¿Cómo analiza el regreso de Donald Trump en Estados Unidos y sus cien primeros días en el poder en la Casa Blanca? ¿Qué ha cambiado o implicado la presidencia Trump para El Salvador?
El presidente Trump y el presidente Bukele tienen una relación muy cordial, de mucho respeto, con muchas visiones en conjunto para resolver los problemas de cada uno de nuestros países. Nos alegra de que haya esa visión y esa relación armónica entre ambos presidentes.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca lo vemos como el derecho soberano de cada pueblo y cada democracia de elegir a sus gobernantes en procesos electorales legítimos y transparentes. Es la decisión soberana del pueblo de los Estados Unidos la que ha hecho que el señor Trump sea presidente de nuevo.
Hasta ahí podemos opinar, porque como miembros de un gobierno extranjero nunca opinamos sobre los asuntos internos de otro Estado y por eso no podemos entrar a hacer valoraciones —sino simplemente reconocer objetivamente los hechos—.
En este caso, los hechos objetivos son que las elecciones que se llevaron a cabo el mes de noviembre del año pasado reflejaron claramente la voluntad del pueblo de los Estados Unidos de América.
En el centro de esa relación entre Estados Unidos y El Salvador están los detenidos que se mandan a las cárceles salvadoreñas. ¿Cómo se justifica legalmente que el CECOT se convierta en una suerte de cárcel estadounidense —una suerte de territorio estadounidense—? ¿No es una forma de vasallización extrema hacia Estados Unidos y no implica incluso un problema de soberanía para ustedes?
No, definitivamente no. Lo que nosotros hacemos es diferente. El Salvador es un país que propone una oferta de servicios a la comunidad internacional.
Tenemos una oferta de servicios turísticos, de servicios tecnológicos —aquí en El Salvador está instalada una de las oficinas más grandes de Google—, de servicios médicos.
La calidad de los internos o de la persona que viene no la califica El Salvador; la califica el Estado que pide la prestación de servicio.
Félix Ulloa
En torno a lo que usted menciona: en vista de la calidad y seguridad de las instalaciones que proponemos, se está dando este servicio que podríamos llamar un alojamiento penitenciario. Es como si viene una persona a El Salvador y pide tratamiento médico; tenemos turismo médico para personas que vienen a hacerse tratamiento odontológico, etc.
Entonces no vemos que sea un tema de derecho internacional ni de conflicto internacional en la medida en que está respaldado por la prestación de un servicio. La calidad de los internos o de la persona que viene no la califica El Salvador; la califica el Estado que pide la prestación de servicio.
¿Eso significa que hoy cualquier país, el gobierno francés o español por ejemplo, podría contactar a su administración para pedirle que reciban a prisioneros en las cárceles salvadoreñas?
Claro, con todo gusto. Cualquier país puede requerir los servicios de las instalaciones penitenciarias de El Salvador. Tenemos la capacidad para poder brindar ese servicio.
Es una relación de carácter estrictamente comercial o financiero. Es una relación de prestación de servicio; es decir, no se trata de una exportación —como muchos lo han dicho— de un sistema carcelario.
De hecho, hemos tenido ya la visita de varios gobiernos que han venido a El Salvador para examinar nuestro sistema. El último que acaba de estar acá es una delegación de Ecuador cuyos miembros estuvieron revisando nuestras instalaciones: no sólo del CECOT, sino estuvieron también en el centro penitenciario de Santa Ana donde pudieron ver cómo funciona nuestro sistema.
Ahí están las declaraciones de los funcionarios ecuatorianos que explican cómo está la calidad de vida de los internos, su inserción en los mercados laborales. Pudieron ver los talleres que tenemos en diferentes industrias, producción de ropa, de uniformes, de pupitres para las escuelas, producción agropecuaria con granjas de porcino, de gallinas.
En fin, hay todo un sistema penitenciario en El Salvador que sirve de modelo para otros países. En ese sentido, le damos por ejemplo a los internos la posibilidad de conocer nuevas formas de trabajo o desarrollar nuevos oficios para algunos de ellos en panadería, en agricultura, sastrería, carpintería, etc. con un programa que se llama “Cero Ocio”.
Cualquier país puede requerir los servicios de las instalaciones penitenciarias de El Salvador.
Félix Ulloa
¿A qué papel aspira El Salvador de Bukele, con esta influencia inédita —lo que podríamos llamar poder blando— en el escenario internacional, a su vez en la región y en el mundo?
