Ayer, martes 22 de julio, el Parlamento ucraniano aprobó por mayoría de 263 votos una nueva ley que coloca bajo el control directo de la Fiscalía General — Ruslan Kravchenko, nombrado en junio y considerado en Ucrania un fiel aliado del presidente— dos organismos encargados de la lucha contra la corrupción: la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAPO).

La controvertida ley 12414 fue ratificada por Volodímir Zelenski por la noche.

  • Considerada como un intento de socavar las reformas anticorrupción más importantes aprobadas en Ucrania en la última década, la rápida firma de la ley provocó importantes manifestaciones en todo el país: en Kiev, Lviv, Odessa y también en Dnipro.
  • En respuesta a esta oleada de protestas, el presidente Zelenski declaró que «la infraestructura anticorrupción seguirá funcionando, pero sólo sin la influencia rusa, de la que debe liberarse» 1.
  • En las calles de las principales ciudades del país, miles de ciudadanos y activistas anticorrupción pidieron el martes por la noche al presidente que vetara la ley, por temor a que bloquee la integración de Ucrania en la Unión Europea.

A principios de mes, el Gobierno bloqueó el nombramiento de Oleksandr Tsyvinsky, un investigador conocido por denunciar tramas de expropiaciones ilegales de terrenos en Kiev, como jefe de la Oficina de Seguridad Económica, una agencia creada en 2021 para investigar delitos económicos. El lunes 21, agentes del Servicio de Seguridad (SBU) llevaron a cabo registros en las oficinas de la NABU y la SAPO 2.

Para el Gobierno ucraniano, esta nueva ley debería permitir eliminar la presencia de personas sospechosas de trabajar en estas agencias en interés de Rusia. Sin embargo, podría debilitar el futuro de sus relaciones con la Unión.

  • Poco después de la votación en la Rada, la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, mantuvo una conversación telefónica con la nueva primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, nombrada el 17 de julio.
  • Durante la llamada, la comisaria expresó «su profunda preocupación por los últimos acontecimientos relacionados con el Estado de derecho» en el país, un criterio fundamental para la adhesión a la Unión 3.
  • Esta nueva ley complica las relaciones entre el Gobierno ucraniano y la Comisión, encargada de velar por el cumplimiento del proceso de adhesión de Ucrania.
  • Desde hace varios años, el presidente serbio Vučić critica el «doble rasero» de la Comisión y la diferente aplicación de las normas que regulan la adhesión con respecto a Belgrado y Kiev.
  • Las negociaciones de adhesión entre la Unión y Serbia comenzaron en enero de 2014. Por su parte, Ucrania obtuvo el estatus de país candidato a la adhesión en junio de 2022.

Esta nueva ley también podría colocar a Volodímir Zelenski en una posición difícil en Ucrania. Si bien el presidente sigue siendo popular, la población ucraniana está profundamente comprometida con la lucha contra la corrupción y con las instituciones creadas tras la revolución de Maidan: en 2024, casi el 80% consideraba la corrupción como el segundo «problema principal de Ucrania», sólo por detrás de la agresión militar rusa 4.