Un ciclo electoral en democracias fatigadas

El último ciclo electoral de América Latina que se inicia en 2018 aporta una novedad interesante a la política de la región desde que se asentó la democracia de manera generalizada cuatro décadas antes coincidiendo con el momento que Samuel Huntington definió como “la tercera ola”. En efecto, se trata de la generalización de la alternancia política. Así, quince países han registrado cambios en las fórmulas partidistas que sustentaban a sus gobiernos abriéndose paso fuerzas opositoras. La excepción han sido Nicaragua y Venezuela que han visto deteriorarse de manera dramática su calidad de la democracia hasta instalarse en el autoritarismo de Daniel Ortega y de Nicolás Maduro, y Paraguay donde se mantiene la hegemonía del Partido Colorado. 

Este escenario de alternancia radical, que en alguno países se ha hecho crónico hasta convertirse en la nota definitoria de su política como es el caso de Perú, Guatemala y Panamá, viene acompañado de tres fenómenos: la mayor fragmentación de la representación política que se complica con la puesta en marcha de alianzas por doquier entre fuerzas políticas que a veces son disímiles; el incremento de candidaturas centradas fundamentalmente en individuos (Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obrador en México y Nayib Bukele en El Salvador); y, en el seno unánime de esquemas presidencialistas, una compleja relación entre gobiernos y parlamentos con escenarios que dificultan la gobernabilidad fruto de los dos factores anteriores, pues de hecho solamente en México, El Salvador, Panamá y República Dominicana (además de las dos ya citadas excepciones no democráticas de Nicaragua y Venezuela) los ejecutivos cuentan con asambleas legislativas en las que se encuentran en una situación mayoritaria. 

En términos ideológico-programáticos, por otra parte, los gobiernos surgidos de las urnas, en el cada vez más impreciso eje izquierda-derecha, se escoran hacia la izquierda, algo que se ha acelerado más recientemente. Los comicios celebrados a finales de 2021 en Chile y en Honduras así lo ponen de manifiesto. Aunque pareciera que quisiera repetirse el panorama de hace veinte años en lo que vino a denominarse “el giro a la izquierda” con la incorporación previa a esa tendencia de México, Argentina, Bolivia y Perú, hay al menos dos características que los diferencian: no existe el liderazgo regional que entonces protagonizó Hugo Chávez con propuestas aglutinadoras y capaz de impulsar un relato homogeneizante; y hoy es historia el momento económico que supuso el boom de las materias primas que posibilitó un estallido del gasto público.

El incremento de la inseguridad ciudadana, así como de los casos visibles de corrupción, contribuyó a degenerar las relaciones de convivencia afectadas por el incremento de la pobreza y los clamorosos niveles de desigualdad.

Manuel Alcántara sáez

Paralelamente, el panorama venía siendo el de unas democracias fatigadas como consecuencia, no solo de la crisis de la representación ya señalada más arriba, sino también de la desconfianza rampante existente en el seno de la sociedad frente a prácticamente todas las instituciones. Además, se registra una notoria minusvaloración de la democracia como régimen político puesto que en apenas una década perdió diez puntos en las preferencias ciudadanas promedio de América Latina pasando del 67% al 57%. Por otra parte, el incremento de la inseguridad ciudadana, así como de los casos visibles de corrupción, contribuyó a degenerar las relaciones de convivencia afectadas por el incremento de la pobreza y los clamorosos niveles de desigualdad. Estos factores, especialmente, los dos últimos, pero también en lo referido a la evaluación de la acción gubernamental, se han visto potenciados por la crisis de la COVID-19 en todo el continente cuyos países llegan a acumular las cifras de entre las más altas de letalidad del mundo en proporción al número de habitantes (como son los casos de Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay y México con más de 2.300 fallecidos por millón de habitantes), así como el profundo stress en su ya de por sí precario sistema de salud.