En primer lugar, nosotros no estamos interesados en exportar nuestro modelo.
Lo que sí estamos es abiertos para compartir nuestra experiencia con los gobiernos o las instituciones que nos piden explicarlo. En ese caso, se los planteamos sin ningún problema.
De hecho, usted mencionaba el caso de Francia: yo tuve la oportunidad de hablar con el ministro del interior de Francia Bruno Retailleau y explicarle cómo funciona nuestro plan de control territorial, nuestra política de seguridad. En este caso, enviamos documentación para que ellos pudieran conocer de primera mano nuestra experiencia en el éxito que ha tenido El Salvador en materia de seguridad.
Después de ser el país más violento del mundo, después de tener una tasa de más de 30 asesinatos diarios —o sea cada hora se asesinaba más de un salvadoreño en 2015—, ahora es el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Somos más seguros que Canadá que tiene una tasa de 2.5 muertos por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos en 1.9 por cada 100.000 habitantes —es decir, el país más seguro de las Américas—.
Se suele escuchar que muchos países quieren aplicar el mismo modelo salvadoreño…
Por supuesto, el éxito de nuestro modelo llama la atención de muchos gobiernos. Sus respectivos pueblos están reclamando la aplicación del modelo salvadoreño porque se ve la forma en que los salvadoreños ahora disfrutan de la vida diaria.
Uno ahora va a ver a las personas en El Salvador con una sonrisa en la cara. En el transporte público, en los espacios públicos, en todos los lugares donde hay concentraciones de personas, uno ve los rostros alegres.
Hace cinco años esas mismas caras eran caras de angustia. Lo único que se veía era tristeza y preocupación. Entonces, hay un pueblo que da testimonio de los beneficios de la política de seguridad de este gobierno. Eso va en contra de las críticas de algunos organismos que se permiten hablar sin conocer la realidad de El Salvador, sin haber vivido la angustia de nuestro pueblo.
Sólo si tomamos el periodo antes de que el presidente Bukele tomara posición el 1 de junio de 2019, en los dos gobiernos anteriores de 2009 a 2019, se asesinaron a 41.000 salvadoreños. Esas son cifras del Instituto de Medicina Legal: 41.000 salvadoreños en una década. Ahora llevamos más de 880 días con cero homicidios.
Entonces, las cifras hablan por sí mismas. Más allá de las consideraciones que hagan personas con una visión crítica o sesgada, los datos hablan por sí mismos.
Y es el pueblo salvadoreño el que está, con su permanente respaldo a las políticas del presidente, validando toda la política de seguridad de nuestro gobierno.
Hay casos periodísticos que dicen que algún funcionario negoció con las pandillas: son acciones aisladas. No es una política de gobierno.
Félix Ulloa
¿Es posible establecer la paz en El Salvador como lo ha logrado su administración sin negociar —o sin haber negociado en algún momento— con las maras?
Desde luego. Es decir, este gobierno jamás ha negociado con las maras. Y eso lo podemos sostener vis a vis los gobiernos anteriores. Están grabadas las conversaciones entre funcionarios, por ejemplo, del gobierno del FMLN: hay pruebas del entonces ministro Arístides Valencia y Benito Lara, que eran funcionarios de alto nivel del gobierno, negociando con una pandilla. Y en el otro lado, también hay pruebas del alcalde de San Salvador de la época, Ernesto Muyshondt, con el que era presidente de la Asamblea Legislativa, el doctor Norman Quijano, negociando con la otra pandilla. Eso está grabado, está procesado, está judicializado. Hay procesos judiciales.
En el caso de El Salvador, desde 2019 hasta la fecha, el presidente Bukele jamás ha autorizado ningún tipo de negociación con las pandillas. Hay casos periodísticos que dicen que algún funcionario negoció: son acciones aisladas. No es una política de gobierno.
Al contrario, en el pasado, cuando las maras querían conseguir mayores prestaciones del gobierno se negociaba. Por ejemplo, los cabecillas tenían una vida holgada en los penales, les llevaban fiesta, strippers, tenían todas las prestaciones. Pero si querían más, aceleraban la cuota de homicidios y los gobiernos para bajarla, negociaban con ellos y les daban más prestaciones.
Aquí quisieron hacer lo mismo en marzo de 2022: en un fin de semana, asesinaron más de 80 personas pensando que el gobierno iba a ceder a sus pretensiones.
