Bajo el mandato de Trump, Estados Unidos se ve sacudido por convulsiones que parecen imposibles de comprender o detener. Para analizarlas, es necesario sumergirse en los entresijos jurídicos del sistema y en la larga historia de una Constitución. Si nos lees y deseas apoyar a una redacción independiente, suscríbete al Grand Continent
Donald Trump ha amenazado en varias ocasiones con desplegar la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses para responder a los disturbios sociales. ¿Puede explicarnos en qué marco jurídico un presidente estadounidense puede movilizarla y qué distingue a esta fuerza de otros componentes militares estadounidenses?
La Guardia Nacional ocupa un lugar singular en la organización de las fuerzas armadas estadounidenses. Se diferencia de las fuerzas armadas regulares por su doble naturaleza federal y federada: depende tanto de los gobernadores —en circunstancias normales— como del presidente —en caso de federalización para misiones en el territorio nacional, como despliegues militares en el extranjero—.
Sus miembros, ciudadanos-soldados, obedecen a unos u otros según las circunstancias.
Esta dualidad jurídica se deriva de los artículos I y II de la Constitución, que establece la milicia como instrumento de mantenimiento del orden interno y reserva de defensa nacional, ante todo bajo la autoridad de los estados federados. El presidente estadounidense puede movilizar a la Guardia Nacional en el marco de la Ley de Insurrección de 1807, que autoriza su uso ante una rebelión, una insurrección o actos de violencia criminal tan intensos que las autoridades locales no pueden actuar.
Este marco jurídico revela una concepción democrática de las relaciones político-militares.
Los Padres Fundadores quisieron crear un sistema en el que el soldado-ciudadano constituyera un contrapoder, con el fin de evitar cualquier deriva tiránica del poder político federal. De ello se deriva una organización que reproduce a nivel de las organizaciones armadas —ejército permanente, standing army frente a milicia, rebautizada como Guardia Nacional— 1 la lógica del equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo.
Esta desconfianza se refleja en otras enmiendas de la Constitución: evidentemente, la segunda enmienda y el derecho a portar armas en el marco de una milicia «bien regulada», 2 pero también la menos conocida tercera enmienda, que permite a cualquier propietario negarse a alojar a soldados en tiempo de paz y, según lo exija la ley, en tiempo de guerra. 3
Esta filosofía, basada en una forma de «separación de los ejércitos» al servicio de la «separación de poderes», es anterior a la filosofía del ejército profesional tal y como la conceptualizó Samuel Huntington en su obra El soldado y el Estado, 4 que sigue siendo una referencia para los militares estadounidenses.
¿Cómo están organizadas las Guardias Nacionales?
En el plano militar, las Guardias Nacionales están compuestas por reservistas cuyo comandante es su gobernador, salvo en caso de movilización por parte del presidente de Estados Unidos. El esfuerzo de armonización para hacerlas compatibles y operativas con el ejército regular se intensificó hasta 1903, cuando la «Dick Act» consagró su organización siguiendo el modelo del ejército regular.
Desde entonces, las Guardias Nacionales se organizan en cada estado siguiendo el modelo del Ejército de Estados Unidos (United States Army) para la Army National Guard, y el Ejército del Aire (United States Air Force) para la Air National Guard desde 1947. Cuentan con 430.000 efectivos, de los cuales 325.000 pertenecen a la Army National Guard y 105.000 a la Air National Guard, mientras que el Ejército de Estados Unidos cuenta con 452.000 soldados y la Fuerza Aérea con 321.800. Las motivaciones para alistarse son diversas: servir al Estado sin dejar de ser ciudadano, financiar los estudios gracias a becas o desarrollar una carrera militar paralela a la de las fuerzas federales.
La Guardia Nacional ha participado en todos los grandes conflictos del siglo XX y XXI, incluida la «guerra contra el terrorismo». 5 Desde el final de la Guerra Fría, cada estado ha desarrollado asociaciones militares bilaterales con terceros países, en el marco del Programa de Asociación Estatal. Estos intercambios, más estables que los de las fuerzas regulares debido a la menor rotación de los cuadros, desempeñan un papel de facilitadores diplomáticos.
