Estallido social en Cuba. El fin de la épica redentora

Después, se desató el horror. La militarización de las calles. La cacería milimétrica y coordinada. Después, llegó la barbarie, la intransigencia, la impunidad, la manipulación, el apagón de la red, el silencio. El estallido de las mayores protestas sociales en sesenta años de régimen posrevolucionario cubano ocurrió, como en estos casos, cuando se acumularon las señales, pero la chispa prendió cuando y donde nadie la esperaba. 

El Gobierno respondió —en un intento desesperado por controlar lo que sucedió debido a su gestión fallida y al descontento del pueblo al cual no escucha— con violencia excesiva y dio paso libre a una represión física que nunca se había visto en las calles cubanas. El Gobierno respondió con un llamado a la guerra civil, al enfrentamiento, al combate. Cubanos —fueren de las fuerzas paramilitares o no— abusaron de otros cubanos, les dieron con palos, los tiraron encima de camiones para basura, los agredieron —física y psicológicamente—; a un cura le dieron un batazo en la cabeza. 

Hasta ahora no hay una sola evidencia de juzgamiento contra esas fuerzas del orden que se extralimitaron en su ejercicio. Sin embargo, miles de cubanos, tanto los que vandalizaron y robaron en tiendas estatales en medio del caos como aquellos que marcharon pacíficamente al grito de «Abajo la dictadura», «Libertad» y «Abajo el comunismo» están detenidos o desaparecidos¹. El Gobierno ha dado señales de tratar a todos como una misma cosa: como participantes de un golpe blando y de la guerra no convencional de la CIA.

Todo comenzó en San Antonio de los Baños, al suroeste de la ciudad de La Habana. A través de las redes sociales, se transmitió en vivo una concentración de personas que caminaban por el pueblo, coreando consignas contrarias al modelo socialista y estatal cubano y exigiendo derechos. Era el domingo 11 de julio (11J) de 2021, cerca del mediodía. 

La noticia se esparció de manera exponencial por medio de internet. Pocas horas después comenzaban reportes de manifestaciones en otras provincias del territorio nacional. Antes de que acabara el día se contabilizaron alzamientos en más de 60 localidades cubanas. El alcance, la inmediatez, la pluralidad de los manifestantes, la consistencia, rebeldía, entusiasmo, unidad y descontento fueron algunas de las características que se podían observar en una primera mirada entre quienes se apoderaron del espacio público físico, por tantos años vetado.

Contexto inmediato de la crisis

El marco de estos sucesos es el de una severa crisis derivada del agotamiento del modelo estatista y agravada por la parálisis de las reformas económicas y otros múltiples factores. Entre estos destaca el impacto económico provocado por la pandemia, que afectó al turismo, fuente de divisas. 

La emergencia sanitaria en el país se había agravado en las últimas semanas, incluidas otras epidemias como la sarna². Cuba vivía un pico ascendente de rebrotes, contagios y muertes por coronavirus —hasta la primera mitad del mes de julio se contabilizaban 1 579 personas fallecidas y 224 914 casos positivos a la COVID-19—. Los números más alarmantes estaban focalizados en la provincia de Matanzas, donde los servicios hospitalarios e insumos estaban colapsados y agotados. En el resto de las provincias del país los casos también aumentan con reportes de infecciones que oscilan las tres cifras diarias. 

La falta de medicamentos e insumos médicos había llegado a límites precarios. La comunidad cubana en el exterior impulsó iniciativas para hacer llegar al archipiélago las medicinas más necesarias, pero el Gobierno no facilitaba los trámites burocráticos ni eliminaba los cobros excesivos de aranceles en aduana, lo que hizo de la situación una más desesperante. El Estado cubano es el único autorizado para ser receptor de ayudas y donaciones humanitarias a gran escala; a nivel individual es muy limitado el espacio y más caro los trámites. Las autoridades estatales la catalogaron como “compleja” —y recomendaron el uso de la medicina natural y tradicional como paliativo—, aunque, según las estadísticas y la densidad poblacional, clasifica como “crisis”.   

