Fedi tenía 20 años y cara de niño. El 3 de julio se quitó la vida en la cárcel de Sollicciano, en Florencia. Nacido en 2004, había llegado a Italia siendo menor procedente de Túnez y estaba encarcelado desde 2022. En una denuncia —presentada gracias a la asociación L’Altro Diritto, un centro de documentación gestionado por la Universidad de Florencia— describía las deplorables condiciones de detención en la prisión florentina, llena de moho, ratones y chinches. Como todas las cárceles italianas, estaba superpoblada: el 30 de junio de 2024, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Justicia, había 61 758 reclusos para una capacidad total de 50 911, cifra de la que habría que restar las plazas inutilizables. Italia vuelve a acercarse peligrosamente a las cifras que la llevaron a ser condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en enero de 2013 por trato inhumano y degradante, con 66 585 presos al 13 de abril de 2012, lo que supone una tasa de hacinamiento en las cárceles del 148%.
Además de los más de 60 000 internos en prisión, al 30 de junio de 2024 había 141 115 personas sujetas a medidas alternativas, penas alternativas, libertad condicional, etc. Esta cifra considerable, que ha aumentado con el tiempo, es útil para comprender lo vasto que es el campo de la represión penal en Italia.
En su denuncia, Fedi describe las condiciones de vida —y de muerte— en la cárcel de Sollicciano.
«Las paredes de la celda, especialmente la que está junto a la cama, presentan manchas visibles de humedad y moho. Estas formaciones fúngicas se deben a la frecuente infiltración de agua, que aumenta considerablemente cuando llueve. Los internos en general, y el denunciante en particular, se ven obligados a limpiar ellos mismos el moho con lejía, pero el problema es tan endémico que no pueden solucionarlo estructuralmente por sí solos…».
La presencia de infiltraciones de agua y moho es tanto más grave cuanto que el sistema de calefacción muchas veces no funciona, debido, una vez más, al constante hacinamiento de la cárcel de Sollicciano.
«Incluso cuando el sistema termohidráulico funciona, la celda está fría. Por lo tanto, el denunciante se ve obligado a vivir en un ambiente insalubre, frío y húmedo. Nunca hay agua caliente en la celda (…). En consecuencia, el denunciante se ve obligado a lavarse todos los días con agua helada y a fregar los platos —en el mismo fregadero que se utiliza para la higiene personal— en las mismas condiciones. Debido a la humedad constante y a la falta de ventilación de la celda, se ve obligado a mantener constantemente abierta la ventana del baño, por lo que la higiene personal y el lavado de los platos tienen que hacerse con agua helada.»
Bajo la dirección de Giuliano da Empoli.
Con contribuciones de Josep Borrell, Lea Ypi, Niall Ferguson, Timothy Garton Ash, Anu Bradford, Jean-Yves Dormagen, Aude Darnal, Branko Milanović, Julia Cagé, Vladislav Surkov o Isabella Weber.
En la sección, como en la celda de Fedi, había ratas:
«Recientemente, el denunciante consiguió cazar una, que luego mostró a los funcionarios y al personal médico. El 6-11-2023, acudió a la entrevista psico-clínica sosteniendo una botella en cuyo interior había una rata que atrapó en la celda.»
Además de las ratas, Fedi se quejó de la presencia invasiva de chinches.
«Ya le habían picado antes y le causaron heridas. Las chinches suelen esconderse por toda la prisión, en colchones, telas, grietas de las paredes y hendiduras de los muebles, y causan lesiones cutáneas por picaduras, manchas rojas en la piel, comezón e hinchazón. Ha visto chinches por el techo, incluso en el departamento jurídico, y ha tenido que despertarse en mitad de la noche para voltear el colchón —una delgada esponja de espuma— y desinfectarlo todo…»
En cuanto a la cocina, donde trabajaba Fedi, presenta «graves deficiencias higiénicas y estructurales: está infestada de palomas y ratas. Las ratas se esconden bajo las alacenas de la cocina y los trabajadores encuentran a menudo restos de comida roída por ellas».
