El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, que se inaugura el jueves, es otra oportunidad para debatir el Pacto sobre Migración y Asilo, antes de la reunión del Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno del 26 de octubre.
- En particular, los ministros debatirán sobre lo que el Consejo denomina la «dimensión exterior de la migración», que se ha convertido en uno de los pilares del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, a falta de un acuerdo sobre la versión del mecanismo de solidaridad presentada inicialmente.
- En el contexto de la reforma del asilo, uno de los puntos en los que más se ha avanzado es también uno de los más controvertidos del Pacto: el principio de asociación con terceros países en la gestión de la migración.
- El 16 de julio, la Unión firmó un acuerdo con Túnez que prevé el pago de 105 millones de euros para el control de la migración.
- El acuerdo celebrado en 2016 con las autoridades marítimas libias es denunciado periódicamente por organizaciones no gubernamentales. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también ha afirmado en un informe que las autoridades marítimas libias interceptan a los migrantes «en condiciones peligrosas y los detienen en condiciones inhumanas después de llevarlos a tierra».
- Al parecer, la Unión Europea mantiene ahora conversaciones con Egipto y Marruecos para celebrar acuerdos similares. La cuestión de la repercusión en estas negociaciones del conflicto entre Israel y Palestina -y las consiguientes posiciones diplomáticas de la Unión y los terceros países afectados- sigue sin resolverse.
El Consejo brindará la oportunidad de informar a los ministros de la marcha de los debates sobre el Pacto en el Parlamento Europeo.
- Los embajadores de los Estados miembros llegaron a un acuerdo el 4 de octubre sobre la última sección del Pacto, dedicada a las crisis de la futura política europea de migración y asilo, cuyo objetivo es dotar a los 27 Estados miembros de herramientas jurídicas para reaccionar ante situaciones de «crisis» y «fuerza mayor».
- La Comisión, que presentó el Pacto en septiembre de 2020, se ha fijado como objetivo adoptarlo en febrero de 2024, antes de las próximas elecciones europeas de junio.