Así, la Guardia Nacional de California coopera con el ejército ucraniano desde 1993, una relación que, por cierto, contribuyó a la transformación del aparato militar ucraniano después de 2014. 6
Los Padres Fundadores concebían la milicia como una salvaguarda contra un ejército permanente, instrumento potencial de tiranía.
Thibault Delamare
La Guardia Nacional tiene una larga historia, a veces ambivalente, que oscila entre la milicia local y el brazo armado del poder federal. ¿Cómo ha evolucionado su papel desde su creación y qué precedentes arrojan luz sobre las tensiones actuales?
Creada a partir de las milicias coloniales del siglo XVII, la Guardia Nacional pasó de ser un contrapoder local destinado a prevenir el abuso de un poder militar centralizado a una reserva integrada en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Históricamente, su papel ha oscilado entre el de instrumento de orden interno —durante la Revuelta del Whisky 7 o las grandes huelgas del siglo XIX, por ejemplo— y el de reserva de guerra, movilizada en 1917 y en 1941.
En el Estados Unidos de la posguerra, la Guardia Nacional siguió encarnando estas tensiones entre la autoridad local y el poder federal. Su movilización para hacer cumplir la decisión Brown v. Board of Education en 1957 sigue siendo un episodio fundacional: desplegada por el gobernador de Arkansas para impedir la entrada de nueve estudiantes afroamericanos en un instituto de Little Rock, fue posteriormente federalizada por el presidente Eisenhower para garantizar la ejecución de la decisión de la Suprema Corte y asegurar su acceso al centro.
Este cambio de mando ilustra por sí solo la dualidad de la Guardia Nacional y su posicionamiento en el centro de los conflictos de competencia entre el gobierno federal y los gobiernos federados; las décadas de 1960 y 1970 marcaron un punto de inflexión en su relación con la sociedad estadounidense y en su práctica del mantenimiento del orden.
Su actuación desordenada durante los disturbios de Watts en Los Ángeles en 1965, a raíz de los altercados entre habitantes afroamericanos y policías blancos, puso de manifiesto la dificultad de coordinación entre las autoridades locales —alcaldes y gobernadores— y sacó a la luz las tensiones entre las culturas policial y militar. 8
Unos años más tarde, en 1970, la tragedia del tiroteo en la Universidad Estatal de Kent, en Ohio, supuso otro trauma: durante una manifestación contra la guerra de Vietnam y su extensión a Camboya, la Guardia Nacional abrió fuego contra los estudiantes, causando cuatro muertos y nueve heridos. Este choque fue el origen de un trabajo de adaptación de la Guardia Nacional a misiones de seguridad interna y control de multitudes.
De estos dos precedentes surgió la necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes niveles de poder —municipal, estatal y federal— así como entre las culturas institucionales, militar y policial. Sin borrar nunca estas diferencias, la Guardia Nacional ha invertido desde entonces masivamente en formación, equipamiento y doctrina de empleo 9 para sus misiones de orden público, al tiempo que ha conservado su vocación militar.
Como ha recordado, la Guardia Nacional depende tanto de los gobernadores como del presidente. ¿Cómo se articula en la práctica esta doble tutela?
La Guardia Nacional obedece a una doble cadena de mando.
Por un lado, el gobernador de cada estado, asistido por su ayudante general, 10 garantiza el control operativo de las misiones internas.
Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, representado por el secretario de Estado de Defensa y asistido por la Oficina de la Guardia Nacional, puede movilizarla federalizándola para integrarla en un despliegue militar federal, denominado «misión título 10», por el nombre de la parte del código de defensa estadounidense que autoriza dicha movilización.
La Oficina de la Guardia Nacional, situada en el Pentágono pero autónoma en su seno, desempeña un papel de intermediario: coordina las Guardias Nacionales de los diferentes estados y vela por su disponibilidad para responder a las solicitudes de las fuerzas armadas regulares, ya se trate de ejercicios rutinarios, de contribución a misiones puramente administrativas o de operaciones de combate.
