Acabar con la Europa de los escándalos: 7 propuestas para proteger nuestra democracia antes de las elecciones

Este texto, que aparece en todas las ediciones de la revista, también puede leerse en inglés, en la serie de policy papers del Groupe d’études géopolitiques. Para apoyar nuestro trabajo, si te es posible, suscríbete al Grand Continent.

Un año y medio después de que estallara el escándalo Qatargate, las autoridades checas y belgas afirmaron recientemente haber desmantelado una importante red de influencia que difundía propaganda pro-Kremlin en Europa a través de políticos europeos, incluidos miembros del Parlamento Europeo. Este último escándalo confirma lo que el defensor del pueblo europeo, la subcomisión INGE del Parlamento Europeo y varias ONG anticorrupción llevan tiempo advirtiendo: los procesos de toma de decisiones que rigen la regulación del mercado único, que reúne a 450 millones de habitantes y 22 millones de empresas, están sujetos a poderosas estrategias de influencia por parte de una gran variedad de actores, entre los que ahora se incluyen Estados extranjeros —o secciones de ellos— que los utilizan a través de los canales diplomáticos tradicionales.

Sin embargo, la respuesta de la Unión Europea al Qatargate deja mucho que desear.

No sólo se ha paralizado la investigación penal iniciada por los magistrados belgas, situación que pone de manifiesto la fragilidad de la protección penal de la democracia europea, sino que la respuesta política ha sido hasta ahora muy modesta. En lugar de reconocer la magnitud de la amenaza, los responsables políticos europeos han optado por soluciones de continuidad, reformando sólo marginalmente un sistema basado en herramientas esencialmente preventivas, como las normas de transparencia, los códigos de conducta y la autorregulación a través de comités de ética consultivos. El reciente acuerdo sobre la creación de un organismo europeo para las normas éticas es emblemático de esta falta de firmeza: su misión se limita a armonizar las normas y promover una «cultura de la ética» en las instituciones de la Unión Europea, sin ningún poder significativo para investigar los conflictos de intereses ni, de hecho, ninguna capacidad para sancionar a los funcionarios públicos de la Unión que se resistan a resolverlos… Aunque en un principio la presidenta del Parlamento Europeo se había mostrado relativamente firme en sus declaraciones, el «Plan Metsola», que finalmente se adoptó como nuevo reglamento interno del Parlamento Europeo, introducía muy pocos cambios, con la excepción de una modesta medida: ahora se prohíbe a los eurodiputados reunirse con antiguos diputados que se hayan convertido en cabilderos o representantes de los poderes públicos de Estados extranjeros en los seis meses siguientes al final de su mandato. Además, la aplicación efectiva de esta nueva política es responsabilidad de un comité interno ad hoc de eurodiputados y, en última instancia, de la propia presidenta del Parlamento Europeo.

Las reacciones habituales demuestran que los responsables políticos de la Unión siguen subestimando lo que está en juego y la magnitud del problema. La prevención de los conflictos de intereses y la lucha contra la corrupción son objetivos que van mucho más allá de la protección de la reputación de las instituciones de la Unión o del proyecto europeo, como se dice con demasiada frecuencia. También están firmemente establecidos en la bibliografía académica.¹ Al fin y al cabo, todos los ciudadanos europeos son víctimas difusas de la corrupción. Un escándalo tras otro socavan la legitimidad misma de la democracia para afrontar los monumentales desafíos de nuestro tiempo: la guerra y la paz, la transición ecológica, las desigualdades sociales, etc.

En este contexto, hay que redescubrir nada menos que un renovado «arte de la separación»² entre, por una parte, el interés público europeo expresado a través del voto de los europeos y confiado a los funcionarios y, por otra, la dinámica de los grupos de presión, que debe ser objeto de un nuevo debate porque corre el riesgo de pesar de manera desproporcionada en los procesos de toma de decisiones.³

La plena aplicación de las normas de transparencia relativas a los grupos de interés y los funcionarios es el primer paso importante en esta dirección.⁴

Sin embargo, aunque su virtud democrática sea innegable, no impiden que existan conflictos de interés o corrupción, por muy bien documentados que estén. Lo que necesitamos, en cambio, es una política realmente proactiva que establezca un sistema único y completo de incompatibilidades capaz de frenar las prácticas nocivas de ejercer una actividad profesional mientras se ocupa un cargo en el Parlamento Europeo, o «pantouflage» entre los sectores público y privado.⁵

Por eso presentamos propuestas concretas como:

• prohibir a los eurodiputados emprender nuevas actividades profesionales paralelas;
• establecer un periodo de reflexión de 12 meses tras su mandato, durante el cual los eurodiputados no podrán ejercer actividades de cabildeo ante ninguna de las instituciones ni agencias de la Unión;
• penalizar a las empresas y consultorías que, a pesar de las normas, contraten a gente que haga «pantouflage», excluyéndolas de los contratos públicos;
• la creación de un órgano europeo de integridad único e independiente, con poderes de investigación, para supervisar y sancionar este nuevo conjunto de normas de integridad mediante medidas disciplinarias.

Por encima de todo, la Unión Europea debe reforzar su arsenal represivo, que brilló por su ausencia en el asunto del Qatargate. La Fiscalía Europea, que empezó a funcionar en 2021 para combatir el fraude contra el presupuesto de la Unión, no tiene competencias más allá de este ámbito específico de actuación.

Por ello, corresponde a la justicia belga llevar a cabo las investigaciones, cuando no es la democracia belga la que ha sido burlada en este caso. Ante la extrañeza de la situación, es necesario preparar la ampliación de las competencias de la Fiscalía Europea para perseguir las infracciones penales contra los intereses democráticos de la Unión.

Por ello, presentamos una serie de propuestas en este sentido:

• la adhesión de la Unión Europea al Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) para permitir una evaluación externa e independiente de las normas y prácticas de la Unión;
• la adopción de una directiva europea sobre la protección de los intereses democráticos a través del derecho penal, que establezca un sistema completo de delitos penales contra la integridad de los funcionarios de la Unión;
• la ampliación de las competencias de la Fiscalía Europea a los delitos penales contra los intereses democráticos de la Unión.

Aunque hay que reconocer que no existe una solución milagrosa para un mal que tiene profundas raíces políticas y económicas, ahora es crucial que los candidatos al Parlamento Europeo aborden este problema urgente y consideren el nivel de protección que los ciudadanos de Europa queremos dar a los procesos democráticos de toma de decisiones de la Unión.