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Su libro Irregular Army acaba de reeditarse. En el prólogo, establece un vínculo directo entre las transformaciones del ejército estadounidense y el auge del movimiento MAGA. Pero escribe que esta historia no comienza con Trump. ¿Cuándo comienza exactamente?
El 12 de septiembre de 2001.
O mejor dicho: comienza en los meses siguientes, cuando Estados Unidos se embarca simultáneamente en dos guerras que no puede sostener: Irak y Afganistán. El ejército estadounidense simplemente no cuenta con suficientes tropas para ocupar estos dos países a largo plazo. Los planificadores lo saben. Las previsiones previas a la guerra apuntaban a una retirada en cinco o seis años; algunos documentos calculaban incluso menos. Pero ese plazo se esfumó rápidamente: Estados Unidos permanecerá en Irak hasta 2011 y en Afganistán hasta 2021.
Es en estos veinte años de guerra donde se juega todo.
Usted afirma que los estrategas estadounidenses se habrían encontrado con una limitación numérica: la insuficiencia de tropas en relación con sus objetivos de campaña. ¿Cómo abordaron este problema?
Una posible solución habría sido el servicio militar obligatorio, pero el recuerdo de Vietnam aún estaba demasiado vivo. El servicio militar obligatorio había alimentado entonces un movimiento pacifista que estuvo a punto de hacer implosionar el país. Reintroducirlo en unas guerras ya impopulares habría sido un suicidio político. Los estrategas habrían precipitado exactamente lo que querían evitar: una retirada forzosa bajo la presión popular.
Así que hicieron otra cosa. Algo mucho más discreto —y mucho más peligroso a largo plazo—. Bajaron los estándares de reclutamiento.
¿Es decir?
Las normas que existían para filtrar a los candidatos al alistamiento —en particular las dirigidas explícitamente contra los neonazis y los supremacistas blancos— se flexibilizaron, se eludieron, se ignoraron.
¿Neonazis?
Parece una distopía, pero el ejército estadounidense está profundamente infiltrado por neonazis —y los casos siguen multiplicándose—.
Las políticas sobre los tatuajes son un buen ejemplo: las esvásticas, las runas nórdicas vinculadas a la ideología nazi, los símbolos de las cruzadas —todo eso estaba formalmente prohibido—.
Veteranos supremacistas blancos me lo han contado ellos mismos: fueron reclutados sin que nadie les hiciera la más mínima pregunta sobre sus tatuajes. Nadie miraba. O mejor dicho, no querían mirar.
¿Sólo se trataba de la extrema derecha?
No. Los exmiembros de bandas se beneficiaron de las mismas facilidades.
Personas con antecedentes penales pudieron alistarse gracias a programas de exención ampliados.
En el espacio de cinco o seis años, el ejército estadounidense se ha convertido en una esponja: entre los dos millones de estadounidenses que han servido en Irak y Afganistán, este ejército ha absorbido a decenas de miles de extremistas, delincuentes y miembros de bandas.
¿Qué buscaban en el ejército?
Para algunos —en particular los supremacistas blancos y los neonazis— la respuesta es inequívoca: venían a formarse. El ejército estadounidense les ofrecía, a costa del contribuyente, un entrenamiento militar de vanguardia, técnicas de combate, disciplina táctica y experiencia sobre el terreno que pensaban reutilizar —no para defender a Estados Unidos, sino para preparar lo que ellos llaman una «guerra santa racial» en suelo estadounidense—.
En mi libro sostengo que el trumpismo, el movimiento MAGA y la proliferación de milicias paramilitares no se explican sólo por la política o la economía. Hay una infraestructura humana detrás. Y esa infraestructura la ha construido, en parte, el ejército estadounidense.
El ejército estadounidense se ha convertido en una esponja: ha absorbido a extremistas, delincuentes y miembros de bandas —por decenas de miles—.
MATT KENNARD
Pete Hegseth es una figura central en su análisis. ¿Por qué encarna tan bien lo que usted describe?
Porque es la síntesis visible de todo ello.
Antiguo presentador de Fox News, veterano de Irak y Afganistán, Hegseth luce en su propio cuerpo una iconografía que, en otra época, habría bastado para apartarlo de cualquier cargo público.