En la práctica, el gobernador mantiene el control sobre las misiones de seguridad interior, que pueden incluir funciones de policía judicial. Por su parte, el presidente solo puede activar la Guardia Nacional en dos casos: en virtud del título 10 del Código Federal, que implica una federalización completa y un mando directo desde Washington —generalmente para despliegues militares en el extranjero o entrenamientos militares— o en virtud del título 32, que mantiene al gobernador en la cadena de mando, pero coloca la misión bajo financiación federal. 11
En el caso de una federalización en virtud del título 10, cualquier acción de naturaleza policial sigue estando prohibida, de conformidad con la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe el uso de las fuerzas armadas en asuntos civiles y judiciales. De hecho, una vez formalizada, cualquier unidad de la Guardia Nacional deja de ser una institución de uno o varios estados federados para convertirse en una unidad militar a las órdenes del gobierno federal.
Esta doble tutela provoca fricciones en momentos de crisis, especialmente cuando la Casa Blanca quiere movilizar a la Guardia contra la opinión de los estados, como ocurrió tras el huracán Katrina o durante las protestas sociales bajo la presidencia de Trump.
Desde la famosa obra de Arthur M. Schlesinger, 12 se habla con frecuencia de «presidencia imperial» para referirse a la continua expansión del poder ejecutivo estadounidense, especialmente en los ámbitos de la defensa y la política exterior.
Sin embargo, las Guardias Nacionales siguen desempeñando el papel de contrapoder institucional, fieles a su vocación original.
Así, tras el huracán Katrina en 2005, los gobernadores rechazaron por unanimidad el refuerzo de los poderes de federalización por parte del presidente en caso de catástrofe natural. Su resistencia alimenta a su vez una dinámica de refuerzo de la Guardia Nacional dentro de las fuerzas armadas: su comandante, hasta entonces oficial de tres estrellas, obtuvo el grado de general de cuatro estrellas en 2008, antes de convertirse en miembro de pleno derecho del Comité de Jefes de Estado Mayor en 2012.
Trump está transformando un instrumento de defensa democrática en una herramienta coercitiva al servicio del gobierno federal, incluso si ello supone oponerse a los fundamentos constitucionales.
Thibault Delamare
¿Qué tensiones federales se cristalizan cuando el presidente desea movilizar a la Guardia Nacional en contra de la opinión de los estados?
Bajo la presidencia de Trump, las líneas divisorias federales se han transformado en divisiones partidistas asumidas.
Numerosos gobernadores republicanos se han alineado con las órdenes del presidente, ya no en virtud de sus prerrogativas constitucionales, sino siguiendo una lógica de lealtad política, lo que supone una ruptura con la concepción original de las relaciones político-militares deseada por los Padres Fundadores.
En los estados demócratas, como en Chicago (Illinois) o Los Ángeles (California), el presidente procedió a federalizar la Guardia Nacional, limitándola a la vigilancia de los edificios federales; es una forma de mantenerse dentro del marco legal y, al mismo tiempo, poner a prueba sus límites: se respeta formalmente la ley, pero se desvía su espíritu.
Por el contrario, en los estados republicanos, las Guardias Nacionales se movilizan para servir a prioridades políticas, especialmente en materia de inmigración y seguridad fronteriza.
Algunos gobernadores republicanos han ido incluso más lejos, autorizando que sus tropas sean desplegadas por el presidente en territorios demócratas, como la Guardia de Texas enviada a Chicago, o las de Ohio y Virginia Occidental desplegadas en Washington.
Este fenómeno ilustra una instrumentalización sin precedentes de la Guardia Nacional con fines partidistas, que pone a prueba la frontera entre los gobiernos federal y federados, y alimenta la confrontación política.
Y estos desacuerdos ahora se están dirimiendo en los tribunales…
Estos desacuerdos se han trasladado ahora a los tribunales. Varios jueces federales han sido consultados, y uno de ellos ya ha declarado ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, al considerar que no cumplía los criterios de la Ley de Insurrección de 1807. Donald Trump busca ahora obtener de la justicia el derecho a movilizar libremente a la Guardia Nacional cuando lo considere «necesario» para restablecer el orden, y conferirle competencias de policía judicial.
Tal evolución equivaldría a vaciar de contenido la Ley Posse Comitatus de 1878, considerada sin embargo como un pilar de la neutralidad y, por tanto, de la profesionalización de las fuerzas armadas estadounidenses. Allanaría el camino para el uso directo de los medios militares en el mantenimiento del orden civil, es decir, para un cambio institucional hacia un ejecutivo federal dotado de medios coercitivos más arbitrarios en el recurso a una institución creada precisamente para impedir tal desviación.
