• Desde principios de año, el precio del combustible ha subido un 47%, costando actualmente 1,37 dólares por litro, mientras que la inflación alcanzó el 4,2% en mayo y el desempleo afecta al 10% de la población1. El gobierno panameño justifica estos precios por la pandemia de Covid-19 y las consecuencias de la guerra en Ucrania, negándose a reconocer los problemas estructurales del país.
  • Las protestas llevaron al presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, a congelar los precios de los combustibles el lunes. Ahora está estudiando un decreto para reducir el precio de varios productos de primera necesidad. A partir de hoy, el precio del galón de gasolina (3,78 litros) bajará de 5,17 a 3,95 dólares. Sin embargo, estas medidas han sido consideradas insuficientes por los sindicatos que respaldan las protestas. Además de las protestas callejeras, el bloqueo de las principales carreteras para el transporte de mercancías ha provocado desabastecimiento en Ciudad de Panamá, la capital del país.
  • La población denuncia los excesivos sueldos de las autoridades y el aumento de los gastos del Congreso. En un intento de aliviar las tensiones, Laurentino Cortizo organizó una mesa redonda en la ciudad de Santiago de Veraguas, pero no se llegó a ningún acuerdo. La Alianza Popular Unida por la Vida y la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado se negaron a participar en la mesa redonda, sin acordar previamente los términos de la reunión2.
  • A pesar de su economía dolarizada y sus altos índices de crecimiento económico, Panamá tiene uno de los índices de desigualdad más altos del mundo y unos servicios sanitarios y educativos infradotados3. Los grupos indígenas del oeste de Panamá, que se encuentran entre las regiones más pobres del país, se unieron a la protesta de los profesores, al igual que los obreros.
  • La crisis de Covid-19 agrava los problemas estructurales de los países latinoamericanos. La crisis ha golpeado con fuerza los centros de vida de la economía sumergida y ha provocado una destrucción masiva de empleo. Hoy, la crisis económica y social de Panamá permite repensar en profundidad el sistema estructural del país para lanzarlo a un nuevo modelo de desarrollo. Por ejemplo, ahora es necesario que el país busque mecanismos que permitan al Estado apoyar el acceso cualitativo a la sanidad pública, así como programas ambiciosos de educación.
  • Para luchar contra la corrupción, también es necesario que el país desarrolle instituciones públicas eficaces. Para José Antonio Ocampo, «el control a la evasión y elusión de impuestos es también un elemento esencial. En este campo, fuera de políticas nacionales más efectivas, es necesario participar activamente, y con posiciones latinoamericanas conjuntas, en las negociaciones internacionales en curso que tienen lugar en el Marco Inclusivo de la OCDE sobre la erosión de la base tributaria y el desplazamiento de las utilidades de las empresas hacia territorios con niveles de tributación bajos o nulos.»