Transición y transformación en Chile, una conversación con la nueva ministra Maisa Rojas

La expectativa alrededor del gobierno del que usted formará parte se debe en gran parte a que el gobierno de Boric cristaliza los reclamos del estallido de 2019 y parece tener toda la intención de darle respuestas. Los principales análisis parecen explicar el descontento con el modelo de desarrollo chileno. ¿Qué tiene para aportar en ese sentido la pata ambiental en un modelo de desarrollo que dé respuesta a la multidimensionalidad de las crisis que enfrenta Chile? 

Efectivamente, esa es la gran pregunta. El Ministerio de Medio Ambiente, dentro de la institucionalidad chilena, es relativamente nuevo. Tiene poco más de diez años. Como toda institución nueva, se ha ido haciendo un espacio de a poquito y ha tomado un rol más protagónico, pero evidentemente es de los Ministerios menores. No es de los grandes Ministerios. Cuando el Presidente electo dice que este va a ser un gobierno feminista y ecologista, uno tiende a creer que, en este caso, sí va a jugar un rol más protagónico. Y yo entiendo que, al invitarme a formar parte del gobierno, ese será mi rol: llenar de contenido ese significado. Esto da pie para creer y comenzar esta transición y esta transformación. A mí me gustan los dos términos: transición y transformación. Hay un norte, fijado desde la firma por parte de Chile del Acuerdo de París, que es el compromiso de carbono neutralidad. Eso ya es en gran medida un nuevo modelo de desarrollo. Sus implicaciones son primordiales para ese modelo de desarrollo. Si a eso sumamos además lo que implica afrontar la crisis ecológica, el cambio será profundo para Chile.

En muchos países, se manifiesta claramente un conflicto de intereses entre las carteras de Economía, Energía, Desarrollo Productivo y Medio Ambiente. ¿Cómo se puede garantizar la transversalidad del enfoque climático desde el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Con qué alianzas? 

Alianzas: esa es la palabra clave. Esto no se hace solo. El trabajo en torno al cambio climático debe ser transversal. Eso significa que la sensibilidad, el entendimiento, debe permear a todo el resto de los Ministerios. Creo que hay un trabajo bien adelantado con el Ministerio de Energía. En la actualidad, ambos Ministerios trabajan muy bien, y con el de Ciencia también. Y creo que va a seguir siendo así. Las dos agendas están bien relacionadas. 

Sin embargo, esto que diré es algo que ya he dicho un par de veces, incluso mucho antes de que yo me imaginara de que iba a estar sentada en marzo en el Ministerio de Medio Ambiente. De hecho, la primera persona a la que se lo escuché decir fue Nicholas Stern, el economista británico que trabaja sobre estos temas. Vino hace muchos años a Chile y lo recibieron en el antiguo Congreso, con el Presidente del Senado. Allí estaban el Ministro de Ambiente y el Ministro de Energía. Él dijo que le parecía fantástico, pero que faltaba en la mesa era el Ministro de Hacienda. Cuando uno empieza a querer implementar todas estas transformaciones, es evidente que el Ministro de Hacienda debe estar alineado con esto, que debe tener esa sensibilidad y entender que la crisis climática es un problema de desarrollo. Sin embargo, los Ministros de Hacienda están en general más preocupados por el corto plazo. Ese largo plazo es más difícil de ver. Eso será una tarea importante. Hay otros Ministerios también: Agricultura, Economía, Desarrollo Social. La verdad que a mí me gustaría trabajar muy estrechamente con todas y todos. 

Desde su experiencia en la COP25 como líder del Comité Científico, ¿cuál es su análisis sobre los compromisos incumplidos por los países del Norte en términos de financiamiento? ¿Qué esperanza hay cuando se habla de cifras de billones de dólares mientras los países del Norte no son capaces siquiera de juntar los 100.000 millones de dólares? ¿Cómo avanzar?

