Tras derogar las reformas de 2013 que recortaron las prestaciones de los pensionistas, el gobierno socialista de Pedro Sánchez pedirá este jueves al Parlamento que apruebe una nueva batería de reformas.
- El proyecto de reforma de 2013, puesto en marcha bajo el mandato de Mariano Rajoy (Partido Popular, conservador), introducía mecanismos que limitaban el pago mensual de las pensiones cuando el sistema era deficitario, y también preveía reducir las prestaciones a medida que aumentara la esperanza media de vida.
- Las reformas, que debían entrar en vigor en 2019, nunca llegaron a aplicarse. El Parlamento votó su abolición en 2021, aunque el Partido Popular se opuso a la decisión.
- Como resultado, las pensiones españolas se mantuvieron indexadas a la inflación, subiendo un 8,5% en enero, más que los ingresos de los trabajadores asalariados (en torno al 3%). La pensión media es de 1.166 euros al mes y la máxima de 4.495 euros.
Las presiones demográficas sobre el sistema actual son fuertes: según el Instituto Nacional de Estadística, España tiene tres personas en edad de trabajar por cada pensionista; en 2050, esta proporción será de sólo 1,7 a uno.
- La razón de este fuerte descenso es que la esperanza media de vida en España, de 83 años, es una de las más altas del mundo. Además, la península experimentó su baby boom más tarde que otros países europeos.
- La natalidad no aumentó hasta finales de los años 1950, con el desarrollo económico, tras un retraso debido en parte a la política aislacionista del régimen franquista. Los primeros baby boomers españoles están ahora en el umbral de la jubilación.
- En España, la edad mínima para percibir una pensión completa es de 65 años desde hace varias décadas. La pensión media asciende al 80% de los ingresos netos medios, por encima del 74% de Francia y del 62% de media de la OCDE.
El país tampoco ha fomentado el desarrollo de un mercado privado de pensiones competitivo o de planes patrocinados por las empresas, como puede ser el caso en Estados Unidos; la carga de las pensiones sobre el presupuesto estatal es mayor.
- La parte de la financiación de las pensiones en el presupuesto para 2023 es del 13,6%; según los cálculos del gobierno, la aplicación de las reformas podría ahorrar más de un punto del PIB.
- La semana pasada, la Airef, el organismo independiente de control fiscal de España, afirmó que las reformas no serían rentables y aumentarían el déficit presupuestario en un 1,1% del PIB para 2050; la deuda pública española se sitúa actualmente en torno al 116% de su PIB.
En lugar de aumentar la edad de jubilación o reducir las pensiones, el proyecto de ley pretende financiar las pensiones mediante el aumento de las cotizaciones de trabajadores y empresarios. Las cotizaciones serían progresivas y afectarían sobre todo a las rentas más altas.
- La CEOE, principal organización patronal española, se opone a estas medidas, denunciando el aumento de las cotizaciones patronales a la Seguridad Social; también argumenta que los trabajadores más jóvenes no recibirán un trato justo, al tener que trabajar más tiempo y pagar más para recibir las mismas prestaciones que los actuales pensionistas.
- Los dos principales sindicatos de trabajadores, UGT y Comisiones Obreras, firmaron el miércoles 15 de marzo un acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez sobre el proyecto. El acuerdo sobre el periodo de trabajo que se tiene en cuenta para el cálculo de las pensiones obtuvo el apoyo de Unidas Podemos.
La reforma es un compromiso que el gobierno adquirió como parte de su plan de recuperación tras la pandemia. Se espera que el país reciba un total de 140.000 millones de euros, la mitad en transferencias directas y la otra mitad en préstamos.
