Tras pasar por la Cámara de Representantes el 22 de mayo, el proyecto de ley presupuestaria de Trump será ahora examinado en el Senado, donde los republicanos no pueden permitirse perder más de tres votos (el procedimiento parlamentario de «reconciliación» permite evitar un filibuster). Aunque los senadores de la cámara alta no parecen dispuestos a modificar en profundidad el texto, a pesar de las estimaciones que indican que podría aumentar el déficit en casi 4 billones de dólares en 10 años, numerosas voces se han alzado en contra del proyecto de ley.
- Este incluye varios puntos que algunos legisladores consideran arriesgados: la pérdida de la seguridad sanitaria para cerca de 9 millones de estadounidenses de aquí a finales de la década (como Susan Collins o Josh Hawley), la reducción del presupuesto del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en 300.000 millones de dólares, la supresión de los créditos fiscales desbloqueados por la Ley de Reducción de la Inflación de Biden (Lisa Murkowski, Thom Tillis o John Curtis), así como la ausencia de recortes presupuestarios importantes (como Ron Johnson, Mike Lee o Rick Scott).
- El apretado calendario fijado por los republicanos corre el riesgo de exacerbar aún más las tensiones ya evidentes en el seno del Partido Republicano, cuyo objetivo es que Trump firme esta ley antes del 4 de julio, fecha del aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.
- Desde las primeras leyes de reconciliación aprobadas en la década de 1980, transcurren una media de 152 días entre la aprobación por el Congreso de la misma resolución presupuestaria y la promulgación de la ley, lo que situaría la firma del presupuesto de Trump para este año en el 9 de septiembre.
- Sin embargo, en 2017 sólo se necesitaron 56 días para la Ley de Recortes Fiscales y Empleo, frente a los 357 de la IRA bajo Biden en 2022.
Otro reto importante podría retrasar aún más la aprobación del presupuesto: la Cámara de Representantes ha incluido en el texto varias disposiciones que podrían no superar las pruebas de la denominada regla Byrd 1. Si bien el proceso de reconciliación permite aprobar una ley por mayoría simple de 51 votos (en lugar de 60), el texto está sujeto a varias normas. Así, sólo las medidas relativas al gasto, los ingresos y el techo de la deuda del Gobierno federal pueden figurar en una ley de reconciliación.
Entre las medidas que más probablemente serán objeto de la atención de la asesora parlamentaria del Senado, encargada de interpretar la regla Byrd, figuran:
- Disposiciones que recogen el contenido de la Ley REINS, una propuesta de ley que desde 2009 no ha logrado pasar el Senado y que tiene por objeto reforzar considerablemente el poder del Congreso en el examen y bloqueo de las regulaciones federales;
- Una moratoria que prohibiría a los estados aplicar durante 10 años regulaciones destinadas a regular la inteligencia artificial;
- Un procedimiento acelerado que fija en un año el plazo máximo para el periodo de examen destinado a conceder permisos para la construcción de nuevos gasoductos;
- La prohibición de utilizar los fondos del programa Medicaid para la atención sanitaria de las personas transgénero, en línea con la agenda de Trump;
- La obligación de los solicitantes de asilo de pagar una tasa de 1.000 dólares para presentar sus solicitudes 2.
Los debates que se inician hoy en el Senado sobre el presupuesto de Trump dominarán la escena política estadounidense en las próximas semanas. La capacidad del presidente para mantener la unidad de su bando —compuesto en el Senado por ultraconservadores fiscales, libertarios y moderados— representa la primera gran prueba política de su segundo mandato. La amenaza de un impago en septiembre u octubre refuerza además la presión presupuestaria que pesa sobre Washington.