También influyó una política sanitaria que apostó todo al desarrollo de vacunas propias contra la covid-19, sin atender al resto de las condiciones –infraestructura, insumos y personal– que sostienen, en cualquier parte, la salud pública. El Estado cubano decidió no incorporarse al mecanismo internacional COVAX lo cual pudo haberles ofrecido acceso seguro y más temprano para comenzar la vacunación en el país. 

El uso de los candidatos vacunales Soberana 01 y 02, Soberana Plus, Abdala y Mambisa como especie de frente político y moneda de cambio ante las carencias visibles en el país, y el tiempo dilatado en comenzar la vacunación, eran otros de los soportes activos que pudieron empujar el estallido de las protestas pues una de las consignas que se escuchó en las calles era “queremos vacunas” —pues los ensayos clínicos y estudios de intervención que se llevaban a cabo en el país solo abarcaron a cinco provincias y al personal de la salud—. No fue hasta el 9 de julio de 2021 que el candidato vacunal Abdala obtuvo el permiso de uso de emergencia de la entidad reguladora nacional para esos propósitos.

Luego de que Cuba había cerrado sus fronteras a turistas y nacionales a inicios de la crisis pandémica en 2020, abrió el país a finales de ese año. Pero ante el ascenso de casos en 2021 volvió a restringir el acceso al archipiélago, sobre todo a cubanos residentes permanentes o emigrados; los turistas continuaban teniendo acceso. A inicios de julio de 2021 una discusión pública en redes —ya que la ciudadanía no tiene canales no mediados para plantear sus problemáticas de manera directa al poder— indicaba que el ascenso de casos en la provincia de Matanzas se debía, en parte, a cientos de turistas rusos que paseaban por esa ciudad sin mascarillas; aunque fue una presuposición que más tarde descartó el primer ministro Manuel Marrero. 

Los efectos de las sanciones norteamericanas (tanto el embargo como las medidas aplicadas por la administración Trump), la dolarización de la economía que incrementó la pobreza, la desigualdad y la escasez —en los medios de comunicación independientes y las redes sociales se reproducían reportes de filas interminables para conseguir comida—, mientras el Gobierno privilegiaba la inversión inmobiliaria por sobre el gasto social; fueron otras de las causas que engrosaron las causas del estallido. 

La unificación monetaria —que desembocó en la dolarización— y la llamada Tarea Ordenamiento que pretendía reformas económicas, se aplicaron, también, en un momento de crisis (enero de 2021) y provocaron la ampliación de las carencias y del mercado informal como protagonista real del intercambio económico en el país. En nombre de la Tarea Ordenamiento, además de unificar la moneda —supuestamente—, se aplicaron otras medidas: aumento salarial y eliminación de los subsidios. Estas últimas sucumbieron ante la subida exponencial de los precios en todos los sectores económicos y la inflación sostenida en el país.

Sin embargo, este camino a la dolarización —por tantos años sancionado en Cuba— luego de seis meses de su inicio se detuvo. El Banco Central de Cuba anunció, el 10 de junio de 2021, que suspendería de manera temporal el depósito de dólares estadounidenses. Según las autoridades cubanas, los obstáculos que impone el embargo impidieron que pudieran depositar en el exterior el efectivo recaudado. Pero se trata de una cuestión que ya sabían de antemano y que debieron prever.

El acceso a los productos de primera necesidad y alimentos básicos se hacía (hace) cada vez más complejo. Sobre todo, porque desde finales de 2019 la dirección del país —como medida económica desesperada— decidió abrir tiendas y mercados que solo venden en moneda libremente convertible (capital ficticio y virtual al que el cubano solo puede acceder si un familiar desde el exterior le envía transferencias en dólares u otras monedas). En un inicio, el ministro de Economía afirmó que se trataba de una medida temporal y que las tiendas serían limitadas, pero pronto se extendió a todo el país.