En este estado de cosas, el año de 2022 se presenta como un momento intermedio entre ciclos electorales pues solamente tres países latinoamericanos tienen prevista la celebración de comicios presidenciales y legislativos. Sin embargo, el hecho de tratarse del primero y del tercero en términos demográficos (Brasil y Colombia) y del que tiene una continuada tradición más democrática (Costa Rica) hace que sus citas electorales reviertan de un interés notorio. Por otra parte, Perú, que ha tenido cuatro presidentes en los últimos cuatro años, pudiera abrir en cualquier momento un proceso electoral legislativo o incluso presidencial como consecuencia, bien fuera de la posibilidad constitucional de disolución del Congreso o de la apertura también constitucional de un juicio de vacancia presidencial a Pedro Castillo.

Además, Uruguay y México se van a enfrentar a la realización de sendos plebiscitos que llevarán próximamente a su ciudadanía a las urnas en consultas de ámbito nacional. En Uruguay, el 27 de marzo próximo se desarrollará a petición popular un referéndum abrogatorio sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que representa la piedra angular del gobierno de coalición entre los dos partidos tradicionales (Blanco y Colorado) del presidente Alberto Lacalle Pou aprobada por el parlamento al inicio de su llegada a la presidencia a comienzos de 2020 justo en vísperas del arranque de la pandemia. En México, el presidente López Obrador va a someter a las urnas el 10 de abril su continuidad en una consulta popular de revocatoria de mandato cumpliendo de esta manera una promesa de su campaña electoral en clave notablemente populista por cuanto que es insólito que una consulta de este tipo la convoque el incumbente como si se tratara de una moción de confianza.

El año de 2022 se presenta como un momento intermedio entre ciclos electorales pues solamente tres países latinoamericanos tienen prevista la celebración de comicios presidenciales y legislativos. Sin embargo, el hecho de tratarse del primero y del tercero en términos demográficos (Brasil y Colombia) y del que tiene una continuada tradición más democrática (Costa Rica) hace que sus citas electorales reviertan de un interés notorio.

Manuel Alcántara sáez

Costa Rica

Costa Rica ha celebrado sus elecciones legislativas y la primera vuelta de las presidenciales el 6 de febrero. En un escenario que contó con el mayor número de candidatos presidenciales en su historia (25) el electorado ha revalidado las tendencias que empezaron a asentarse a principios del presente siglo en torno a la desaparición del bipartidismo imperante desde 1949, la fragmentación del sistema de partidos y la consiguiente debilidad gubernamental como consecuencia de su incapacidad de alcanzar mayorías parlamentarias estables. Complementariamente, el abstencionismo continúa su tendencia al alza habiéndose registrado en estos comicios una tasa ligeramente superior al 40% la mayor en primera ronda en seis décadas. La Asamblea Legislativa de Costa, que es la más pequeña de América Latina, está compuesta por 57 escaños. De acuerdo con datos provisionales estará integrada por seis formaciones políticas. Los dos partidos tradicionales, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana contarán, respectivamente, en torno a 19 y 12 escaños siendo seguidos por el Partido Progreso Social Democrático (9 escaños), el Partido Nueva República de carácter evangélico (6), el Partido Liberal Progresista (6) y el Frente Amplio (5). El Partido Acción Ciudadana, que ha ocupado las dos últimas presidencias de la república con Luís Guillermo Solís y Carlos Alvarado y que contaba con 10 escaños en la Asamblea Legislativa saliente, no tendrá representación legislativa alguna, siendo, por consiguiente, un caso más de partido en el poder que prácticamente desaparece.

