Manifiesto por un DOGE de izquierda

Desde la Argentina de Milei hasta el Estados Unidos de Trump, el Grand Continent analiza las transformaciones del Estado. Para apoyar una redacción independiente, descubre nuestras ofertas de suscripción

El renacimiento de la austeridad libertaria estadounidense

En 2024, Elon Musk popularizó la idea de un DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental), un instrumento destinado a «perseguir el despilfarro» en la administración federal estadounidense.

A primera vista, la promesa es sencilla y conocida: aplicar al Estado los métodos radicales de optimización de las start-ups, automatizar, eliminar las estructuras redundantes y reducir el tamaño de las burocracias. Se basa en el imaginario libertario que impregna Silicon Valley, prolongación de una cultura antiestatal analizada por Fred Turner. ¹

Si se profundiza más, el proyecto es aún más radical, ya que se trata, para algunos pensadores asociados a Silicon Valley, cercanos al presidente Trump, de instaurar una gobernanza técnica y elitista. Curtis Yarvin, por ejemplo, imagina una especie de «monarquía tecnológica», un poder confiado a ingenieros o directores generales en lugar de a las instituciones democráticas clásicas, de modo que ciertas infraestructuras públicas podrían considerarse «actividades tecnológicas» que integrar en modelos similares a los de las plataformas digitales.

Por lo tanto, el proyecto no solo consiste en reducir la acción del Estado bajo el pretexto de una reforma de la eficiencia pública, sino también en reescribir el contrato social en beneficio de una élite tecnológica.

Europa y el problema del Estado

La situación europea es diferente.

Nuestros Estados de bienestar son más densos: por ahora, el centro parece mantenerse, pero bajo las cenizas la confianza se erosiona y el efecto de una doble frustración está consumiendo el sistema.

Por un lado, están las administraciones nacionales y europeas, consideradas pesadas y burocráticas.

Pierre Rosanvallon ha demostrado cómo la desconfianza hacia las instituciones se ha alimentado de la percepción de un Estado y una Europa que se han vuelto opacos e impotentes: ² complejidad de las ventanillas sociales y del sistema fiscal, multiplicación de agencias, traslape administrativo, normativa europea percibida como lejana, etc.

Por otro lado, los servicios públicos están perdiendo calidad: la escuela pública tiene dificultades para reducir las desigualdades, ³ los hospitales se resienten por la presión demográfica y la falta de personal, y algunos trámites administrativos siguen siendo laberínticos a pesar de la digitalización.

Es cierto que la realidad es más compleja: la transformación digital de los servicios fiscales franceses es notable, Notre-Dame se ha reconstruido en cinco años, la Unión Europea ha sabido poner en marcha en pocos meses un mecanismo común de endeudamiento de 750.000 millones de euros para reactivar la economía tras la crisis de COVID, entre otros hechos destacables.

Por lo tanto, nuestras debilidades tampoco deben hacernos olvidar nuestras fortalezas: por ejemplo, la cobertura universal, la calidad del personal sanitario y la de las infraestructuras.

Sin embargo, el diagnóstico sigue siendo severo: aunque los franceses siguen profundamente apegados a sus servicios públicos, consideran que están en declive y que su funcionamiento es demasiado desigual y complejo. Solo uno de cada tres franceses considera que «los servicios públicos funcionan bien»; ⁴ el 60 % de los franceses considera que la calidad de los servicios públicos se ha deteriorado en los últimos diez años. ⁵

Al dejar a la derecha populista y a los libertarios el monopolio del discurso sobre la eficacia, la izquierda se priva de una palanca decisiva para recuperar a las clases populares.

Alexandre Pointier

La tentación de replicar el modelo estadounidense en Europa

En este contexto de desconfianza hacia las instituciones, los partidos populistas de derecha se han apropiado de la idea de un Estado «limpio» de burocracia.

Las victorias de formaciones como Fratelli d’Italia en Italia, el Rassemblement National en Francia y el PVV de Geert Wilders en los Países Bajos, así como el auge de la AfD en Alemania, reflejan una ira que ya no se dirige solo contra las élites políticas, sino contra el propio aparato administrativo.

La promesa de un Estado más «simple» y menos costoso se convierte en un vector de movilización electoral.