Es una buena pregunta. Yo estuve en la COP25 y sinceramente… Son negociaciones muy complejas, pero más allá del tejemaneje de una negociación entre 200 países cuya historia es larga, a mí me parece muy contraproducente que los países desarrollados no cumplan con su parte del trato. ¿Cómo puedo exigir algo si luego no cumplo con la parte del trato con la que yo me había comprometido? Creo que lo que produce es un nivel de desconfianza considerable y, para los que realmente no quieren acción climática, una muy buena excusa para no hacer nada. No ayuda a que avancemos en todo lo urgentemente que tenemos que avanzar.

A nivel internacional, ¿cuáles cree que pueden ser los aliados de la agenda climática chilena o incluso también de la agenda climática latinoamericana?

Me da la impresión de que existen varias agendas climáticas latinoamericanas, de que no existe una. Usted mismo lo ha dicho: no muchos países han entregado su estrategia. Para una buena parte de los países latinoamericanos, la parte de la mitigación no es una prioridad. Este es un continente que, por tener en común un alto nivel de vulnerabilidad, está más bien interesado y ocupado en levantar la agenda de adaptación. En cuanto a la parte de mitigación, para Chile algo que fue por mucho tiempo un lastre ahora es casi como una bendición: no tener combustibles fósiles. Chile no tiene ni petróleo, ni gas; carbón tuvo un poquito en algún momento. Es entonces muy distinto, desde esa perspectiva, que en el caso de otros países, donde sí los hay y donde es mucho más difícil decidir guardarlo bajo tierra, cerrar esa llave e irse de lleno hacia las energías renovables. 

Para mí, una transición justa, una acción climática justa implica en el caso de la mitigación que los que están más atrasados sean los primeros en recibir los beneficios de las medidas que se van a implementar. El llegar a ser un país carbono neutral es un beneficio evidentemente global por el cambio climático, pero que trae beneficios económicos, sociales y ambientales a nivel nacional. Sin embargo, para eso hay que hacer un montón de inversiones iniciales. No es un camino fácil de tomar. Ahí es donde los países desarrollados tienen que ayudar a los países en desarrollo, por el principio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de responsabilidad compartida pero diferenciada y para que puedan transitar más bien antes que después. Porque si nos subimos después, siempre vamos a estar en desventaja y esas desigualdades históricas se van a seguir manteniendo.

¿Cómo se puede lidiar con esta tensión entre mitigación y adaptación? Justamente en un momento en el que el financiamiento climático no está llegando, ¿qué tipo de medidas se deben priorizar? 

En el caso de Chile, como ya dije, lo que fue muchos años pobreza, hoy es una suerte, porque nos permitió avanzar en energías renovables de manera mucho más rápida. No se trataba de dejar de lado uno para enfocarnos en el otro, sino que ese otro no lo teníamos. En el caso de otros países donde hay un potencial de energía renovable similar, la decisión es clara: cerrar la llave del gas. 

Creo que lo que debe hacerse es priorizar medidas que tengan un triple impacto: en la agenda climática, en empleo y con beneficios sociales muy claros rápidamente. Cuando uno hace un balance entre qué es lo que conviene o no, debe incorporar esos criterios en la toma de decisión.

Con la agenda climática parece que está más claro por donde se podrían encontrar estas respuestas de triple impacto. ¿Qué sucede con la crisis de biodiversidad? ¿Chile tiene estrategia de biodiversidad? ¿Cómo piensa abordar la cuestión? 

El proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es un proyecto que va a tener prioridad para mí a partir de marzo. Lleva como 10 años en el Congreso. Es una pieza muy importante de la institucionalidad ambiental que falta. Es la última pieza que falta. Definitivamente le vamos a tener que poner mucha energía para que eso salga.

La crisis climática y la crisis de biodiversidad son dos crisis que están relacionadas. En la primera, la agenda internacional se ha establecido de manera mucho más clara; la de biodiversidad está relacionada en el fondo con la manera en la que nos relacionamos también con nuestro entorno, con el medio ambiente y cómo se ha ido expandiendo la interacción humana sobre el planeta. Sinceramente, me dejó muy impactada el informe del IPCC del 2019, Climate Change and Land, que dice que hemos intervenido en más del 70% de la superficie terrestre. Eso es muchísimo. Y si bien somos muchos humanos, simplemente no es viable que no entendamos que somos parte de un ecosistema, que si destruimos ese ecosistema nos estamos destruyendo también.