En su brazo se puede leer la palabra kafir, término árabe peyorativo que designa al infiel. En su piel se encuentran símbolos asociados a la imaginería de los cruzados, entre ellos el lema Deus Vult —«Dios lo quiere»—. No son tatuajes inocuos. Remiten a una visión del mundo estructurada en torno a un conflicto civilizacional y religioso: una confrontación fantaseada entre el cristianismo y el islam.
Algunos soldados desplegados en Faluya o en Kandahar ya lucían estos símbolos. Que hoy se encuentren en el secretario de Guerra de Estados Unidos constituye una evolución llamativa —y profundamente reveladora—.
Usted recuerda que, antes de su nombramiento, los signos exhibidos por Pete Hegseth ya habían alertado sobre su radicalismo.
Por supuesto. En 2021, mientras prestaba servicio en la Guardia Nacional, Hegseth fue, por ejemplo, apartado de la ceremonia de investidura de Joe Biden: un compañero militar había expresado su preocupación precisamente por la naturaleza de sus tatuajes. Más recientemente, algunas de sus declaraciones públicas sobre Irán recurrían a un discurso propio de las guerras de religión.
Sin embargo, hoy está al frente del Pentágono. Además, ha declarado su intención de eliminar lo que él denomina «la ideología woke» y las iniciativas en materia de diversidad, equidad e inclusión dentro del ejército —una postura que sugiere una voluntad deliberada de eludir las salvaguardias existentes contra las afiliaciones extremistas—.
Esas mismas salvaguardias que, como muestra su investigación, también se han visto debilitadas en los últimos años.
Efectivamente. Las políticas iniciadas bajo el mandato de George W. Bush —y en parte continuadas bajo el de Barack Obama— contribuyeron a crear las condiciones estructurales que hicieron posible el ascenso de Donald Trump. Del mismo modo que algunos historiadores relacionan el auge del fascismo en Europa a principios del siglo XX con las fracturas abiertas por la Primera Guerra Mundial, la guerra contra el terrorismo quizá haya desempeñado un papel comparable en la configuración del panorama político estadounidense actual: lo que se normaliza en el frente o en las trincheras acaba normalizándose en las instituciones.
¿Se puede realmente comparar la Europa de la posguerra con las transformaciones políticas en Estados Unidos tras Irak y Afganistán?
Me parece que el paralelismo es evidente.
Las unidades paramilitares de Mussolini —que atacaban a militantes de izquierda, redacciones y dirigentes sindicales— estaban formadas por soldados que regresaban del frente. La mentalidad forjada en las trincheras de la Primera Guerra Mundial encontró su expresión en las sociedades a las que regresaban esos hombres.
En Alemania, fue la humillación del Tratado de Versalles lo que allanó el camino para Hitler y el auge del nazismo. En ambos casos, la guerra no sólo había destruido cuerpos, sino que había reconfigurado imaginarios, identidades y relaciones con la violencia.
¿Diría usted que los veteranos estadounidenses de Irak y Afganistán han vivido algo comparable?
Muchos de ellos consideran estas guerras un fracaso y no les falta razón.
Tras dos décadas de ocupación de extrema violencia, los talibanes han recuperado el poder en Afganistán, y la élite política iraquí se parece a la que gobernaba veinte años antes. La guerra civil iraquí causó innumerables muertes. Y esos soldados, a su regreso, solían ser maltratados, incluso por las instituciones que se suponía debían ocuparse de ellos. Muchos empezaron a preguntarse si no lo habían sacrificado todo para nada.
En este caldo de cultivo, la promesa de Donald Trump —«Estados Unidos primero», no más guerras en el extranjero en nombre de una democracia que nadie les había pedido que exportaran— encontró un eco tan potente entre una generación marcada por la guerra contra el terrorismo.
Vietnam ya había provocado este fenómeno. Otro fracaso largo y costoso —decenas de miles de muertos estadounidenses, millones de víctimas vietnamitas— seguido de una retirada humillante. Lo que se ha denominado el «síndrome de Vietnam» nació de esta desilusión: veteranos que regresaron con las manos vacías, la sensación de haber sido traicionados, sacrificados para nada. A raíz de ello, los movimientos paramilitares supremacistas blancos se desarrollaron rápidamente en Estados Unidos, aprovechando precisamente esta comunidad de veteranos desilusionados.
¿Por qué se habló tan poco de ello en aquel momento en el debate público estadounidense?
Porque gran parte de lo que siguió al regreso de los soldados de Oriente Medio se silenció deliberadamente: esos acontecimientos contradecían demasiado abiertamente el discurso dominante sobre la guerra contra el terrorismo.
