La presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado en repetidas ocasiones que «México es el país más democrático del mundo» porque sería la primera y única nación en elegir a todos los miembros del poder judicial —tanto a nivel federal como local—. Argumentando que el poder judicial era corrupto y no representaba «la voluntad del pueblo», su gobierno siguió adelante con unas elecciones nacionales el 1 de junio 1. Como era de esperar, el resultado ha suscitado serias preocupaciones sobre el futuro de una democracia aún incipiente.
Aunque Sheinbaum y el partido gobernante, Morena, consideran que este experimento ha sido un éxito 2, la legitimidad del proceso ha sido cuestionada debido a los altos niveles de abstención 3, las irregularidades documentadas, guías de voto y otras tácticas empleadas por Morena para garantizar un resultado favorable.
A pesar de los esfuerzos de Morena por movilizar el voto, la tasa de abstención se situó en el 87%, lo que supuso una participación del 13%, la más baja desde que México se convirtió en una democracia electoral. Aún más preocupante es que más de la mitad de los votantes emitió un voto nulo 4, en lo que parece una protesta contra un proceso que los partidos de la oposición y millones de ciudadanos consideraron una farsa o antidemocrático.
Más de 130.000 personas se inscribieron para ejercer como observadores electorales. Esta cifra tan elevada llevó a las autoridades electorales a sospechar que Morena había enviado simpatizantes partidistas para hacerse pasar por observadores, con el fin de acceder a las urnas y distribuir indicaciones para el voto o ejercer otras formas de presión.
A pesar de los esfuerzos de Morena por movilizar el voto, la tasa de abstención se situó en el 87%, la más baja desde que México se convirtió en una democracia electoral.
Denise Dresser
La participación en la mayoría de los estados fue inferior al 15 %. Según datos oficiales, los votos en blanco y nulos representaron el 23 % del total de votos emitidos, el doble de los obtenidos por el candidato que será presidente de la Suprema Corte de Justicia. Las organizaciones de la sociedad civil y los observadores independientes documentaron irregularidades durante la jornada electoral, entre ellas la prevalencia de guías impresas y denuncias de distintas versiones de las mismas, algunas diseñadas para ser comidas y eliminar así las pruebas de su existencia 5.
Cuando se le preguntó a la líder de Morena, Luisa María Alcalde, sobre la ilegalidad de las tácticas del partido, esta restó importancia a las críticas y afirmó que los mexicanos habían demostrado su «creatividad».
Las elecciones suponen un golpe devastador para la joven democracia electoral de México y marcan el regreso a un régimen autoritario competitivo. Morena dominará ahora los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, lo que supone el fin de una era de treinta años caracterizada por la división del poder y los pesos y contrapesos. En general, esto anuncia una nueva era que no ofrece nada que celebrar.
Un refuerzo del control del partido sobre el poder judicial
Durante meses, Morena trató de controlar el proceso electoral y sesgar el resultado a su favor mediante la creación de comités de selección para evaluar a miles de candidatos, el registro de candidatos con lealtades partidistas y el establecimiento de requisitos mínimos para ser juez federal, magistrado federal o ministro de la Suprema Corte, como tener una nota media de B en la universidad, una licenciatura en Derecho y cinco años de experiencia en un campo relacionado.
Los candidatos no compitieron en igualdad de condiciones, ya que los candidatos respaldados por el gobierno tuvieron acceso a recursos públicos para promocionarse, mientras que el partido gobernante distribuyó guías para garantizar que los votantes de Morena votaran por los candidatos preferidos del partido en una papeleta extraordinariamente complicada. Los votantes tuvieron que elegir 881 cargos de una lista de 2.681 puestos federales y estatales, con poca información disponible sobre las cualificaciones o la experiencia de los candidatos.
Las elecciones suponen un golpe devastador para la joven democracia electoral de México y marcan el regreso a un régimen autoritario competitivo.
Denise Dresser
Los resultados representan una victoria política para el partido gobernante, ya que los ganadores fueron precisamente los mismos candidatos que figuraban en las guías distribuidas por Morena.
El control partidista de los tribunales quedó asegurado. Sin embargo, las elecciones también pusieron de manifiesto la falta de legitimidad que ha caracterizado el proceso desde sus inicios.
Las condiciones esenciales para garantizar unas elecciones libres y justas se vieron socavadas antes de la jornada electoral. Debido a los importantes recortes presupuestarios del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de Sheinbaum al Instituto Nacional Electoral (INE), hubo menos de la mitad de urnas que en unas elecciones presidenciales o intermedias. Debido a la complejidad y al número de papeletas, estas no fueron contadas por los ciudadanos en las urnas, como ha sido habitual en todas las elecciones celebradas en México desde 1997, sino que fueron trasladadas a las oficinas locales del INE, donde el recuento ha tardado días en completarse y no se llevará a cabo una verificación independiente.
La popularidad y la lealtad se convirtieron en los factores decisivos para los candidatos ganadores.