Sobre el terreno, la Guardia Nacional ya actúa como una fuerza federal auxiliar, difuminando las fronteras entre la seguridad interior y la autoridad política.
Thibault Delamare
Hasta ahora, los jueces federales han dictado sentencias contradictorias, pero la Suprema Corte debería pronunciarse próximamente. Como recordó la jueza Amy Coney Barrett en una reciente entrevista con el New York Times, corresponde al Tribunal resolver los conflictos en torno al equilibrio de poderes. 13 Sin embargo, en la actualidad está «dominada» por seis jueces conservadores frente a tres progresistas, 14 y hasta ahora ha validado la mayoría de las decisiones presidenciales desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. 15
A nivel estatal, ¿qué procedimientos judiciales hay en curso contra el despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente?
En la actualidad, el litigio en torno a la Guardia Nacional se desarrolla en varios frentes judiciales, lo que refleja la fragmentación del sistema judicial estadounidense.
En Chicago, un juez federal ordenó una suspensión temporal del despliegue, al considerar que no existían pruebas creíbles de una «rebelión» que permitiera invocar la Ley de Insurrección. El caso se ha llevado ahora ante la Suprema Corte.
En Portland, otro juez federal tomó una decisión similar, que posteriormente fue revocada por el Tribunal de Apelación, que consideró admisible el argumento del mantenimiento del orden público esgrimido por la Casa Blanca.
En Los Ángeles, la justicia consideró ilegal la movilización de la Guardia Nacional para misiones de carácter judicial, en particular en materia de inmigración, al estimar que violaba la Ley Posse Comitatus de 1878.
En Memphis, ciudad republicana situada en un estado de mayoría demócrata —Tennessee—, el despliegue de la Guardia Federalizada, apoyado por el alcalde, es objeto de un recurso ante un tribunal local por violación de la Constitución.
Por último, en Washington D. C., que no tiene gobernador, la Guardia Nacional depende directamente del gobierno federal en virtud de la Ley de Autonomía Local de 1973. El presidente Trump la desplegó al tiempo que se otorgaba a sí mismo el derecho a utilizar la policía metropolitana del Distrito. El fiscal de la capital interpuso una demanda contra esta decisión y la primera audiencia se celebró el 24 de octubre.
Mientras se desarrollan estos procedimientos, se está produciendo una especie de hecho consumado en un enfrentamiento entre dos visiones fundamentalmente opuestas sobre el destino de Estados Unidos y su régimen político. Sobre el terreno, la Guardia Nacional ya actúa como una fuerza federal auxiliar, difuminando las fronteras entre la seguridad interior y la autoridad política.
En esta posible nueva era política, la Guardia Nacional ya no sería un último recurso en caso de crisis grave, sino que podría constituir un instrumento fácil de utilizar en manos del presidente contra los estados federados y las ciudades.
La Guardia Nacional ha pasado de ser un contrapoder local destinado a prevenir el abuso de un poder militar centralizado a una reserva integrada en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Thibault Delamare
Algunos observadores recuerdan que los Padres Fundadores veían en la milicia una salvaguarda contra el abuso del poder federal. ¿En qué medida el uso que Donald Trump hace de la Guardia Nacional rompe con esta tradición constitucional?
Los Padres Fundadores concebían la milicia como una salvaguarda contra un ejército permanente, instrumento potencial de tiranía.
La Guardia Nacional perpetúa este espíritu al afianzar la soberanía militar en los estados federados.
Sin embargo, su uso por parte de Donald Trump va acompañado de amenazas contra movimientos sociales y representantes locales —Brandon Johnson, alcalde de Chicago— y gobernadores demócratas —Jay Robert Pritzker en Illinois y Gavin Newsom en California—. 16
Trump transforma un instrumento de defensa democrática en una herramienta coercitiva al servicio del gobierno federal, incluso si ello supone oponerse a los fundamentos constitucionales.
De este modo, rompe con la lógica original de la separación de poderes.
¿Se puede decir que la invocación de la Guardia Nacional por parte de Donald Trump forma parte de una estrategia autoritaria, en el sentido de que militariza las tensiones sociales en lugar de apaciguarlas?
Se inscribe, sin duda, en una lógica de militarización de las tensiones sociales, pero también en una lucha jurídica para transformar el régimen político.