En Estados Unidos, los delitos cometidos por militares a menudo sólo salen a la luz cuando ya no se puede ignorar el estado de derecho —como en el caso de los asesinatos cometidos por miembros de bandas infiltradas en el ejército—. Durante la guerra contra el terrorismo y en el seno mismo de la institución militar, muchos de estos actos pasaron desapercibidos. Aún hoy no se puede evaluar la magnitud real de los crímenes cometidos a lo largo de estos veinte años de guerra —incluidos algunos de los que participan hoy en las operaciones en Irán—.
Muchos supremacistas blancos no sienten ninguna lealtad hacia Estados Unidos. Para ellos, el servicio militar es un entrenamiento destinado a prepararlos para su propia guerra santa.
MATT KENNARD
¿Establece su investigación un vínculo directo entre la flexibilización de las normas para los militares y un recrudecimiento de la violencia?
De hecho, las pruebas se acumulan desde hace años. Numerosos neonazis y supremacistas blancos han sembrado el caos a su regreso a Estados Unidos —y los casos siguen multiplicándose: extremistas que han servido en Oriente Medio y se han convertido en asesinos tras su desmovilización—.
Los disturbios del 6 de enero en el Capitolio son el ejemplo más visible. Entre los alborotadores, los veteranos y los militares en activo estaban sobrerrepresentados: aunque sólo constituyen alrededor del 7% de la población estadounidense, representaban casi el 14% de las personas presentes ese día.
¿Ha estudiado también trayectorias individuales que le permitan corroborar los vínculos entre unas normas de reclutamiento más flexibles en el ejército y el aumento de la violencia?
Por supuesto, y estos ejemplos revelan un patrón recurrente.
Steven D. Green —beneficiario de una exención moral que permite alistarse a los delincuentes condenados— perpetró una masacre en Irak.
Kenneth Eastridge —que lucía runas de las SS tatuadas en el brazo—, un soldado neonazi, fue condenado por varios asesinatos cometidos en territorio estadounidense tras su regreso. Durante su juicio, miembros de su pelotón admitieron que a veces disparaban al azar contra civiles en Bagdad.
Estos casos no eran aislados, simplemente se les había ocultado. Lo que esto revela es bastante evidente: armar a un militante supremacista blanco con un M16 en un país extranjero, exponerlo a años de violencia masiva y luego devolverlo a la sociedad civil es peligroso.
¿Cuál es hoy la gravedad de esta amenaza para la seguridad interior de Estados Unidos?
Los efectos de esta deriva dentro del ejército estadounidense se dejarán sentir durante generaciones. Y quienes intentaron dar la voz de alarma han pagado el precio.
Daryl Johnson, antiguo analista sénior de terrorismo interno en el Departamento de Seguridad Nacional, a quien entrevisté para este libro, publicó un informe en el que se establecía que los veteranos eran especialmente vulnerables al reclutamiento por parte de grupos neonazis y supremacistas blancos. La polémica desatada por este informe le costó el puesto.
¿Por qué?
Por una razón estructural: en Estados Unidos, cualquiera que aborde este tabú es inmediatamente acusado de denigrar a los veteranos del ejército estadounidense. Se trata de un mecanismo de descalificación tremendamente eficaz. Sin embargo, el problema se agrava año tras año. Rara vez se destacan los vínculos entre los atentados terroristas internos y el ejército; su correlación con la guerra contra el terrorismo se establece aún más raramente, por lo que el encubrimiento es casi sistemático.
La historia, sin embargo, no deja lugar a dudas.
Timothy McVeigh, autor del atentado con bomba de Oklahoma City en 1995 —el acto terrorista más mortífero cometido en suelo estadounidense antes del 11 de septiembre— era un veterano de la primera Guerra del Golfo.
En 2012, Michael Wade Page, otro veterano y supremacista blanco, masacró a fieles en un templo sij. Esta amenaza no es teórica. Es real, está documentada y es persistente.
Usted describe a soldados que no se consideran defensores de Estados Unidos, sino «enemigos internos en formación». Es una afirmación extremadamente fuerte.
Sin embargo, está bien documentada. Muchos supremacistas blancos no sienten ninguna lealtad hacia Estados Unidos. Adherían a ideologías como la teoría de la conspiración antisemita ZOG —Zionist Occupied Government, el «gobierno ocupado por los sionistas»— y consideraban que la guerra de Irak se libró en beneficio de Israel. El servicio militar es, a sus ojos, un entrenamiento financiado por el contribuyente, destinado a prepararlos para su propia guerra santa. Para algunos, la política electoral carece de interés: su objetivo es desencadenar una guerra civil racial en Estados Unidos, derrocar al Gobierno actual e imponer un régimen supremacista blanco.