Algunas voces señalan que para enfrentar la crisis de biodiversidad no va a alcanzar simplemente con aumentar las áreas protegidas, sino que es necesario plantear una transformación más profunda de los sistemas de producción y consumo. ¿Cómo pensar en un modelo de desarrollo que dé respuesta a las múltiples crisis ambientales y a la vez garantice derechos sociales y económicos?  

Preservar la biodiversidad requiere obviamente de áreas protegidas. Sin embargo, nosotros habitamos en gran parte del territorio y no vamos a trasladar a todos los humanos a una parte ínfima para dejar el resto del planeta sin humanos. Somos parte de la naturaleza también. ¿Cómo somos capaces de convivir con esa naturaleza de manera tal que todo funcione correctamente? 

Esto, en el caso de Chile, tiene sentido porque muchos de los conflictos están relacionados en un cierto territorio. Hay un proyecto de un desarrollo productivo, una mina, una empresa forestal, un criadero de salmones, lo que sea, y comienza un conflicto con las personas que viven ahí, porque la gente no quiere vivir cerca de un lugar que asuma todas las externalidades negativas que eso implica. Pero, por otro lado, tiene que haber actividad productiva de todas formas. Lo importante entonces es que pensemos que somos un sistema social y ecológico, y que las decisiones se deben tomar en los territorios. En países federales, las decisiones son mucho más descentralizadas. Chile es un país muy centralizado. Hay ahí un anhelo muy importante. Es parte de la agenda del Presidente y también es parte de la agenda de la Convención. Que se tomen decisiones en el territorio, con enfoque territorial, es crítico para afrontar muchos de los problemas que tenemos en el país. 

Es primordial la importancia de la participación ciudadana en estos procesos que requieren una multiplicidad de cambios inmensos. ¿Qué medidas se pueden tomar en pos del avance de la participación ciudadana en cuestiones ambientales? 

Participación es una palabra que venimos escuchando hace un tiempo ya. La buena noticia es que, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente tiene bastante claro en su ADN el hecho de que los procesos tienen que llevarse a cabo con participación. En cuanto a la calidad de la participación, diría que hay espacio para mejorarla. Tiene que ser una participación efectiva, con transparencia, con rendición de cuentas. Y tengo entendido que, si bien uno podría pensar que todavía es deficiente, el hecho de que exista no es la norma en todos los ministerios. Es algo que se debe también transversalizar. 

Una de las quejas es que muchas veces la participación es meramente un paso de información. Llega la autoridad y le pasa la información a la ciudadanía sin que realmente sea una participación o un diálogo. Por otro lado, en los procesos en los que uno tiene la posibilidad de escribir, de comentar, también se debe mejorar la rendición de cuentas de qué fue incluido, qué no fue incluido, por qué no fue incluido. Entiendo que esto es necesario, pero también es difícil responder con mucho nivel de detalle. Debe haber un esfuerzo mayor por dejar claro, darle trazabilidad al tema de la participación; decir qué fue lo que cambió, qué fue lo que no se recogió. 

Además, numerosos estudios han demostrado que la participación a veces no puede realizarse de manera efectiva porque los temas son demasiado técnicos. Hay una necesidad por parte del Estado de permitir que el diálogo sea efectivo y de que cada uno no tenga que tener un doctorado en ecología o ser un ingeniero ambiental para entender realmente sobre lo que se está hablando.

Lo que tiene que hacer Chile también es firmar el Acuerdo de Escazú, en el que justamente la participación es uno de sus componentes.

¿Cuáles cree que son las grandes herramientas que se van a poder utilizar a partir de la ratificación del Acuerdo? ¿En qué sentido cree que tiene que avanzar más la institucionalidad chilena? ¿Las instituciones que están hoy deben mejorar? 

