En seis meses, Donald Trump ha firmado 170 decretos presidenciales, más que Biden entre 2021 y 2024 (149). Sin embargo, más allá del número de documentos, el análisis del contenido de estas executive orders revela una disminución de su tamaño en comparación con la anterior administración demócrata.

  • Estos 170 decretos contienen una media de 1.200 palabras cada uno (4 minutos de lectura), frente a las 2.100 de los firmados por Joe Biden entre 2021 y 2024, lo que los hace un 42% más cortos.
  • Las órdenes ejecutivas firmadas desde el 20 de enero de 2025 también son un 16% más cortas que las firmadas por Trump durante su primer mandato (entre 2017 y 2020).
  • En consecuencia, el volumen de decretos presidenciales de Trump desde principios de 2025 sólo es un 40% superior al de los firmados por Biden en 2021, aunque el número de documentos es un 120% mayor.

Desde el 20 de enero, Trump ha recurrido considerablemente a su poder ejecutivo para impulsar su agenda. 

  • En materia de comercio, en primer lugar, con la declaración de «emergencias nacionales» utilizada para justificar la imposición de aranceles, en particular mediante la invocación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Trump se ha convertido así en el primer presidente en utilizar esta ley para imponer aranceles. 
  • Los decretos también se han utilizado para estimular la producción energética y la extracción de hidrocarburos, reformar el Gobierno federal, cerrar el Departamento de Educación o disuadir a los grandes bufetes de abogados de impugnar sus acciones.
  • Varios de estos decretos tenían por objeto eludir la autoridad del Congreso, en particular al posponer en tres ocasiones la prohibición de TikTok en Estados Unidos, negándose así de facto a aplicar la cláusula Take Care contenida en el artículo II de la Constitución.

Trump ha recurrido al poder ejecutivo más que ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos. Al mismo tiempo, sólo firmó cinco leyes aprobadas por el Congreso durante sus primeros 100 días, de las cuales sólo una (la Laken Riley Act) introduce cambios significativos en la legislación estadounidense, en este caso en materia de inmigración.