Fedi es una de las 60 personas que se han suicidado en prisión desde principios de 2024.1
En 2022, el número de estas «muertes en prisión» alcanzó su punto álgido: ese año, 84 personas se quitaron la vida en las cárceles italianas. Sin embargo, estas cifras no tienen en cuenta a todas las personas que se declaran en huelga de hambre o intentan suicidarse sin conseguirlo. Algunas de ellas son hospitalizadas y mueren de complicaciones debidas a la inanición autoinfligida y a las consecuencias de su intento de suicidio, pero sus muertes no se contabilizan directamente como suicidios. Así pues, el número de muertes por suicidio en prisión es en realidad muy superior a esta cifra, ya de por sí preocupante. Como explica el filósofo del derecho Emilio Santoro, cada suicidio «es una historia en sí misma», que invita a tener en cuenta la complejidad de una elección tan personal que no deja lugar a correlaciones fáciles:
«El primero en plantear la hipótesis de que podíamos estudiar la evolución de los suicidios como un hecho social fue Durkheim, en su famoso estudio de finales del siglo XIX. En su tipología, el sociólogo francés distinguió el suicidio anómico, que reviste especial importancia para comprender el suicidio en prisión. Es un suicidio causado por la desorientación de quienes viven en una sociedad sin orden y cuestionan los principios que se dan por sentados. La anomia es, de hecho, la situación típica de las cárceles italianas, que aniquilan e infantilizan la personalidad de los reclusos, privados de sus derechos.»2
El número de personas que se han quitado la vida en prisión es tan alarmante que incluso el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, sintió la necesidad de pronunciarse sobre el tema el 18 de marzo:
«Es urgente actuar. Es importante y esencial atajar el problema de inmediato y con urgencia. Hay que hacerlo por respeto a los valores de nuestra Constitución, pero también por respeto a los detenidos en las instituciones penitenciarias y a quienes trabajan en ellas.»3
Recientemente, el papa,4 en una visita a las cárceles de Venecia y Verona, también pidió a las instituciones «que no priven a nadie de su dignidad» e instó a los presos a «no ceder al desánimo; la vida siempre merece la pena ser vivida, y siempre hay esperanza para el futuro, incluso cuando todo parece extinguirse».
El ministro de Justicia, Carlo Nordio, antiguo magistrado y miembro de Fratelli d’Italia, liberal sobre el papel, declaró el 17 de enero que los suicidios «están muy extendidos en todo el mundo. No se trata de subestimarlo ni de resignarse a que es un fenómeno que existe, como las enfermedades». Por ello, «no podemos pensar en eliminar estos fenómenos, porque la prisión, como las guerras, forma parte desgraciadamente de la herencia de la marca de Caín». En abril, Nordio firmó un decreto por el que se asignaban 5 millones de euros al servicio penitenciario para este año. Esta suma está destinada a «reforzar los servicios de tratamiento y psicología en los institutos, recurriendo a expertos y profesionales especializados externos a la administración».
Aunque la dotación presupuestaria anual para la prevención del suicidio y la reducción de la angustia de los reclusos se ha más que duplicado, el reciente proyecto de ley penitenciaria firmado por Nordio es considerado insuficiente por los iniciados. Aumenta el número de llamadas mensuales de 4 a 6 y prevé la contratación de 1 000 policías penitenciarios. El malestar en las prisiones —la «universidad del crimen», como la llamaba Tocqueville— es estructural. Pero podría reducirse no convirtiendo los problemas sociales en objeto del derecho penal. El derecho penal es un recurso escaso. Sin embargo, el Parlamento y el gobierno italianos siguen constantemente una lógica inflacionista que consagra cada vez más delitos en la ley.
