Las opiniones públicas de los países de renta alta y media están en mayoría a favor de las políticas internacionales de redistribución

El principio de justicia climática y las políticas de redistribución que implica -de los países que más emiten a los que menos- contarían con el apoyo de la mayoría de las opiniones públicas de los países de renta alta y media.

• Según un estudio del World Inequality Lab ¹ -inesperado a primera vista, dados los actuales estancamientos y tensiones en torno a la financiación de la transición climática y la justicia climática-, las opiniones públicas de una veintena de países de renta alta y media, que representan más del 70% de las emisiones mundiales de CO2, están en mayoría a favor de la redistribución mundial entre países, para la ayuda al desarrollo y la financiación de la transición climática.

• Este reciente estudio confirma una constatación clásica sobre la percepción de la ayuda al desarrollo: la opinión pública de los países donantes tiene una fuerte tendencia a sobrestimar el importe de la ayuda internacional en comparación con el importe real, y la mayoría de la opinión pública no quiere reducirla una vez que se conoce el importe real.

• La introducción de un impuesto mundial sobre los millonarios para financiar a los países de renta baja también cuenta con el apoyo de la mayoría absoluta de los encuestados en todos estos países.

• Según los autores, incluir una política con efectos redistributivos como un impuesto mundial sobre el carbono en un programa electoral no sería por tanto desfavorable en una carrera electoral, sino todo lo contrario.

• A partir de este resultado, los autores formulan la hipótesis de que los obstáculos a la aplicación de este tipo de políticas se sitúan más bien a nivel de los gobiernos y de los dirigentes, que no reflejan la postura de su opinión pública nacional sobre este punto.

Este hecho puede cambiar la situación en vísperas de la COP 28, que reunirá a los líderes mundiales a partir del 30 de noviembre, para abordar la cuestión pendiente de la financiación de la transición energética (en términos de órdenes de magnitud, la Agencia Internacional de la Energía estima que se necesitarán 4 billones de dólares al año durante el periodo 2026-2030) y la adaptación al cambio climático en los países de renta baja -que se encuentran entre los menos emisores a escala mundial-.