La organización America First Legal, dirigida por su estrecho colaborador Stephen Miller, ha desempeñado un papel central en esta evolución.
Durante los cuatro años del mandato de Joe Biden, ha constituido el armazón ideológico y jurídico de la corriente política que hoy apoya la presidencia de Trump. 17
Ante esta evolución, se han desarrollado varias formas de movilización. La más visible ha sido la de las manifestaciones No Kings, organizadas el sábado 18 de octubre en más de tres mil ciudades estadounidenses y que reunieron a cerca de siete millones de participantes. Estas concentraciones tenían como objetivo denunciar lo que perciben como una deriva autoritaria del poder ejecutivo.
Por su parte, los estados demócratas tratan de preservar unos estándares de gobernanza basados en la racionalidad y la cooperación. Han creado redes horizontales entre estados, como las Health Alliances, destinadas a mantener políticas públicas comunes frente a la desorganización federal. Estas alianzas, a menudo regionales, se han constituido para resistir la deriva conspirativa de algunas administraciones, en particular bajo el impulso del secretario de Salud, Robert F. Kennedy.
Por último, los estados demócratas también están trabajando en la redistribución de su mapa electoral para responder al gerrymandering de los estados republicanos, 18 ya que cada escaño ganado o perdido en la Cámara de Representantes se convierte en un factor decisivo para mantener el equilibrio de poderes.
Bajo la presidencia de Trump, las líneas divisorias federales se han transformado en divisiones partidistas asumidas.
Thibault Delamare
¿Cómo perciben los ciudadanos estadounidenses a la Guardia Nacional? ¿Se la considera una fuerza de protección, un actor de socorro en caso de catástrofe o un instrumento de represión?
La Guardia Nacional sigue siendo, ante todo, una emanación de un estado más que una institución homogénea.
Goza de una imagen ambivalente: aunque es una fuerza de socorro en caso de catástrofes naturales, su despliegue ha podido ser malinterpretado; durante el huracán Katrina se la percibió más como una fuerza militar que como una fuerza humanitaria. 19 No obstante, las opiniones negativas se referían sobre todo a la decisión de emplearla en el territorio nacional, más que a la institución en sí misma. 20
El despliegue de la Guardia Nacional suele repercutir en la imagen del dirigente que toma la decisión. Así, la mayoría de los estadounidenses rechaza su despliegue en las ciudades estadounidenses con el argumento de la lucha contra la delincuencia: entre el 47 % y el 52 % de los encuestados se opone, mientras que entre el 34 % y el 38 % está a favor. 21
¿En qué medida el uso de la Guardia Nacional por parte de Trump acentúa la polarización política y podría transformar de forma duradera el lugar que ocupa esta institución en el debate público estadounidense?
Bajo el mandato de Trump, la Guardia Nacional se ha convertido en un instrumento de comunicación política: su uso frente a los movimientos antirracistas o los disturbios urbanos contribuye a la polarización política, ya que 8 de cada 10 republicanos están a favor, mientras que 8 de cada 10 demócratas están en contra.
Esta politización podría transformar de forma duradera su lugar en el debate público, pasando de ser una reserva neutral a un actor partidista del conflicto ideológico estadounidense.
Algunos analistas llegan incluso a hablar de un «preludio de una guerra civil» debido a las crecientes tensiones entre el Estado federal y los estados federados. ¿Es el uso de la Guardia Nacional un síntoma de la fragilidad del federalismo estadounidense?
Sí, este recurso pone de manifiesto las rivalidades de competencia entre los estados y el gobierno federal, la desconfianza persistente hacia Washington y la tentación de instrumentalizar políticamente a las fuerzas del orden.
Cada crisis, ya sea el huracán Katrina, los disturbios, la pandemia o las tensiones bajo la presidencia de Trump, reaviva el debate sobre el equilibrio de poderes dentro de la federación. En este contexto, la Guardia Nacional se convierte en el reflejo de un federalismo en tensión, que oscila entre la autonomía local y la centralización del poder ejecutivo.
Las próximas decisiones de los tribunales, en particular las de la Suprema Corte, permitirán evaluar la sostenibilidad de esta nueva configuración institucional en beneficio del presidente.