En cuanto a las elecciones presidenciales al no haber alcanzado ninguna candidatura el umbral del 40%, algo que ya había sucedido en las elecciones de 2014 y de 2018, deberá celebrarse una segunda vuelta el próximo 3 de abril entre los dos candidatos más votados, cuya concentración del voto ahora apenas supera el 44%. José María Figueres Olsen del Partido de Liberación Nacional y Rodrigo Chaves Robles del Partido Progreso Social Democrático se confrontarán en un escenario insólito. Mientras que Figueres Olsen de 67 años que ya fue presidente entre 1994 y 1998 obtuvo el 27,3%, y Chaves Robles de 60 años, ministro de Hacienda por un breve periodo en el gobierno anterior, alcanzó el 16,7%. Atrás, con el 14,8%, quedó Fabricio Alvarado líder evangélico del Partido Nueva República que ya perdió la segunda vuelta de las elecciones de 2018. Para la segunda vuelta, Chaves Robles, que ha militado en tres partidos políticos en los últimos tres años, se presenta con la imagen de ser un actor transformador con gestos de anti política ante la figura clásica de Figueres Olsen, hijo de una figura prominente del país y presidente en tres ocasiones, un aspecto que no es seguro que le dé rédito ante el electorado costarricense donde tiene un índice de rechazo que supera el 40%. En cualquier caso, volverá a hacerse imponderable la compleja búsqueda de una coalición gubernamental que, en principio, parece tenerla más complicada Chaves en el caso de que ganara en la segunda vuelta dada su menor experiencia entre la clase política tradicional, así como el reducido número de diputados con que inicialmente cuenta. ¹

Colombia

Colombia ofrece una peculiaridad institucional interesante derivada de la circunstancia de que sus elecciones se celebran en fechas separadas. Sin tratarse de un lapso tan grande como el que se registra en El Salvador como consecuencia de que el Poder Ejecutivo es elegido cada cinco años y el Legislativo cada tres, ni el que se da en México donde únicamente coinciden ambos comicios cada seis años o en Argentina cada cuatro (en ambos países hay elecciones legislativas intermedias), en Colombia las elecciones legislativas preceden tres meses a las presidenciales. Esta circunstancia hizo tradicionalmente que aquellas fungieran de primarias de las presidenciales. Si históricamente esta fue una práctica informal en la actualidad el proceso denominado de consulta interna ha quedado institucionalizado. Por consiguiente, el 13 de marzo la ciudadanía colombiana ha sido convocada a las urnas para elegir la Cámara de Representantes y el Senado, así como dirimir entre diferentes precandidaturas para la presidencia de aquellas agrupaciones que lo deseen. Más adelante, el 29 de mayo, se celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

En un país fuertemente presidencialista donde la reelección presidencial está prohibida, el arrastre de la contienda por el ejecutivo es primordial. Desde las anteriores elecciones de 2018 el candidato perdedor entonces, el líder de la izquierda Gustavo Petro, que por primera vez en la historia del país logró que las fuerzas progresistas superaran el listón del 40%, encabeza con claridad las encuestas que auguran su presencia en la segunda vuelta como uno de los dos candidatos más votados. Su pasado guerrillero y sus supuestos vínculos con Venezuela son el gran argumento que enarbola la derecha en la que sigue manteniendo un predicamento importante el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) cuyo partido, el Centro Democrático, ya ha elegido a su candidato presidencial mediante una encuesta, Óscar Iván Zuluaga. 

En la lógica de configurar alianzas con posibilidades de éxito y que además cubran el espectro político la fuerte atomización del sistema de partidos colombiano con una fuerte impronta individualista ha constituido tres grandes bloques: la Coalición Centro Esperanza, donde tienen preminencia Alejandro Gaviria (exministro con el presidente Juan Manuel Santos -2010-2018-) y Sergio Fajardo (exalcalde y exgobernador y tercer candidato presidencial más votado en 2018), competirá con el Pacto Histórico por Colombia, de izquierda donde Petro competirá con otros cuatro rivales que tienen posibilidades muy escasas, y el Equipo por Colombia, a la derecha, confrontándose tres exalcaldes de Barranquilla, Bogotá y Medellín con otros dos pretendientes.