Una nueva crisis energética provocaba largas horas de cortes en el servicio eléctrico, uno de los aspectos que con mayor indignación los cubanos recuerdan de los años noventa, al inicio del llamado Período Especial en tiempos de Paz. Las autoridades quisieron ubicar en estos cortes eléctricos el único motivo por el cual los cubanos salieron a las calles y así le daban preponderancia a una situación que según ellas era temporal y se debía a limitaciones tecnológicas en las centrales de generación. 

La ausencia de políticas eficaces de apoyo al empresariado y los trabajadores coincidía con un férreo control punitivo del comportamiento ciudadano, que sufría una escalada desde noviembre de 2020, tras el encarcelamiento del rapero contestatario Denis Solís³ (9 de noviembre), los sucesos de desalojo en la sede del Movimiento San Isidro (MSI) (26 de noviembre) y la manifestación de artistas e intelectuales frente al Ministerio de Cultura (27 de noviembre⁴). Las detenciones y vigilancia domiciliarias, los cortes de internet, el acoso y la difamación en los medios del Estado, así como la apertura de procesos penales contra los que disentían, recrudecieron tanto la represión como el disgusto. 

La represión política y los procesamientos penales a la oposición —ya fuere pacífica, moderada o radical— ascendieron de manera notable desde finales de 2020; aunque estos, en la mayoría de los casos, son manejados con bajo perfil —o son tergiversados— por el Gobierno y solo se conocen a partir de las denuncias en las redes sociales. Las quejas y denuncias que presenta la sociedad civil ante organismos estatales, Fiscalía, Tribunales o el Consejo de Estado son desoídas, rechazadas o no permiten que se asienten.

A continuación, relacionamos algunos hechos de represión, castigo y violencia a quienes se oponen o disienten en Cuba que han ocurrido luego de noviembre de 2020.

1. Luis Robles fue detenido (4 de diciembre de 2020) en un céntrico bulevar de La Habana porque portaba un cartel que pedía libertad y el fin de la represión. Fue puesto en prisión provisional a la espera del juicio.
2. Agresión física contra un grupo de artistas que se reunieron en las afueras del Ministerio de Cultura, el 27 de enero de 2021, para protestar contra detenciones arbitrarias, campañas de difamación y vigilancia de la que eran víctimas⁵.
3. El destierro de la periodista cubana Karla María Pérez⁶.
4. Tania Bruguera, activista y miembro del 27N, fue acusada de instigación a delinquir, el 29 de abril de 2021, por una publicación en su perfil personal de Facebook.
5. El 30 de abril de 2021⁷ cerca de una docena de personas intentaron romper el cerco policial y acceder a la vivienda de Luis Manuel Otero Alcántara (líder del MSI) quien se había declarado en huelga de hambre luego de que agentes de la Seguridad del Estado irrumpieran en su casa y destruyeran sus obras. La prohibición del paso derivó en una revuelta que fue apoyada por otras personas que allí se encontraban y, con violencia, terminó con el arresto de esas personas. Varios de ellos se encuentran en prisión o son procesados por delitos como instigación a delinquir, desórdenes públicos o desacato.
6. El día 2 de mayo de 2021 fue extraído de su casa por la fuerza para detener la huelga de hambre en la que se encontraba y fue internado durante 29 días en el hospital capitalino Calixto García.
7. El 18 de mayo de 2021 fue detenido el rapero contestatario Maykel Castillo Pérez y conducido a prisión. 
8. El artista visual Hamlet Lavastida regresó a Cuba una vez concluida su estancia artística en Alemania. Fue arrestado (21 de junio de 2021) y está siendo procesado porque, de manera privada —comunicación que fue interceptada por la Seguridad del Estado cubano—, propuso marcar billetes cubanos con sellos alusivos al MSI y al 27N. Aunque se sabe que el activismo político de Hamlet es lo que no permite el poder.