Ese día se decretó el régimen de excepción y ese día se declaró la guerra contra las pandillas —que todavía está vigente hoy—. Y a partir de ese momento, tenemos a más de 85.000 miembros de pandillas o colaboradores que están siendo procesados. Algunos de ellos ya han sido condenados, otros están en las cortes esperando sus juicios.
Entonces eso le demuestra que no ha habido ningún tipo de negociación con ellos. La prueba es que tenemos a los cabecillas del más alto nivel de las pandillas encarcelados. Anteriormente, se capturaban a pandilleros de rango bajo o mediano, palabreros, gatilleros, homeboys. Nosotros ya hemos capturado 13 de los 15 máximos cargos de la MS-13. Sólo se nos están escapando dos o tres —pero hemos llegado a todas las estructuras—.
Eso le indica que no puede haber ninguna negociación cuando se está desarticulando todo el poder logístico, económico, organizacional y militar que tenían las estructuras criminales.
Es una relación de carácter estrictamente comercial o financiero. Es una relación de prestación de servicio; es decir, no se trata de una exportación —como muchos lo han dicho— de un sistema carcelario.
Félix Ulloa
Dice que han capturado a los cabecillas del más alto nivel pero en las últimas publicaciones de El Faro el líder pandillero del Barrio 18 llamado Charli afirma haber sido liberado por el Gobierno de Bukele y haber pactado con él.
Bueno, acuérdese que pueden decir cualquier cosa.
Cuando el presidente Bukele fue alcalde de la ciudad de San Salvador, dijeron que también había negociado con las pandillas para liberar las calles del centro de la ciudad. Es posible que en las negociaciones con los líderes de los vendedores ambulantes hayan habido pandilleros y por eso dicen ellos que son negociaciones entre las pandillas y el gobierno.
Pero como política de Estado nunca ha habido negociación.
¿Tienen un registro con todas las detenciones en El Salvador? ¿Saben cuántos detenidos hay actualmente en las cárceles salvadoreñas?
Actualmente hay más de 85.000 detenidos sólo a nivel de miembros de pandillas.
Hay presos por razones personales, por delitos comunes, etc. pero los pandilleros tienen su propio régimen. Están bajo una normativa especial —que es la del régimen de excepción—. Nosotros no les aplicamos este régimen a los delincuentes comunes, sino que sólo a los miembros de las pandillas.
Cuando el presidente Bukele fue alcalde de la ciudad de San Salvador, dijeron que también había negociado con las pandillas para liberar las calles del centro de la ciudad. Es posible que en las negociaciones con los líderes de los vendedores ambulantes hayan habido pandilleros.
Félix Ulloa
¿Qué va a pasar con los venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos a El Salvador y que Bukele ha propuesto a Maduro intercambiar con presos venezolanos?
Ahí puede ver la doble moral de la comunidad internacional.
Por un lado, hay un informe reciente de Naciones Unidas que pide que se liberen a los venezolanos que están detenidos en El Salvador. El presidente Bukele ha ofrecido su libertad a cambio de que el dictador Maduro libere a los que sí son presos políticos en Venezuela. Están presos por su forma de pensar, por su afiliación política.
Aquí estos están presos por haber cometido delitos en un país que los ha enviado y nosotros los tenemos en alojamiento penitenciario. Entonces, cuando el presidente da esta solución, esta salida, nadie de la comunidad internacional piensa en los presos políticos de Venezuela. Incluso se habla de la mamá de María Corina Machado que también está acosada en Venezuela.
Ahí es donde nosotros vemos que hay una doble moral: por un lado, se está abogando por personas que han cometido ilícitos y que están detenidos por delitos y por otro lado, no se aboga por personas que están detenidas simplemente por su forma de pensar.
Eso es lo que nosotros queremos que se vea —y es lo que el presidente Bukele ha evidenciado—: la doble moral de la comunidad internacional frente a un hecho notorio. Como lo dijo el presidente, si Maduro liberó 30 presos políticos por uno que estaba detenido en Estados Unidos, ¿por qué ahora no libera en igual número de paridad a los presos políticos con el número de venezolanos que están detenidos en El Salvador?
¿Cuál es la próxima fase del plan de seguridad del modelo salvadoreño? ¿A quién van a detener si las pandillas ya no están en la calle y tienen a 85.000 mareros presos como usted indica?
En estos momentos estamos en la sexta etapa.
El “Plan Control Territorial” tiene siete.
Estamos en la penúltima —la etapa de la integración social—.
Los pandilleros tienen su propio régimen. Están bajo una normativa especial —que es la del régimen de excepción—.