Por ejemplo, el actual gobierno de Meloni se estrenó en 2022 con un decreto-ley de «fiesta anti-rave» que introdujo el delito de invasión de terrenos o edificios con el objetivo de organizar reuniones de más de 50 personas: este nuevo delito conlleva una pena de prisión de entre tres y seis años y una multa de entre mil y diez mil euros. En noviembre de 2023, el Parlamento aprobó el llamado decreto Caivano, que amplía la posibilidad de aplicar la prisión por flagrante delito y la prisión preventiva, desvirtuando así —escribe en un informe la asociación Antígona, que vela por los derechos de los presos— «la estructura del código de procedimiento penal de menores de 1988». El decreto «ya está provocando un aumento de los ingresos en los institutos penitenciarios de menores».
«El aumento de las penas y la posibilidad de dictar prisión preventiva, sobre todo por delitos menores relacionados con las drogas, seguirá provocando una gran afluencia de jóvenes a la cárcel, incluso en la fase preventiva. En lugar de intervenir en los servicios de adicciones y en la educación en las escuelas, vamos a agravar un delito, lo que dará lugar a más detenciones de menores que consumen sustancias psicotrópicas, aunque sean leves, y que a menudo sólo participan ocasionalmente en el tráfico de estas sustancias.»
El hacinamiento, por tanto, ya no es patrimonio exclusivo de las cárceles de adultos: al 30 de abril de 2024, 571 chicos y chicas estaban encarcelados en los 17 institutos penales para menores, y en siete de ellos —entre ellos Treviso— había más ingresos que plazas disponibles; en los cuatro primeros meses de 2024, se registró un aumento de más del 15%.
«Italia no puede considerarse un modelo en materia de Derecho penal», explica al Grand Continent la filósofa del Derecho Sofia Ciuffoletti, directora de L’Altro Diritto:
«Sin embargo, el derecho penal ha sido durante mucho tiempo una excepción. No digo que fuera un modelo perfecto, pero la Unión Europea y el propio Consejo de Europa tomaron a Italia como contexto de referencia». La directiva europea 2016/800 relativa a las garantías procesales de los menores en los procesos penales se inspiró en gran medida en el sistema italiano. Las cárceles para menores nunca habían estado sobrepobladas, al contrario, hasta ahora incluso estaban infrapobladas. Durante el periodo del Covid, la población se redujo aún más, hasta un nivel de unos 350 menores detenidos en todo el país, lo que permite una atención individualizada. Este principio está recogido en nuestra legislación penal juvenil y reafirmado por el Tribunal Constitucional, que no por casualidad se refiere a la función educativa —y no reeducativa— de las penas para menores. Tras las medidas previstas en el decreto-ley Caivano, las cárceles de menores están desbordadas y ya tendremos 550 menores el 15 de junio de 2024.»
Para ella, «a la espera de entender cuál es la visión en términos de política jurídica, podemos decir que el gobierno de Meloni ha inaugurado, por un lado, una tendencia a “hacer la guerra a los jóvenes” con el llamado decreto “anti-rave” publicado a golpe de zumbido pasajero». Pero el fenómeno es más profundo e insidioso:
«Por otra parte, asistimos a una espectacularización de la justicia mediática: son los medios de comunicación los que dictan ahora los caminos de la política judicial. La justicia mediática exige más justicia penal. La ausencia de toda perspectiva de diálogo y de debate cultural conduce inmediatamente a una respuesta en términos de política penal. La espectacularización y mediatización de las noticias no conduce a la necesidad de una reflexión cultural en el debate público y político, sino —en una lógica típica de reducción de la complejidad— a la búsqueda de respuestas simples a problemas complejos. Y las respuestas simples se encuentran siempre en el derecho penal, que produce anuncios políticamente eficaces. Se trata de una estrategia que ha durado varias décadas en toda Europa. Aunque sabemos que no da resultados en términos de resolución de conflictos sociales, a corto plazo tiene un cierto atractivo en términos políticos y electorales.»