Para estos partidos, Elon Musk se ha convertido en una referencia explícita. Su compra de Twitter/X, presentada como una cruzada por la «libertad de expresión», ha sido aplaudida por Giorgia Meloni, Matteo Salvini y figuras del Rassemblement National. Musk también ha interactuado públicamente con líderes de la derecha radical, retuiteando contenidos del primer ministro húngaro Viktor Orbán o de la presidenta del Consejo italiano y oponiéndose frontalmente a la Unión Europea cuando esta quiso regular X en nombre de la Ley de Servicios Digitales.

Esta afinidad ideológica se articula en torno a tres temas: el rechazo a la regulación medioambiental y social considerada excesiva, la hostilidad hacia las políticas de moderación de las plataformas y la celebración de un espíritu emprendedor heroico frente a las burocracias públicas.

Estas convergencias alimentan la idea de que Europa podría inspirarse en el DOGE libertario para «simplificar» el Estado y consolidar al mismo tiempo un poder político más autoritario y nacionalista.

La promesa de eficacia es así instrumentalizada por las derechas radicales y extremas para alimentar otra transformación: un Estado centrado en la protección nacional, la identidad y la autoridad, en lugar de en la cohesión social y la transición ecológica:

• Orbán ha creado así una «Oficina de Simplificación» que aligera las normas para las empresas, al tiempo que refuerza el control político de la administración para limitar su independencia judicial.
• En Italia, Meloni habla de «sburocratizzazione patriottica»: hacer que el Estado sea eficaz para defender mejor los intereses nacionales, en detrimento de los dispositivos de protección social, los derechos de las minorías o las normas medioambientales.
• En Francia, algunos allegados al RN proponen una «Comisaría de Eficacia» para reasignar los recursos, pero también para purgar las políticas consideradas «ideológicas»: ayudas a la integración, igualdad de género, ecología.

El riesgo es evidente: Europa podría adoptar una «eficacia» sin finalidad social, reduciendo al Estado a un brazo armado identitario o autoritario.

Por supuesto, las plataformas estadounidenses están dispuestas a apoyar estas iniciativas para ampliar aún más su influencia.

La oportunidad perdida de una izquierda modernizadora

Al dejar a la derecha populista y a los libertarios el monopolio del discurso sobre la eficiencia, la izquierda se priva de una palanca decisiva para recuperar a las clases populares.

Durante dos décadas, la izquierda europea se ha centrado en un discurso que combina la imposición adicional de los altos ingresos y las grandes empresas con el aumento de las prestaciones sociales.

Este enfoque es intelectualmente legítimo, ya que la injusticia fiscal y el aumento de las desigualdades son evidentes. ⁶ Sin embargo, deja un ángulo muerto: la experiencia concreta de los servicios públicos.

Al hacerlo, la izquierda debilita la legitimidad de los Estados de bienestar, que depende tanto de la generosidad como de la calidad percibida de los servicios públicos. Si para la mayoría de los europeos el problema no es solo la redistribución, sino el deterioro percibido de los servicios esenciales, los debates sobre la fiscalidad o la tributación de las GAFAM no bastarán para responder a las frustraciones cotidianas.

La equidad es también, y sobre todo, un Estado que funciona.

El fenómeno de la erosión del voto popular a favor de la izquierda ha sido ampliamente analizado por Thomas Frank en Estados Unidos ⁷ y por Jérôme Fourquet en Francia, ⁸ con dinámicas similares: sentimiento de abandono territorial (cierre de hospitales, desaparición de los servicios públicos fuera de las grandes ciudades), complejidad administrativa, percepción de un Estado capturado por otros (minorías, grandes ciudades, insiders) y choque cultural (énfasis de la izquierda en cuestiones posmaterialistas: ecología, diversidad, derechos sociales).

Sin embargo, tanto en Francia como en otros lugares, las iniciativas de simplificación y modernización administrativa existen desde hace mucho tiempo: así, la iniciativa «modernización de la acción pública» (MAP), puesta en marcha en 2012 bajo el mandato de François Hollande, retomó la dinámica de la «revisión general de las políticas públicas» (RGPP), iniciada en 2007 por el presidente Sarkozy. Estos programas tienen en común el objetivo de reducir costos, mutualizar las funciones de apoyo, eliminar redundancias y fomentar la desmaterialización de los servicios para aligerar la carga administrativa.