Félix Ulloa
Para eso se creó la Dirección de Integración Social que permite la reconstrucción del tejido social que fue destruido por la violencia durante la época en la que las maras controlaban el territorio nacional y la vida de las comunidades. La vida y la muerte estaban en sus manos. Entonces ese tejido social se desarticuló. Ahora lo estamos reconstruyendo.
Hay una política de construcción de los CUBOS: Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades. Los estamos construyendo en las zonas donde las maras tenían sus cuarteles generales o las zonas más golpeadas por la violencia. Ahora son espacios públicos que se están recuperando para las personas.
Las escuelas se han recuperado, ya no son el objetivo que tenían las maras para reclutar a los estudiantes que servían para cobrar extorsiones o para el narcomenudeo de droga. Es decir, ahora la escuela se ha vuelto otra vez el centro educativo por excelencia. Hemos recuperado los espacios públicos, los parques, etc.
Ahora vemos a las personas que van a los parques en la noche, cuando antes eso no se veía. Antes en los espacios públicos los niños no podían cruzar una calle a otra porque una mara controlaba un sector y la otra mara el otro. Ahora esos espacios se han borrado: hay campeonatos de fútbol y básquetbol en todas las colonias.
Es decir, se ha recuperado la normalidad y la armonía en las comunidades.
¿Qué le espera a la gran cantidad de inocentes detenidos arbitrariamente por el régimen que se encuentran en las cárceles salvadoreñas?
Si usted sigue la información oficial, va a ver que se han liberado más de 7.000 personas que han logrado comprobar en los tribunales que no tienen ninguna vinculación con las maras.
Hay una administración de justicia en la cual el debido proceso se garantiza a toda persona que es detenida. Si no tiene para pagar un abogado, el Estado le proporciona abogados. Se han contratado a más de 300 abogados por parte de la Procuraduría General de la República para representar a las personas que no tienen recursos para pagar un abogado.
Si consideramos que hemos capturado a más de 80.000 personas y hemos liberado a más de 7.000, el margen de error es de menos de un 10%.
Félix Ulloa
Y luego, los procedimientos ya no dependen del gobierno; dependen de la justicia, de los jueces. Si se les presentan las evidencias adecuadas y correctas, los procesados van recuperando su libertad. No son decenas, ni cientos: son miles las personas que han salido libres. El último reporte de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos indica que durante los tres años de régimen de excepción un poco más de 7.000 personas han logrado recuperar su libertad al demostrar que no pertenecían a las estructuras criminales.
Se le podría objetar que ya son 7.000 demasiados… Es considerable el número de inocentes encarcelados.
Si consideramos que hemos capturado a más de 80.000 personas y hemos liberado a más de 7.000, el margen de error es de menos de un 10%.
En una guerra como la que tenemos contra las pandillas, esto para nosotros es un éxito. Eso quiere decir que lo que estamos haciendo no es perfecto —y eso lo reconocemos—. Pero sigue siendo algo muy bueno. No hay ninguna obra humana perfecta. Lo que tratamos es reducir el margen de error.
Por eso hemos establecido también protocolos para capturar a las personas. No nos vamos a llevar preso a cualquier joven que anda con un tatuaje. Se han corregido las malas prácticas de policías o de militares que han abusado, violado derechos humanos o capturando personas por razones personales. Es más, la semana pasada se condenó a un policía a 25 años de prisión porque estaba extorsionando gente y usaba su poder para meter gente a la cárcel.
Esos errores son los que se están corrigiendo. Hay una oficina en la policía de quejas contra el mal proceder de policías. Se ha acusado de que el gobierno salvadoreño viola los derechos humanos. Esa es otra mentira: la política del Estado es defender los derechos humanos de la población.
Cuando nosotros llegamos al gobierno había habido 41.000 asesinados. O sea, se habían violado los derechos humanos de 41.000 personas —y de toda su familia, los huérfanos, las viudas, todos sus entornos—. El Estado no los defendía. Nosotros salimos a defenderlos.
Nos dicen que hay 300 o 400 denuncias de personas que han sido capturadas ilegalmente. Pero en una relación de proporcionalidad, uno puede ver que la acción del gobierno es claramente proteger a la población en su conjunto.
Hemos liberado a más de 7 millones de personas que estaban atrapadas en sus casas por el temor a las maras. Han sido liberadas hoy las comunidades. A cambio, hemos recluido a 85.000 individuos que están recibiendo el proceso judicial indicado. Son los tribunales los que se encargan de establecer las penas.