En resumen, no sólo la cárcel ya no es el último recurso, sino que casi podría decirse que tiene prioridad sobre todo lo demás. Por eso, en términos generales, explica Ciuffoletti, hay que partir de nuevo de la pregunta planteada por Foucault: «¿De dónde viene la pretensión singular de encerrar a las personas para corregirlas?».
¿Ha demostrado la cárcel su eficacia para reducir la tasa de reincidencia? Probablemente no, porque en muchos países donde todavía es posible realizar investigaciones sobre la reincidencia, la conclusión es clara: la cárcel no ayuda a reducir la reincidencia. En Italia, donde los estudios sobre la reincidencia se interrumpieron en la década de 2000, la idea podría ser apoyar la investigación de campo sobre las tasas de reincidencia tras comparar la prisión y la «ejecución penal externa».
Por no mencionar el hecho de que en la cárcel también permanecen reclusos que no deberían estar allí. Un ejemplo es Beniamino Zuncheddu, un ganadero sardo que, siendo inocente, estuvo casi 33 años encarcelado tras ser acusado de un crimen atroz: fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de tres personas, liberado en noviembre de 2023 y absuelto en enero de 2024. Pero también podríamos mencionar el caso de quienes padecen graves trastornos psiquiátricos, como Álvaro Fabrizio Nuñez Sanchez, un recluso de 31 años que se suicidó en la prisión de Lorusso y Cutugno de Turín el 24 de marzo. El fiscal había ordenado su traslado a una REMS (Residencia de Ejecución de Medidas de Seguridad), uno de esos lugares que albergan a personas declaradas incapaces (o semiincapaces) de entendimiento y voluntad en el momento de cometer el delito pero que son consideradas socialmente peligrosas. Este fue el caso de Nuñez, gravemente enfermo, que intentó matar a su padre apuñalándolo mientras dormía. El joven esperó muchos meses un traslado que nunca llegó, por falta de espacio en una de las dos únicas REMS de Piamonte. El tema de la salud mental en prisión es uno de los más incomprendidos. Es difícil comprender la magnitud del problema, aunque se remonta a los orígenes del encarcelamiento: ¿cómo pueden las prisiones, que son lugares psicopatógenos y «fábricas de discapacidades», tratar a los reincidentes?
«Hay que empezar a pensar en respuestas preventivas a problemas sociales como la drogadicción, el malestar psicológico, la inmigración, la violencia callejera, la pequeña delincuencia y la delincuencia juvenil», afirma Marcello Bortolato, presidente del Tribunal de Vigilancia de Florencia.
«El rapidísimo aumento de las medidas alternativas», explica el profesor Emilio Santoro al Grand Continent, “ha convertido la cárcel en una medida ya sea para ‘delincuentes empedernidos’, o para personas socialmente abandonadas que no disponen de los recursos sociales mínimos para organizar una medida alternativa y que se consideran demasiado difíciles y costosas de gestionar para nuestro sistema social. Estas personas han sufrido probablemente diversos reveses en su vida social. Muchas tienen problemas psiquiátricos y/o una vida destruida por acontecimientos traumáticos y adicciones».
«El problema», añade el profesor Santoro, «es que en lugar de inventar nuevas razones para enviar a la cárcel a cualquiera que se desvíe de la normalidad por supuestos comportamientos que consideramos anormales y perturbadores, tenemos que intentar pensar en cómo descriminalizar muchos comportamientos para los que actualmente se considera la prisión. La palabra mágica es ‘descriminalizar’. Porque si bien la amnistía puede sacar de la cárcel a los ‘alborotadores’ socialmente abandonados que se han comportado de esta manera en el pasado, no impide que regresen rápidamente (su naturaleza problemática lo hace probable), sólo la descriminalización garantiza que esas personas salgan de la cárcel sin volver atrás, pasando definitivamente de una vía de marginación a una vía de inclusión social muy difícil.»