Su balance es muy desigual por una buena razón: al centrarse a menudo en ahorros a corto plazo, sin una transformación profunda de las misiones ni una evaluación del impacto, no han permitido mejorar la percepción que tienen los usuarios de la calidad de los principales servicios públicos.

Cuando el Estado de bienestar se percibe como ineficaz, la demanda de protección se desplaza hacia formas identitarias o autoritarias.

Los debates sobre la fiscalidad no bastarán para responder a las frustraciones cotidianas. La equidad es también, y ante todo, un Estado que funciona.

Alexandre Pointier

Por un DOGE progresista: transformar para invertir mejor

Un DOGE progresista invertiría el paradigma libertario: la eficacia no sería sinónimo de retirada, sino de reasignación estratégica.

Este enfoque defiende la tradición europea de un Estado de bienestar socialdemócrata, pero lo actualiza tras ochenta años de burocratización.

Se opone a la austeridad tecnocrática, ⁹ pero busca maximizar la utilidad social de cada euro público con la misma obsesión que los libertarios y la derecha populista cuando se dedican a desmantelar el modelo social europeo.

Weber recordaba que la racionalidad burocrática, si no se reorienta con un objetivo político claro, se convierte en puramente procedimental. El DOGE progresista tiene precisamente como objetivo reintroducir un principio de finalidad —calidad de vida, cohesión social, transición ecológica— en la racionalización administrativa.

El método no sorprenderá a nadie:

• Auditar la acción pública para redistribuir los fondos en lugar de recortarlos (identificar los gastos poco útiles, simplificar drásticamente las estructuras administrativas para liberar márgenes, suprimir los programas «vidriosos» con escaso impacto social).
• Reinvertir masivamente en funciones vitales (salud de proximidad, educación, vivienda y movilidad verde).
• Medir el impacto social real (indicadores de satisfacción, acceso a los derechos, igualdad territorial y presupuestos orientados por objetivos cualitativos en lugar de por renovación mecánica).
• Utilizar la tecnología para simplificar (ventanillas únicas digitales, IA para tareas repetitivas, datos abiertos para la transparencia y la evaluación), sin depender de tecnologías extranjeras y con el objetivo sincero de aumentar el acceso a los derechos.

Si bien estas intuiciones no son nuevas, el nivel de ambición, la centralidad en el discurso y la radicalidad de la implementación deben serlo.

Seamos claros: la tarea es titánica.

Requiere transformaciones importantes en las administraciones y los operadores, que no dejarán de tener consecuencias para los funcionarios públicos, electorado tradicional de la izquierda y el centro.

Esto implica asumir un doble movimiento: reorganizar, simplificar y, en ocasiones, suprimir estructuras que se han vuelto ineficaces, al tiempo que se reafirma el valor y la misión de los funcionarios públicos. Habrá que ofrecerles perspectivas claras, nuevas competencias, reconocimiento por los servicios prestados y trayectorias profesionales adaptadas. Sin esta dimensión social y política, la reforma correría el riesgo de ser percibida como un nuevo episodio de austeridad gerencial. El reto consiste en transformar en profundidad la maquinaria administrativa y, al mismo tiempo, reconciliar a los funcionarios con una idea exigente pero positiva del servicio público: útil, eficaz y centrado en el impacto social. Gran parte de ellos están dispuestos a ello.

En el centro de este proyecto se encuentra la rehumanización de los servicios públicos.

Las encuestas de satisfacción muestran que llamar a una administración u obtener una cita física es a menudo un camino lleno de obstáculos: interminables colas telefónicas, plataformas saturadas, citas no disponibles durante semanas, falta de seguimiento personalizado.

La digitalización masiva de los trámites ha mejorado el acceso para muchos, pero también ha creado una brecha para aquellos que no dominan las herramientas digitales o se sienten abandonados ante interfaces impersonales y complejas.

El contacto directo con un agente competente, capaz de explicar, orientar y, sobre todo, adaptar la norma al caso concreto, sigue siendo esencial para restablecer la confianza.

