, y la Ciudad de México, 980 policías por cada 100 mil habitantes.  Estamos abajo del criterio de Naciones Unidas de poco más de dos policías por cada 10 mil habitantes en el caso de esa estadística. 

Hay muchas diferencias porque México tiene dos mil corporaciones policíacas, pero la capital es una zona urbana densamente poblada en donde es imposible que el crimen organizado despliegue convoyes, por ejemplo, porque no hay territorio, no hay caminos. Si bloquean el periférico, no pasas a ningún lado. Es difícil de replicar, pero está muy bien que lo intente. Me parece que hay que intentarlo, pero no va a ser automático ni posible, de hecho, en los estudios que estamos haciendo, hay estados con viabilidad para contener la criminalidad y hay estados que en este momento no tienen viabilidad. Si hubiera una lógica de viabilidad pues tendría que atenderse lo viable y posponerse lo menos viable.  

En un texto reciente ha denunciado “la omisión de gobiernos y partidos ante la complicidad entre criminales y autoridades”. ¿Cree que habría que inventar nuevas categorías para captar mejor esas realidades en las que las fronteras —entre criminales y funcionarios— no existen o son al menos cada vez más borrosas? ¿Podría profundizar sobre lo que llama la “zona gris”? 

Existe una zona gris de criminalidad, y es ahí donde confluyen criminales y políticos.  Independientemente de las modalidades que adopten, y que tiene que ver por el control del territorio que tenga la organización: no es lo mismo la capacidad que tiene una organización para poner ellos al presidente municipal que querer amenazar o sobornar al jefe de la de la Ciudad de México. Hay diferencias.  Pero lo que sí tenemos claro –y a eso me refería con el pacto de impunidad– es que tiene que acabar el pacto de impunidad y hay que empezar a castigar a los grandes protectores de los criminales. 

Pareciera que hay consenso en este tema, lo que sucede es que eso requiere ir a la raíz de un sistema centenario, porque este sistema se fue construyendo a partir de la prohibición. Yo lo tengo documentado. He estudiado desde 1920 la evolución del crimen en México y Estados Unidos. En México, a diferencia de Estados Unidos, el crimen tuvo la protección de los presidentes, aunque no necesariamente los criminales. Los políticos que protegían a los criminales eran los grandes políticos, entonces ahí es una decisión política, que puede ser ayudada por la difusión de investigaciones muy puntuales. Mientras, vamos avanzando. Los avances en el conocimiento sí son notables. Falta que los logremos canalizar mejor y difundir más eficazmente para poder tener un impacto mayor en la política pública, que es otra historia.

El diagnóstico del problema está hecho en términos generales. Falta afinarlo, rellenar huecos; hay aspectos que desconocemos, pero sí tenemos evidencia para armar hipótesis. En cambio lo que nos falta es que se convierta en política pública. 

¿Diría que la violencia electoral se encuentra en una suerte de centro —horizontal y vertical a nivel de intensidad— entre la violencia política y la violencia criminal por la cristalización que genera un contexto de campaña? 

A nivel local sí, definitivamente. Porque lo que nos dice la violencia electoral es que frente al control de los gobiernos locales aumentan los espacios que la criminalidad ocupa: el número de delitos, el número de actividades económicas, etc. No necesariamente quiere decir que es igual para todo el país o todos los estados, pero es un buen indicador.

¿Cuál sería la medida, la dirección o el rumbo de trabajo que le daría a Claudia Sheinbaum?

Yo lo tengo muy claro. Le pediría una reunión de trabajo con su equipo. No hay recetas, no hay una fórmula mágica que va a funcionar. Lo que se requiere es una reunión de trabajo. Yo represento una institución muy prestigiosa en México que está totalmente convencida de que la violencia es un tema legítimo de investigación académica, que es un objeto de conocimiento legítimo. Nosotros llevamos investigando sobre estos temas desde hace doce años formalmente. Entonces antes de dar un paso, queremos saber a qué está dispuesta la autoridad; porque si no, no tiene ningún sentido  discutir. Si no quieren tocar al ejército durante seis años, para qué nos metemos a hablar sobre el ejército.

Regreso a las categorías de seguridad: presidente y los militares. Para nosotros, dialogar con la autoridad tiene sentido si se puede influir en política pública.  Nosotros no somos consultores, no nos pueden contratar. Todo lo que investiguemos se va a hacer público tarde o temprano. Puede ser que, si es una autoridad, lo revisen ellos primero y discutamos qué partes no es prudente por seguridad hacer públicas. Eso se entiende. Pero lo que no podemos hacer es entregar conocimiento a cambio de dinero. Por eso lo que haríamos serían reuniones de trabajo con su equipo de trabajo para ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Pero si ellos creen que tienen el conocimiento, perfecto, para qué perdemos el tiempo. El suyo y el nuestro. 

Pero a nivel de estrategia en materia de seguridad, si la dinámica actual bajo AMLO no es viable, ¿diría entonces que tiene que haber necesariamente un cambio con Sheinbaum? 

Sí, es urgente. Lo que tenemos no funciona. Debe haber un cambio con el nuevo gobierno. La dinámica federal en estos momentos no es viable; puede ser viable en estados, pero no a escala federal. 

De hecho, los acuerdos de seguridad entre México y Estados Unidos tampoco son viables. Tienen que revisarse. Pero eso corresponde al futuro. Para eso hacemos investigación aplicada: generamos conocimiento para la acción para un cambio, un cambio en la manera de pensar en el gobierno, para cambiar el relato. Necesitamos poder dialogar con la autoridad porque el Colegio de México es una institución pública de Estado para cambiar políticas públicas. Con la llegada de una nueva presidenta se debe aprovechar. 

Nuestro conocimiento lo están utilizando ya gobiernos estatales, congresos, Poder Judicial, es decir, quienes sí están interesados en nuestros términos.  Por ejemplo, la investigación que hicimos para la ciudad de México fue auspiciada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ella conoce la investigación, y se la vamos a presentar —a ella o a su equipo— en las próximas semanas. 

¿Había un candidato o una candidata que tenía un mejor programa en términos de seguridad?

No, eran todos muy generales. Pero es natural; una campaña no se presta para tener diálogos como este que estamos teniendo. El candidato no tiene mucho tiempo para dedicarle a un académico. Lo que el candidato tiene que conseguir en esta secuencia es votos. 

Luego, veremos. Nosotros aquí estamos y difundimos el conocimiento a quién quiera. Conversamos con los equipos y lo seguiremos haciendo. Pero, de nuevo, se tendrá en algún momento que transformar en política pública. Habrá que hacerlo.