La superpoblación carcelaria no es sólo un problema italiano: es un fenómeno europeo.5
Según las estadísticas del informe Space I del Consejo de Europa, el número de presos por cada 100 plazas disponibles en Europa aumentó un 2% entre el 31 de enero de 2022 y el 31 de enero de 2023 (de 91.7 a 93.5 presos). «Siete administraciones penitenciarias informaron de una densidad de más de 105 presos por cada 100 plazas disponibles, lo que indica un grave hacinamiento», señala el último informe del Consejo de Europa, publicado a principios de junio. «Se trata de Chipre (166 presos por cada 100 plazas), Rumanía (120), Francia (119), Bélgica (115), Hungría (112), Italia (109) y Eslovenia (107). Cinco administraciones penitenciarias comunicaron una densidad muy alta: Grecia (103), Suecia (102), Macedonia del Norte (101), Croacia (101) y Turquía (100). Otras administraciones informaron de una densidad penitenciaria inferior a 100 pero cercana a la sobrepoblación: Irlanda (99), Portugal (98), Finlandia (97), Dinamarca (97), Reino Unido (97) y Azerbaiyán (96)».
A 31 de enero de 2023, había 1 036 680 presos en las 48 administraciones penitenciarias de los Estados miembros del Consejo de Europa que facilitaron esta información (de un total de 51). Entre enero de 2022 y enero de 2023, la tasa media de población reclusa europea aumentó un 2.4% en los países con más de un millón de habitantes: de 113.5 a 116.2 presos por cada 100 000 habitantes, un incremento similar al del año anterior. Dieciséis administraciones penitenciarias registraron aumentos significativos en las tasas de la población reclusa entre enero de 2022 y enero de 2023: Moldavia (+52%), Macedonia del Norte (+26%), Chipre (+25%), Turquía (+15%), Azerbaiyán (+13%), Irlanda (+12%), Montenegro (+11%), Armenia (+11%), Croacia (+10%), Hungría (+8. 7%), Irlanda del Norte (+8.3%), Georgia (+8.2%), Bulgaria (+8.1%), Austria (+6.8%), Italia (+5.7%) y Suecia (+5.1%), en países de más de 500 000 habitantes. Las tasas de encarcelamiento sólo disminuyeron sustancialmente en Malta (-22%), Lituania (-8.9%), Estonia (-8.8%) y Grecia (-5.2%), mientras que se mantuvieron estables en 23 administraciones penitenciarias.
En una obra pionera sobre las prisiones, publicada en 1940 y reeditada en 1958 con el título The Prison Community, Donald Clemmer escribía que «cuando la filosofía haya avanzado, cuando más gente de valores tenga acceso al trabajo penitenciario, cuando se construyan instituciones —más necesarias que nunca— para un número menor de reclusos, y cuando las ciencias de la naturaleza humana inventen mejores instrumentos de tratamiento, entonces disminuirá la capacidad criminal de algunos delincuentes, que hoy se ve incrementada por la actual cultura penitenciaria. Este glorioso nuevo mundo está en algún lugar del futuro». En la Europa de 2024, el futuro de Clemmer parece aún muy lejano.
Notas al pie
- «Dossier: Mourir en prison», Ristretti.org, 3 de septiembre de 2024.
- David Allegranti, «Prison suicides and politics : interview with Emilio Santoro», Public Policy, 12 de septiembre de 2022.
- Ansa, «Mattarella: Il est urgent d’agir contre les suicides en prison», Ansa.it, 18 de marzo de 2024.
- Lapresse, «Le pape François à Venise: Personne ne doit enlever la dignité des personnes», Lapresse, 28 de abril de 2024.
- «La surpopulation carcérale reste un problème en Europe : statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe pour 2023», Bureau du Conseil de l’Europe à Tirana, 6 de junio de 2024.