Las elecciones de mitad de mandato también serán una prueba. Permitirán evaluar en qué medida se puede utilizar la Guardia Nacional para influir en la sinceridad de las elecciones, en un clima de polarización duradera. Del mismo modo, la validación o no de su uso politizado validará o frenará la dinámica de formación de un «subfederalismo» entre los estados demócratas, en reacción a la transformación de las votaciones en los estados republicanos. Estos últimos se estudian hoy en día desde la perspectiva del concepto de «autoritarismo subnacional». 22
En los estados republicanos, las Guardias Nacionales se movilizan para servir a las prioridades políticas, especialmente en materia de inmigración y seguridad fronteriza.
Thibault Delamare
Más allá de Trump, ¿debemos considerar que la Guardia Nacional se ha convertido en una herramienta política al servicio de las luchas partidistas?
La Guardia Nacional es a la vez una institución militar y un actor de la seguridad interior; refleja menos una deriva reciente que una constante de la vida pública de Estados Unidos y de la oposición entre el Estado federal y los estados federados.
Su uso actual no refleja una ruptura, sino una intensificación de las tensiones que atraviesan el sistema federal. Cada Guardia Nacional sigue estando, ante todo, al servicio de su gobernador, lo que explica la diversidad de sus usos. Por lo tanto, hablar de «la» Guardia Nacional solo tiene sentido si se tiene en cuenta la pluralidad de los contextos políticos locales. Su existencia nunca se cuestiona; es su uso lo que centra los debates.
En lugar de buscar reformas institucionales o jurídicas, hay que observar la forma en que los actores recurren a los tribunales para resolver las disputas políticas. Los litigios jurisdiccionales se han convertido en la vía normal de arbitraje, y la Guardia Nacional desempeña en ellos un papel tanto de objeto litigioso como de cuestión simbólica.
¿Qué cambios institucionales o jurídicos podrían impedir que la Guardia Nacional sea instrumentalizada en el futuro?
La futura decisión de la Suprema Corte será determinante: deberá decidir si el presidente puede invocar una definición amplia de rebelión o insurrección para justificar el uso de la fuerza federal. Esta interpretación establecerá de forma duradera la frontera entre la seguridad interior y la movilización por parte del poder ejecutivo con fines partidistas. También permitirá medir hasta qué punto está arraigada en la sociedad estadounidense la tendencia a percibir al ejército, y con él a la Guardia Nacional, como un aliado partidista en lugar de como una institución neutral, apolítica y profesional. 23
El uso de las Guardias Nacionales es uno de los indicadores de un mosaico más complejo del ejercicio del poder por parte del presidente Trump. Este incluye la toma del poder del Partido Republicano, 24 el control de los medios de comunicación, 25 las presiones y destituciones de los jefes militares en desacuerdo 26 y una ofensiva judicial coherente y decidida. 27
Esto dibuja una estrategia coherente, apoyada en un discurso que lleva al extremo la noción de libertad de expresión, al tiempo que señala a los opositores demócratas como enemigos del Estado. Esta lógica alcanzó su punto máximo de tensión tras el asesinato de Charlie Kirk, que marcó profundamente el debate público.
Sin embargo, la coalición reunida en torno a Donald Trump sigue siendo frágil.
Sus diferentes componentes, a veces divergentes en sus objetivos, pueden entrar en competencia. 28
El destino de Estados Unidos se decidirá, por tanto, en los tribunales y en las urnas. En ambos casos, la Guardia Nacional cristalizará las tensiones sobre la naturaleza federal y democrática de la primera potencia mundial, seis años después de que Joe Biden hiciera campaña y ganara con el lema «la batalla por el alma de nuestra nación».
Notas al pie
- En la bibliografía sobre regímenes autoritarios, esta división de las organizaciones armadas, denominada «counterbalancing», se describe como una técnica antigolpista, o «coup-proofing». Constituye uno de los tres arquetipos para proteger un régimen político, junto con el «apilamiento étnico» —el reclutamiento en un grupo étnico limitado porque se supone que es más leal al poder— y la corrupción —es decir, canalizar las ambiciones de los jefes militares mediante retribuciones económicas desproporcionadas, con el fin de desviarlos de cualquier ambición política—. Véase, por ejemplo: Erica De Bruin, How to Prevent Coups D’État: Counterbalancing and Regime Survival, Ithaca, Cornell University Press, 2020.