Lo cierto es que lo sucedido el 11 de julio de 2021 en Cuba es histórico. La teoría de Alberto O. Hirshman (salida, voz y lealtad) había funcionado muy bien hasta ahora en el archipiélago; aunque el académico Rafael Rojas propone un cambio de adjetivos para la realidad cubana: obediencia, oposición y éxodo. De manera exacta así se había controlado a la sociedad civil en Cuba: haciéndola obedecer, empujándola a la disidencia o al exilio. 

Movilizaciones o protestas más o menos masivas solo se recuerdan dos. Alrededor de 10 800 cubanos llegaron a asilarse en la sede diplomática de Perú, en La Habana, el 4 de abril de 1980, luego de que una guagua derrumbara el cerco de protección del edificio y pidieron asilo político.

Allí vivieron hacinados, a la intemperie, con apenas una comida en el día; rápidamente desde las altas esferas del Estado se les calificó como delincuentes cuando no era esa toda la realidad. El Gobierno llamó a las “marchas del pueblo combatiente” para que transitaran frente a la embajada e insultaran a los asilados, así contraponían al hecho la visión de un pueblo que lo desaprobaba⁸. Fue el inicio de otra práctica que se mantuvo en el tiempo: los actos de repudio⁹. Manuel Díaz Martínez los define así:

“Tan pronto como alguien comunicaba a las autoridades que abandonaría el país, se le montaba un acto de repudio por desertor y apátrida. La muchedumbre convocada al efecto estaba autorizada a golpear a esta persona, a pasearla por las calles con sambenitos y letreros infamantes, a apedrear su casa y sitiársela con altavoces que vociferaban insultos durante horas”.¹⁰

Fidel Castro abrió el puerto del Mariel por el cual se produjo un éxodo masivo de un aproximado de 125 mil cubanos.

Una década después, el 5 de agosto de 1994, se produjo el otro “acontecimiento inconcebible hasta ese momento en Cuba: la primera manifestación anticastrista en 35 años”¹¹. El suceso sería recordado como el “maleconazo” a lo que sobrevino la “Crisis de los balseros”, cuando Fidel Castro se vio obligado a volver a abrir las puertas de escape. Una congregación de personas salió a las calles aledañas al malecón habanero tras el rumor de un posible secuestro de otras lanchas y la llegada a las costas cubanas de embarcaciones desde EE. UU (lo cual no era cierto). El escritor cubano César Leante recuerda así los sucesos:

“como pasaban las horas y nada ocurría, en su desesperación la gente abordó un remolcador atracado frente al ministerio de la Marina de Guerra. Más el barco no tenía motor y tuvieron que abandonarlo. La policía cargó entonces contra los asaltantes del barco y comenzó a golpearlos. Pero, por primera vez, la gente no se arredró ni se dispersó, sino que, por el contrario, se enfrentó a la policía y ésta tuvo que retirarse. Luego, sin que hubiera habido organización previa, sin ser dirigida por nadie, espontáneamente, la multitud marchó primero por la Avenida del Puerto, en la vieja Habana, y después por el Malecón. Gritaban consignas contra el comunismo, contra el gobierno, contra Castro, y se decían entre sí «Se jodió esto», «Ahora sí ya se acabó el socialismo», «Se cayó Fidel», pero sobre todo coreaban a voz en cuello «¡Libertad! ¡Libertad!»¹².

Minutos más tarde elementos policiales llegaron al lugar, seguidos de las Brigadas de Respuesta Rápida que propinaron golpes a la masa protestante con objetos contundentes. Según testigos y participantes, para el final del día un inmenso despliegue de policías, militares y tropas especiales lograron controlar a los más de cien mil manifestantes. Fidel se presentó en la escena horas después. En la noche ocurrieron olas represivas en las casas de los posibles protagonistas o simpatizantes con la revuelta. Días más tarde Castro permitió el éxodo y una vez más miles de cubanos se lanzaron al mar en balsas artesanales para llegar a la Florida, decenas se hundieron en algún punto de la trayectoria.