La presidencia de la Suprema Corte de Justicia fue ganada por un operador de Morena de origen indígena, lo que llevó al partido gobernante a celebrar el pluralismo y la diversidad, minimizando la falta de experiencia de Hugo Aguilar Ortiz y su papel en la organización de las «consultas populares» en apoyo a las obras públicas masivas de López Obrador.
Tres mujeres que eran miembros de la anterior Suprema Corte y fueron nombradas por López Obrador volvieron a ser elegidas en las urnas; una de ellas ha sido acusada de plagio grave en sus tesis de licenciatura y doctorado, y está casada con un prominente contratista del gobierno. Las otras dos hicieron campaña basándose en su lealtad al partido gobernante.
El recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, que evaluará las sentencias judiciales y tendrá la facultad de destituir a los jueces sin posibilidad de apelación, también estará influenciado por el control partidista. Los cinco miembros han trabajado anteriormente en gobiernos de Morena o han expresado públicamente su lealtad a la llamada «Cuarta Transformación».
Las elecciones también pusieron de manifiesto la falta de legitimidad que ha caracterizado el proceso desde sus inicios.
Denise Dresser
Los vicios del poder judicial siguen intactos
Aunque el gobierno presenta las elecciones como un medio para combatir los vicios del poder judicial, en última instancia no lo conseguirá.
Si López Obrador y Sheinbaum hubieran tenido realmente la intención de promover una reforma que abordara los problemas de fondo del sistema judicial, habrían tenido tanto el poder político como el tiempo para hacerlo. Para ello habría sido necesario abordar las causas fundamentales de la tasa de impunidad del 98% en México: la incompetencia y la corrupción de los fiscales y los policías. En cambio, a mitad de su mandato, AMLO comenzó a criticar a los jueces y a los miembros de la Suprema Corte que trataban de establecer límites constitucionales a su autoridad.
El llamado a destituir a la actual Suprema Corte y a todos los jueces fue más un acto de venganza que un esfuerzo por erradicar la corrupción o el nepotismo en los tribunales.
La Suprema Corte intentó bloquear la militarización inconstitucional de la seguridad pública, la destrucción de instituciones autónomas y la toma de control por parte del gobierno del instituto electoral autónomo del país, el INE. Los jueces y magistrados federales ordenaron amparos contra la construcción del Tren Maya debido a su impacto ambiental negativo en la península de Yucatán, entre otros ejemplos.
El poder judicial trató de actuar como contrapeso —y fue castigado por ello—. Tanto AMLO como Sheinbaum presentaron las elecciones como un medio para liberar a la democracia mexicana de las élites oligárquicas y corruptas que se oponían a su proyecto transformador.
Un experimento fallido
Lo que Sheinbaum denomina «un experimento democrático» ha sido ampliamente condenado.
El expresidente Ernesto Zedillo, que lideró la transición de México a la democracia electoral en 2000, calificó las elecciones como «un asesinato de nuestra joven democracia».
El Relator Especial de las Naciones Unidas declaró que la reforma podría eliminar cualquier vestigio de independencia judicial y dar lugar a sentencias impulsadas por presiones partidistas que entran en conflicto con las normas internacionales de derechos humanos.
El poder judicial trató de actuar como contrapeso —y fue castigado por ello—.
Denise Dresser
Incluso en Washington, miembros de la administración de Trump han expresado su preocupación por la politización del poder judicial, que viola artículos explícitos del T-MEC.
Y la ONG Human Rights Watch teme que un poder judicial controlado por Morena pueda obstaculizar la capacidad de los tribunales para actuar como árbitros neutrales en casos relacionados con la rendición de cuentas del gobierno o la corrupción.
Esta condena generalizada surge de lo que debería parecer obvio. Las democracias no suelen elegir a los jueces porque su función es defender la ley, no dictar sentencias populares o partidistas; solo unos pocos países lo hacen, y las elecciones se limitan en su mayoría a los tribunales inferiores.
La politización del poder judicial lo convierte en un arma del partido gobernante, despojando a los ciudadanos de sus derechos y contribuyendo a la instrumentalización de la justicia contra los críticos y los miembros de la oposición.
El experimento de México se ha presentado como un intento de eliminar un poder del Estado corrupto y elitista, vinculado a lo que la presidenta denomina «la larga noche neoliberal». Sin embargo, Sheinbaum y su partido pretenden injertar los adornos de la democracia en un proceso que la socava y politiza el sistema judicial. Se trata de una escandalosa toma del poder por parte de un partido, disfrazada de manifestación de la voluntad popular.
Notas al pie
- Mary Beth Sheridan y Gabriela Martínez, “Mexico’s ruling party expands its power in massive judicial election”, The Washington Post, 3 de junio de 2025.
- Thomas Graham, “Mexican president hails ‘complete success’ after just 13 % vote in judicial elections”, The Guardian, 2 de junio de 2025.
- “Mexico’s first judicial elections marked by low turnout, confusion and disillusionment”, NBC News, 2 de junio de 2025.
- Ningún candidato venció los votos nulos en elección judicial.
- En Cancún distribuyen acordeones comestibles para elección judicial.