Esto afecta a los reclutas, pero también, a partir de ahora, a la institución militar.
La exhibición pública por parte del secretario de Guerra de símbolos islamófobos o relacionados con las cruzadas denota una aceptación tácita dentro de la jerarquía, al igual que la supresión progresiva de las normas que prohíben los símbolos de la supremacía blanca —cuya exhibición se defiende ahora a menudo en nombre de la Primera Enmienda— no es fruto de la negligencia. Al igual que los tatuajes de Pete Hegseth no son decorativos, todas estas señales de bienvenida dirigidas a los extremistas dentro de las fuerzas armadas —esos mismos individuos que pilotan aviones sobre Irán o son enviados a Caracas en el marco de operaciones que han causado cientos de muertos— son perfectamente recibidas.
¿Es el ejército estadounidense el único que ha experimentado tal flexibilización de sus criterios de reclutamiento?
No existe ningún paralelismo comparable con ningún otro ejército occidental o europeo.
Ninguno ha sido sometido a una presión de tal intensidad —por lo que ninguno se ha visto obligado a abandonar sus reglamentos—.
La política de flexibilización de las normas de reclutamiento bajo Bush, y luego bajo Obama, no fue ideológica. Ambos carecían simplemente del personal necesario. Para engrosar las filas, multiplicaron las medidas: aumento de los límites de edad, reincorporación de veteranos de la época de Vietnam para desplegarlos en Irak y Afganistán, captación directa en los institutos —modificaciones legislativas que permitieron a los reclutadores ponerse en contacto con los alumnos para animarlos a alistarse nada más obtener el título—. En la situación en la que se encontraban, cualquier poder racional habría instaurado el servicio militar obligatorio. Estados Unidos no lo hizo.
¿Tuvo esto también consecuencias para los soldados?
La duración de las misiones se prolongó y los intervalos entre despliegues se redujeron, lo que provocó una presión psicológica considerable. El resultado fue una auténtica epidemia de síndrome de estrés postraumático.
En el punto álgido de este periodo de guerras, 21 veteranos se suicidaban cada día —esta cifra por sí sola da una idea de la magnitud del desastre—. Las rotaciones continuaron a pesar de las adicciones no tratadas a las drogas o al alcohol. Permitir que soldados agotados y traumatizados sirvieran junto a reclutas en situación de riesgo creó una situación explosiva cuyas consecuencias perduran.
Si se confirmaran los rumores de una invasión terrestre de Irán, ¿podría repetirse el mismo escenario?
Nada indica que se hayan aprendido las lecciones. Ni siquiera se reconoce el problema. Quienes intentan plantearlo se exponen inmediatamente a ataques. Kathleen Belew, una reconocida académica estadounidense, ha publicado un libro sobre el movimiento paramilitar en Estados Unidos, así como un artículo en el New York Times en el que establece los vínculos entre los veteranos y los supremacistas blancos. Estos trabajos le han valido ser acusada de antipatriotismo y de acosar a los héroes nacionales. Esta mentalidad —descalificar a cualquiera que plantee el tema tachándolo de enemigo del ejército— no permitirá resolver un problema cuya gravedad no deja de aumentar.
Porque, como muy bien demuestra Belew, es la propia población estadounidense la que se encuentra en primera línea. Estos soldados no volverán a casa para reintegrarse pacíficamente a la vida civil. Como he dicho anteriormente, algunos quieren lanzar su propia guerra santa racial en suelo estadounidense. Ahora disponen, para ello, de una formación militar financiada por el Estado.
Usted dice que bajo Obama y Biden, el Pentágono flexibilizó estas restricciones por necesidad, a falta de tropas suficientes. ¿Es diferente la lógica bajo Trump? ¿Estamos asistiendo ahora a una politización deliberada del ejército?
En cierto modo, lo que era tácito simplemente se ha oficializado. Hoy, quienes están en el poder parecen ideológicamente propensos a permitir que los extremistas sirvan en el ejército.
En agosto de 2017, poco después de la manifestación «Unite the Right» en Charlottesville —una concentración neonazi y supremacista blanca cuyos participantes se enfrentaron a los contramanifestantes—, Trump declaró que había «gente buena en ambos bandos».