Las protestas del 11J

Regresemos a las protestas. Miles de personas, de manera pacífica, marcharon y gritaron consignas de diverso contenido social y político. Entre los manifestantes podía observarse una heterogeneidad de orígenes, edades y razas, así como una espontaneidad, deseo legítimo y creencia en lo que exigían en las calles de todo el territorio nacional. Con el avance de la tarde se produjeron enfrentamientos con las fuerzas policiales de las más disímiles variantes y las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida (secciones de cuadros y militantes del Partido Comunista), movilizadas para controlar y sofocar las manifestaciones, nunca para protegerlas. Aún se desconoce el alcance de estos acontecimientos –algunos filmados, otros no–, pero se han difundido videos que podríamos catalogar, sin ambages, como abuso policial.

La situación se agravó luego de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compareciera en la Televisión Cubana (TVC) el mismo 11 de julio. En un discurso improvisado, donde se le veía nervioso y soberbio, utilizó la retórica manida y guerrerista empleada en las primeras décadas posteriores a 1959. No hubo una palabra conciliatoria. Díaz-Canel indujo al enfrentamiento y no al diálogo o a una resolución pacífica, porque esto último hubiera significado aceptar la legitimidad de las protestas y verse presionado a escucharlas. Optó por la negación de la realidad, por refugiarse en el simbolismo falso y decadente que es incapaz de sostener el Estado y Gobierno cubanos. Luego de unos traspiés verbales, intentó catalogar y segmentar a los manifestantes en “revolucionarios”, “revolucionarios confundidos” y “contrarrevolucionarios” pagados por los Estados Unidos, mientras aseguraba que la calle era de los revolucionarios, sintagma discriminatorio y segregacionista que no debiera asomar en el vocabulario de un presidente que representa a todos los ciudadanos del país. Omitió decir que, para la hora de su alocución, las protestas ya estaban presente en casi todo el archipiélago. Según la TVC, los “disturbios” solo ocurrieron en San Antonio de los Baños. Díaz-Canel terminó su comparecencia afirmando que estaba “dispuesto a todo”, que había que pasar por encima de su cadáver y que “la orden de combate [estaba] dada”. 

Durante las protestas se vieron, también, saqueos —análogos a los que suceden durante protestas de descontentos— en las tiendas en divisas, depositarias de productos de primera necesidad y foco de la ira popular. Las personas no irrumpieron en esos establecimientos por un simple deseo de destrucción: sustraían del interior decenas de bienes y artículos a los cuales no pueden acceder porque no cobran en la moneda fuerte en que el Estado vende esos productos. ¿Alguien puede imaginar que se tratara de simple vandalismo? No: se trata de necesidad, precariedad, desesperación.

A pesar de que entre los manifestantes se escuchaban, de manera continua, llamados a actuar de forma pacífica, una vez desatada la corriente popular es imposible contener las emociones e impedir que se canalicen del modo que cada cual crea conveniente. Este elemento fue utilizado por el gobierno para afirmar que se trataba de vándalos, delincuentes y vulgares. Como si no fueran individuos creados por el propio sistema que les impide realizar sus necesidades económicas y su derecho a expresarse. 

La academia latinoamericana —en particular la progresista— se ha dedicado en fechas recientes a dar cuenta, analizar y hasta romantizar las causas y expresiones detrás de eventos similares en países como Colombia, Ecuador o Chile, países con gobiernos neoliberales donde los pobres saquearon tiendas. ¿Los juicios deben ser distintos ahí donde hay gobiernos autodenominados socialistas? ¿Cualquier comprensión y crítica no debería basarse menos en posturas ideológicas y más en comprender la situación de quienes saquean, y del sistema que les orilló a hacerlo? 