Entiendo que se requiere una revisión, una mejora, que no ha sido fácil. Los últimos dos gobiernos han intentado reformar parte de esa institucionalidad y no lo han logrado. Es un tema que tengo que estudiar: qué es lo que sería más urgente, qué es lo que sería factible de realizar. Porque además el Congreso en Chile quedó bien fragmentado y el Gobierno no va a tener mayoría. Va a ser bien difícil. Vamos a tener que ser muy estratégicos en qué cosas intentar sacar por ley o sino por otros medios, otros instrumentos. 

En ese marco, ¿cómo ve la posibilidad de que salga la Ley de Cambio Climático?

Ahí tengo esperanzas, porque le falta muy poco. Incluso tengo un poco de esperanzas de que salga con este Congreso. Es una ley que en toda su tramitación ha tenido bastante consenso y, por lo tanto, espero que, aunque tengamos que terminar de tramitarla con el próximo Congreso, también pueda salir. 

El caso chileno es muy particular, con una de sus crisis ambientales más importantes ligadas al agua. Es el único país en el mundo cuya Constitución otorga la posibilidad de privatizar el agua. ¿Cómo ve los desafíos que va enfrentar el Ministerio respecto al agua? 

El tema del agua es un tema muy sensible. Llevamos 12 años de sequía y está afectando a mucha población rural, que ya hace años se está abasteciendo con camiones de aljibe para recibir. Y la situación es tan crítica que, en este momento, hay partes de Santiago que están a punto de entrar en racionamiento hídrico, al igual que en el caso de Valparaíso. Y aquí ya no estamos hablando de población rural, sino de la población urbana de las dos mayores urbes de Chile. 

La crisis realmente se nos está acercando a pasos agigantados. Y lamentablemente existe un diagnóstico que no es nuevo, sobre el que no se ha podido trabajar demasiado: en Chile hay 40 instituciones que tienen alguna injerencia en la gestión del agua. No hay que ser experto para darse cuenta de que eso es imposible de que funcione. ¿Tenemos el diagnóstico? Muy bien. Pero entonces hagamos algo. Hay una parte que resolverá definitivamente la Constitución, y hay otra parte que se resolverá con la sanción de leyes y otros instrumentos que habrá que aplicar. Es un ejemplo más de una institucionalidad y de una gobernanza cuyas características no están acorde a los desafíos de este siglo. Tampoco es tan extraño. Los países tienen ciertas estructuras que nos dimos en el siglo XIX y en el siglo XX, pero hay que actualizarlas. Los desafíos del siglo XXI nos están diciendo que esa actualización no puede ser de meros pequeños ajustes, sino que requieren realmente de una transformación. En el caso de Chile, eso es válido para el agua, es válido para el aire, es válido para la tierra, es válido para todos los elementos de la naturaleza. Ahí uno se da cuenta no solamente de lo transversal que es la crisis climática y la de biodiversidad, sino también lo transversal y sistémico que va a tener que ser el cambio. Y eso es un poco sobrecogedor, de repente. Ahí hay naturalmente resistencias a transformaciones tan profundas, pero hay que asumir en algún momento que esa es la realidad de los desafíos que enfrentamos. La gobernanza que tenemos no es apta ni eficaz para el siglo XXI. 

¿Qué rol juega la confianza en las instituciones en la política ambiental y qué consideraciones habría que tener en un contexto de baja institucionalidad como ALC?

Creo que es un desafío que tienen todos los Estados: tener una buena gobernanza. Me da la  impresión de que esa es una diferencia bien sustancial entre los países del Sur Global y del Norte Global, que en general tienden a tener una institucionalidad más fuerte, más reconocida y en la cual se confía. Eso es válido no solamente para los temas ambientales, sino para todo tipo de cuestión. Lo otro que también es importante es el seguimiento que se le hacen a las cosas. Se puede tener una ley, se puede decretar una medida. Sin embargo, luego hay que fiscalizar y ver que lo dispuesto está realmente sucediendo. Esos son todos desafíos muy transversales, pero que también vienen insertos en el corazón de lo que es el Acuerdo de París, que tiene este marco reforzado de transparencia. Los países tienen que reportar, monitorear y verificar que vayamos efectivamente avanzando tanto en mitigación como adaptación.