Las tres alianzas, como se ha señalado, mantienen viva la alta fragmentación del sistema de partidos de manera que la misma se trasladará al Congreso. Además, en las elecciones de marzo se dirimirán las candidaturas presidenciales ganadoras. A ellas se sumarán otras dentro de las cuales hoy aspiran una veintena. Los sondeos de opinión pública señalan con mayores posibilidades a sumarse a las que salgan ganadoras de la consulta las de Rodolfo Hernández, anterior alcalde Bucaramanga, y la de Ingrid Betancourt, candidata en las elecciones de 2002 que fue secuestrada por la guerrilla durante seis años y que ha pasado la mayor parte del tiempo desde su liberación fuera del país, pero que sigue siendo una indudable referencia en el país.

Hernández representa una imagen muy consolidada en Colombia y en otros países de la región. Se trata de un empresario exitoso que entró en política habiendo cumplido 70 años sin capital político y manteniendo un cierto discurso lleno de ambigüedades cuyo denominador común es el cuestionamiento de las formas tradicionales de hacer política. Por otra parte, ha anunciado que su campaña electoral la va a realizar fundamentalmente de modo virtual apoyándose sobre todo en las redes sociales, algo de lo que hay un precedente regional en las últimas elecciones chilenas en las que el candidato Franco Parisi sin pisar el país alcanzó el 12,80% de los votos quedando en tercera posición.

En las elecciones de marzo en Colombia se dirimirán las candidaturas presidenciales ganadoras. A ellas se sumarán otras dentro de las cuales hoy aspiran una veintena.

Manuel Alcántara sáez

Brasil

En cuanto a Brasil, sus comicios tendrán lugar el próximo 2 de octubre para elegir presidente y vicepresidente y el Congreso Nacional. Si bien hasta el 15 de agosto no deberán cerrarse las candidaturas, en la actualidad hay once postulaciones provisionales configuradas por candidaturas de políticos con experiencia y otras por personajes de nuevo cuño como es el caso del juez Sergio Moro con Podemos que fue durante menos de dos años ministro de Justicia y de Seguridad Pública en el gobierno de Bolsonaro y anteriormente el más preclaro perseguidor de la corrupción registrada durante los periodos en el poder del Partido de los Trabajadores (PT) con Lula y Dilma Roussef. En un escenario de fuerte polarización que ha dominado la escena política del país desde el comienzo del siglo los sondeos de opinión pública estiman que la liza final enfrentará al actual presidente, Jair Bolsonaro, con el expresidente Lula Da Silva (2002-2010). De esta manera se produciría la confrontación que la Justicia impidió en 2018 al proscribir la candidatura de Lula.

Brasil se ha venido caracterizando en los últimos treinta años por desempeñar una forma de presidencialismo parlamentarizado al tener el mayor de los índices de fragmentación partidista lo que lleva a la formalización de coalizaciones que no siempre son estables. Además, el presidente Bolsonaro ejemplifica el caso de un político avezado que, sin embargo, es ajeno a la vida partidista militante. Hace apenas dos meses se ha afiliado al Partido Liberal (PL), una fuerza de derecha exponente de la llamada “vieja política”, con el cual deberá convivir el último año de su mandato para intentar la reelección. Lo irónico, pero a la vez un reflejo de la compleja situación federal en que se mueve el país es que en algunos estados el PL es aliado del PT. Bolsonaro que estaba sin afiliación desde que rompió en 2019 con el Partido Social Liberal (PSL), por el cual fue electo en 2018, estuvo afiliado a cinco partidos y no logró en 2020 reunir las firmas suficientes para fundar Alianza por Brasil, como había impulsado junto con sus hijos.

Así las cosas, la política en América Latina a lo largo de 2022, al menos en su frente electoral, se encuentra en un año de impasse que, no obstante, puede tener un impacto significativo si los candidatos de izquierda Petro y Lula alcanzaran la presidencia en Colombia y Brasil impulsando una dinámica continental que sería diferente a la de hace veinte años. También esta situación podría contribuir a revertir el estado de democracias fatigadas en que se encuentra la región en la medida en que se mitigue el escenario de desconfianza institucional rampante, así como otros factores que han devenido estructurales como la desigualdad, la corrupción y la inseguridad.