Pete Hegseth, con sus tatuajes y su retórica de cruzado, habría abogado —antes de convertirse en secretario de Guerra— por la masacre de todos los musulmanes.
Cuando son estas personas las que configuran la política militar, la supresión de las restricciones probablemente ya no sea el resultado de un simple laxismo en su aplicación, sino que es intencionada. Los jóvenes neonazis con esvásticas tatuadas pueden ahora alistarse sin obstáculos. La Guardia Costera ha considerado recientemente eliminar las normas que prohíben las esvásticas y otros símbolos extremistas.
¿Se inscribe la purga de la «ideología woke» en el ejército en esta misma lógica?
En la retórica de Hegseth, la «ideología woke» parece designar todo lo que se opone a la extrema derecha. Trump declaró que esta última no le planteaba ningún problema —de hecho, constituye parte de su base electoral—. Por eso estas políticas han podido formalizarse e institucionalizarse tan rápidamente.
El indulto general concedido por Trump a todos los condenados del 6 de enero envía un mensaje claro: la violencia paramilitar ahora se tolera, e incluso se fomenta.
MATT KENNARD
Desde el inicio de la guerra contra Irán, hay informes que indican que comandantes estadounidenses han declarado a sus tropas que están llevando a cabo la obra de Dios —algunos mencionando explícitamente el Armagedón y el inminente regreso de Jesucristo—. ¿Es esto el resultado de una retórica fomentada desde las altas esferas?
El propio Bush afirmó que Dios le había pedido que invadiera Irak, pero la situación actual es aún más preocupante.
En Estados Unidos, la base política de los sionistas cristianos constituye una poderosa fuerza motivadora. Muchos de ellos creen que provocar el fin de los tiempos desencadenará su ascensión al cielo junto a Jesucristo. Es una creencia a la que Pete Hegseth parece adherirse sinceramente.
¿Se está convirtiendo el ejército estadounidense en una guardia pretoriana al servicio de Trump en lugar de al de la Constitución?
Las declaraciones de Hegseth sobre el presidente de Estados Unidos lo revelan claramente: su lealtad es hacia Donald Trump como individuo, no hacia la institución ni hacia el país.
La analogía con Roma es evidente. En su apogeo, el Imperio romano gobernaba a casi el 20% de la población mundial. Su caída, en el siglo V, se atribuye a menudo a la degradación de su ejército: Roma había comenzado a depender de reclutas extranjeros cuya lealtad estaba dirigida a sus provincias de origen, y había admitido a soldados que ya no cumplían con los estándares del ejército tradicional.
Un fenómeno similar está ocurriendo en Estados Unidos.
La CIA ha sufrido el mismo proceso, perdiendo gran parte de la independencia de la que gozaba antaño. Ante esta centralización del poder, no ha surgido ninguna oposición significativa. El Partido Republicano —que en ocasiones se había opuesto a Trump en el pasado— ahora se ha alineado en gran medida con él. Y mientras tanto, agentes de ICE vestidos de civil detienen a estudiantes en plena calle por haber escrito un artículo en una revista universitaria. Un manifestante de Columbia pasó un año entero detenido sin cargos. Lo que ayer parecía impensable se está normalizando.
Armar a un supremacista blanco con un M16 en un país extranjero, exponerlo a años de violencia masiva y luego devolverlo a la sociedad civil es peligroso.
MATT KENNARD
¿Cree que es posible un golpe de Estado militar en Estados Unidos?
En cualquier caso, la cuestión ha dejado de ser puramente hipotética.
Se ha hablado de modificar la Constitución para eliminar el límite de dos mandatos presidenciales. Si este intento fracasa, el riesgo de que Trump intente mantenerse en el poder con el apoyo del ejército es real. Desde 2020 ha demostrado que no tiene ningún respeto por los resultados electorales. Para él, la democracia y las normas constitucionales pasan a un segundo plano.
De hecho, Estados Unidos se está convirtiendo en una «estratocracia»: aproximadamente la mitad del presupuesto federal se destina al ejército, el Pentágono gestiona más de un billón de dólares al año y las empresas armamentísticas —estrechamente vinculadas a Trump— ejercen una influencia considerable sobre los responsables políticos.
El presidente Eisenhower ya había advertido de esta deriva en la década de 1950. Sus advertencias nunca han sido tan actuales.