Se produjeron enfrentamientos violentos. Hay videos y gráficas que muestran personas con balazos, heridas, violentadas y golpeadas; personas desarmadas. Hay decenas de desaparecidos sin contabilizar y de los cuales no se conoce el paradero ni los cargos que enfrentarán. Hay reportes sin confirmar de personas fallecidas y hay escenas de peleas directas entre las fuerzas policiales –que también fueron agredidas– y las masas. Los medios estatales han hecho un mutis injustificable de la situación, pues decenas de videos y fotografías recorren las redes sociales de manera pública. 

El 12 de julio, Cuba entera amaneció con un corte de internet y servicio intermitente de la telefonía celular y móvil, lo cual solo puede llevar a la conclusión de que el gobierno busca, de manera intencionada, ocultar lo sucedido el día anterior e impedir posibles nuevas articulaciones. 

La tónica general de los acontecimientos ha sido la diversidad, masividad y politización de las manifestaciones. No se trata de turbas pidiendo limosnas a algún patrón, sino ciudadanos que exigen derechos a las autoridades. Se desmorona la idea de un pueblo genéticamente incapacitado, por seis décadas de castrismo, para reclamar a sus gobernantes. También el mito de una Revolución eterna, que disuelve las responsabilidades del Estado autoritario en la supuesta identificación pueblo/gobierno/partido único. Se rompe el discurso de la unicidad y la irrevocabilidad del socialismo como sistema para Cuba. 

Le queda a la dirigencia cubana apelar al fantasma de la desestabilización exterior: el mismo invocado en el 68 para criminalizar las protestas juveniles. Idéntico discurso al que usaron los trumpistas contra el movimiento Black Live Matters, el pasado año, en Estados Unidos. La diferencia radica en que en Cuba hoy, como ayer en el México priista, la mentira oficial tiene muchos canales para imponerse sobre una población desinformada y simpatizantes extranjeros. Mientras, en una democracia como la estadounidense, la apelación a la injerencia externa –como se hizo con la rusa en 2020– no basta para suspender el ejercicio a los derechos de la gente. 

No quiere esto decir que los manifestantes espontáneos de este 11 de julio llevaran bajo el brazo propuestas políticas concretas y elaboradas. Quiere decir que están en desacuerdo con el estado de cosas en el archipiélago y ello comienza por la crítica a la gestión maniquea del Estado cubano, de la economía, la pandemia y la sociedad. Esa que desde hace unas décadas se vacía de contenido y es incapaz de resolver los problemas básicos, mientras solo exige al pueblo sacrificios, resistencia y comprensión.

Las reacciones han sido impresionantes, como corresponde ante la irrupción de lo nuevo, en un lugar donde hace mucho tiempo que (supuestamente) no pasa nada. Los eventos se difunden masivamente a través de los medios y las redes sociales. Algunos Gobiernos y funcionarios apoyan al Estado cubano, otros solicitan que se escuche al pueblo y se llegue a una salida pacífica. Las imágenes y audios de miles de personas reclamando derechos en el espacio público quedarán para quien quiera verlos. Los silencios y solidaridades para con el régimen y la ciudadanía cubanos se harán, desde ahora, más visibles. Estamos en uno de esos momentos de la Historia en los que cada quién elije el bando que acompaña –y asumirá la responsabilidad de hacerlo. 

Ahora bien, representantes del Gobierno cubano comparecieron en televisión nacional el 14 de julio de 2021 y anunciaron un grupo de medidas que, en lo esencial, responden a algunos de los reclamos sostenidos por los manifestantes. Este hecho no puede verse sino como un alivio a medias, aunque es cierto, traerá beneficios inmediatos y necesarios. Pero, en ningún momento se hizo referencia a ello, salvo una tímida referencia del presidente quien aún negaba el estallido, que afirmó que existían fracturas en la atención a problemas sociales. A continuación, acotó: “No hemos podido lograr toda la transformación en barrios vulnerables y en la atención a los problemas que tienen estas personas insatisfechas, entre otras cosas, por el bloqueo”. 