- «A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed».
- «No Soldier shall, in time of peace be quartered in any house, without the consent of the Owner, nor in time of war, but in a manner to be prescribed by law.»
- Samuel Huntington, The Soldier and the State, Cambridge, Massachusetts, Belknap Press, 1957.
- «War on Terror», según los términos de la administración de Bush.
- Jim Garamone, «Ukraine-California ties show worth of National Guard program», National Guard, 21 de marzo de 2022; para ver el mapa de vínculos entre las guardias nacionales y los Estados extranjeros, ver State Partnership Program, National Guard.
- Rebelión contra el aumento de los impuestos sobre el whisky, decidido por el Congreso para pagar la deuda de guerra contraída durante la Guerra de Independencia; duró de 1791 a 1794.
- Sobre la organización policial estadounidense, véanse los trabajos de Mathieu Zagrodzki, cuya tesis sigue siendo de gran actualidad. En esta entrevista para Libération, presenta las diferencias con el modelo francés: «Entrevista a Mathieu Zagrodzki: «Aux États-Unis, il y a un tabou moindre qu’en France sur les violences policières», Libération, 3 de junio de 2020.
- Conjunto de reglas que definen la organización de las fuerzas policiales durante las misiones de mantenimiento del orden, así como las medidas que deben adoptarse.
- El ayudante general es el jefe militar de la Guardia Nacional de un estado federado.
- National Guard Bureau Fact Sheet, National Guard.
- Arthur M. Schlesinger, La présidence impériale, Paris, PUF, 1976.
- Ross Douthat, «Amy Coney Barrett Is Looking Beyond the Trump Era», The New York Times, 16 de octubre de 2025.
- Aziz Huq, «Conservatives on the Supreme Court May Not Fully Align With Trump», Politico, 26 de febrero de 2025.
- Steven Greenhouse, «Why does the supreme court keep bending the knee to Trump?», The Guardian,6 de octubre de 2025. La Corte Suprema solicitó además aclaraciones sobre el concepto de «fuerzas regulares»: John Fritze, «Supreme Court wants more time and information before deciding if Trump can send National Guard to Chicago», CNN, 30 d octubre de 2025.
- Bernd Debusmann Jr., «Trump calls for jailing of Illinois governor and Chicago mayor in immigration standoff», BBC, 8 de octubre de 2025.
- Maya Kandel, «Stephen Miller, idéologue en chef et artisan du nouveau maccarthysme», Mediapart, 19 de septiembre de 2025.
- El gerrymandering es una redistribución de los distritos electorales con el objetivo de garantizar mayorías partidistas, diluyendo los bastiones de la oposición. Véase Liz Crampton, Shia Kapos y Bill Mahoney, «Democrats get aggressive on remapping congressional lines», Politico, 27 de octubre de 2025.
- Theodore R. Johnson, «Trump’s National Guard deployment echoes Hurricane Katrina mistakes», The Washington Post, 27 de agosto de 2025.
- Joel Roberts, «Poll: Katrina Response Inadequate», CBS, 8 de septiembre de 2005.
- «NPR-Ipsos poll: Americans don’t broadly support Trump’s National Guard deployments», NPR, 27 de septiembre de 2025.
- James A. Gardner, «Democratic Backsliding in Federal States», University at Buffalo School of Law Legal Studies Research Paper No. 2024-015, 5 de noviembre de 2024.
- Ara Friedman, «Civil-military relations in the second Trump administration», Georgetown University, 16 de junio de 2025.
- Peter Eisler y Ned Parker, «How Trump’s intimidation tactics have reshaped the Republican Party», Reuters, 16 de agosto de 2024.
- Ver por ejemplo Caroline O’Donovan y Will Oremus, «This billionaire Trump ally and his son are building an unprecedented media empire», Washington Post, 4 de octubre de 2025.
- El ejemplo más reciente es Joe McGee, director de estrategia, planes y políticas del Estado Mayor Conjunto: «Exclusive : Three-star general pushed out amid tensions with Hegseth», CNN, 30 de octubre de 2025.
- Ver Maya Kandel, op. cit.
- Nathalie Allison, «President melds a fractious coalition: The six factions of Trumpworld», The Washington Post, 26 de agosto de 2025.