Por lo tanto, un DOGE progresista tendría como objetivo reinventar la presencia humana allí donde es importante.

Si Elon Musk se ha distanciado progresivamente del DOGE, es sobre todo porque se ha topado con una realidad que su imaginación empresarial había subestimado: un Estado no es una start-up. La promesa de optimizar el aparato administrativo en pocos meses se topó con la complejidad de las cadenas de decisión, la maraña de competencias federales y locales, y las restricciones jurídicas y constitucionales.

A esto se sumaron resistencias internas masivas. Esto es positivo, pero también pone de relieve la magnitud de los obstáculos que le esperan a un DOGE progresista. Por lo tanto, de la iniciativa inicial solo hay que retener la voluntad de cambio, no la fantasía de una disrupción rápida.

Un DOGE progresista invertiría el paradigma libertario: la eficiencia no sería sinónimo de retirada, sino de reasignación estratégica.

Alexandre Pointier

Algunos en la izquierda objetarán que las palabras «auditoría», «evaluación» o «rendimiento» son propias de la gestión liberal y de la Nueva Gestión Pública; pero es precisamente porque estas herramientas se han dejado en manos de una lógica contable por lo que han servido a la austeridad. Nada impide reinvertirlas políticamente.

Evaluar no es reducir: es elegir con lucidez dónde la acción pública cambia realmente la vida de las personas.

Auditar puede ser un acto de justicia social si se trata de eliminar los gastos captados por los insiders —los beneficiarios establecidos del sistema— para reasignarlos a la salud, la educación y la vivienda.

La verdadera división no está entre la eficacia y la solidaridad, sino entre un uso tecnocrático de los indicadores para recortar gastos a ciegas y un uso democrático para hacer que el Estado sea más justo, más legible y más poderoso donde se espera que lo sea.

Huelga decir que un DOGE progresista tendría, además, el efecto colateral de reforzar el consentimiento fiscal de los más ricos.

El modelo de «high tax, high trust» (altos impuestos, alta confianza) de los países nórdicos funciona porque los ciudadanos ven un rendimiento directo, visible y equitativo: escuelas eficaces, atención sanitaria de calidad, administración sencilla. Los estudios académicos demuestran que la percepción de un Estado imparcial y eficaz explica la alta aceptación fiscal. ¹⁰

Un proyecto de este tipo también debe pensarse a escala europea.

De todos los niveles de gobernanza, es el más complejo de reformar, pero también el que más urgentemente necesita claridad y coherencia. La Unión debería convertirse en una herramienta común de evaluación, coordinación y transparencia, capaz de medir el impacto real de las políticas públicas financiadas con fondos comunitarios según un criterio único: la mejora concreta de la vida de los ciudadanos europeos.

Esto supone una profunda reforma de las normas presupuestarias, distinguiendo entre gastos productivos —educación, innovación, infraestructuras verdes— y gastos de inercia, tal y como recomienda Mario Draghi en su informe sobre la competitividad. ¹¹

Más allá de las cifras, se trata de cultivar una obsesión por el buen uso de cada euro europeo, de garantizar la facilidad de acceso para los beneficiarios de los servicios financiados y la claridad para los contribuyentes.

De este modo, Europa podría emanciparse de su papel de guardiana del equilibrio contable para convertirse en la artífice de un Estado social continental: protector, eficaz y ambicioso.

*

La Unión se encuentra en una encrucijada.

En casi todos los países, el debate público se estanca entre la austeridad y la reactivación, entre la reducción y el gasto.

Mientras tanto, el modelo social se resquebraja, la confianza se erosiona, la tentación del rechazo crece, en un contexto más amplio en el que Washington se une a Moscú para impulsar un cambio de régimen en el continente.

Acelerar el Estado para actualizarlo.

Quizás sea esta la última utopía razonable: una reforma de una exigencia y una amplitud sin precedentes, no paramétrica, sino radical, con un único objetivo: el interés público.

Una reforma más exigente que una enésima medida fiscal; más agotadora que la simple indignación; más comprometida que un estudio de televisión.

Es un programa en sí mismo; para la próxima década, bastará con enunciar aquí unas pocas líneas de un manifiesto.