Díaz-Canel también intentó suavizar la violencia con que habló en televisión el día 11 de julio y culpó a otros de haber mal interpretado sus palabras. “Han tratado de interpretar como les da la gana el llamado que yo hice a los revolucionarios a tomar las calles”, dijo. Aseguró que las narraciones en medios extranjeros y en redes sobre la realidad cubana era “absurda”.

De manera selectiva se solucionaron —en apariencia— trabas e impedimentos (“con carácter excepcional” suspendieron el límite de entrada al país de alimentos, aseo y medicamentos; aseguraron que terminarían los cortes eléctricos y que avanzaría la campaña de vacunación, entre otros). Pero, por otro lado, evitaron discutir problemas políticos que también exigieron durante las protestas, pues las personas pedían libertad, elecciones libres, deposición del presidente…  

Reflexión final

El Gobierno cubano ha construido a lo largo de décadas una aceitada maquinaria de control social, sustento de una vocación de poder total, el cual cree tener derecho de detentar a pesar de todo y por encima de cualquier realidad. Ese rechazo a la pluralidad se reflejó también en la conferencia de prensa convocada para la mañana del 12 de julio, día en el cual continuaron reportándose manifestaciones, en una escala mucho menor, porque el país fue militarizado de manera compacta. Allí no se reconoció responsabilidad alguna. Hablaron de restablecer los cortes de luz, supuesto único motivo del descontento popular, y responsabilizaron al embargo norteamericano y a la guerra no convencional de lo que sucede en Cuba hoy. 

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parilla, en otra conferencia de prensa realizada en la tarde del 13 de julio afirmó, nuevamente, que el domingo 11 de julio no sucedió un estallido social en Cuba sino “disturbios muy limitados”. Negó la violencia policial. Afirmó que los cortes de Internet no eran resultado de una estrategia gubernamental y que se debían a fallas por la ausencia del fluido eléctrico —horas más tarde en otro espacio televisivo, una periodista afirmó que el corte de internet había sido una estrategia del Estado—. Condenó al gobierno estadounidense y reiteró que el descontento popular generalizado se gestó gracias al trabajo en laboratorios mediáticos de ese país. A los manifestantes los llamó: “agentes de una potencia extranjera”, “elementos delincuenciales”, “personas vinculadas a elementos de la marginalidad”. Porque si, como dijera Brecht, el pueblo se opone a su gobierno, este se arroga el derecho a disolverlo. 

La supuesta “excepcionalidad cubana” languidece. La isla es hoy, simultáneamente, la sede de un vetusto y rígido régimen soviético, y una sociedad caribeña –diversa, desigual, pobre– afín a sus homólogas de la región y con una economía subdesarrollada, conectada de manera precaria a la globalización. Santiago de Cuba tiene hoy más en común con Santiago de los Caballeros o Santiago Atitlán que con una población del viejo socialismo real. Lo excepcional en Cuba se mantiene solo en la naturaleza de un régimen que se niega a reconocer el derecho de su pueblo, real y heterogéneo, a tener (y ejercer) derechos. Ello solo produce que se concentre más la presión, y hace posible el control de esa válvula que aprieta.

Como sucede hoy en muchos países, las personas en Cuba están cansadas de soportar el peso combinado de la pandemia, la explotación y la desidia gubernamental. De que los de arriba les esquilmen, hablando (para colmo) en su nombre. El único final feliz de estos acontecimientos sería que las autoridades acepten el reclamo de la ciudadanía, aunque, según las palabras de sus gobernantes, esta esperanza se advierte incierta. Ojalá también queden aislados cualquier llamado a la violencia popular o la intervención extranjera, que favorezcan la propaganda y represión estatales. Lo cierto es que, con independencia del decurso de los acontecimientos, no hay vuelta atrás. Cuba es otra después del 11J.