El nuevo impuesto que entra en vigor hoy -conocido oficialmente como Mecanismo de Ajuste del Carbono en Frontera (MAFC)- se centra en las emisiones de carbono «importadas» por las empresas de la Unión.
- Incluido en el paquete legislativo Fit for 55, el MACF es una respuesta al problema del «dumping» medioambiental y la «fuga de carbono» planteados por el desarrollo de la legislación comunitaria sobre emisiones, es decir, el enfrentamiento entre productos europeos sujetos a la legislación de la Unión y productos importados sujetos a una legislación sobre carbono menos estricta.
- El mecanismo pretende disuadir a las empresas que producen en Europa de deslocalizar su producción para eludir la legislación europea.
- En términos de ingresos fiscales para la Unión, los ingresos directamente vinculados al mecanismo se estiman actualmente en 1.500 millones de euros anuales a partir de 20281.
La fase que acaba de abrirse hoy es la primera del mecanismo. Su objetivo es recoger una primera oleada de declaraciones de las empresas y evaluar los costes para éstas y los importes que se recaudarán próximamente.
- La principal dificultad para poner en marcha un mecanismo de este tipo, planteada desde el inicio de los debates sobre el MACF hace varios años, es evaluar y definir la intensidad de carbono de los productos importados -base para su inclusión en el MACF- a falta de bases de datos exhaustivas sobre los niveles de emisión de las instalaciones industriales fuera de Europa.
- En aras de la simplicidad, los debates sobre esta versión del MACF desembocaron finalmente en la decisión de centrarse en una lista de productos definidos como «intensivos en carbono», entre los que figuran el acero, el cemento, el aluminio, los fertilizantes nitrogenados y la electricidad.
- Las empresas tendrán que presentar su primera declaración en enero de 2024, por sus importaciones en el último semestre de 2023. El pago efectivo del impuesto comenzará en enero de 2026.
El objetivo último del MACF, además de corregir los precios, es sobre todo animar a sus socios comerciales a introducir una legislación y unos sistemas fiscales sobre el carbono acordes con las normas europeas.
- En particular, Turquía, uno de los principales socios comerciales de la Unión, ha iniciado a partir de 2021 -en colaboración con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo2– una labor de evaluación de impacto para preparar a su industria a normas más estrictas en materia de limitación de las emisiones de carbono.
El impacto económico del impuesto fronterizo sobre el carbono también podría ser significativo para el Reino Unido, que exporta electricidad a la Unión.
- La electricidad importada entra en el ámbito de aplicación del impuesto fronterizo sobre el carbono.
- El impuesto europeo llega tras una reforma del Gobierno de Sunak anunciada en julio, que -al aumentar el número de permisos de emisión disponibles- redujo el precio de los permisos británicos de emisión de carbono a un nivel más de un 50% inferior al de los permisos de emisión de la Unión. A finales de septiembre de 2023, el precio de los permisos de emisión de carbono en el mercado de la Unión Europea rondaba los 84 euros por tonelada, frente a los 39 euros del mercado británico3.
- En resumen, mientras que en el Reino Unido se ha abaratado la producción sin emitir CO2 -y, por tanto, sin utilizar energías renovables-, la introducción del MACF europeo cambiará la situación al imponer a los importadores europeos un coste adicional sobre la electricidad británica, casi el 40% de la cual se sigue produciendo con combustibles fósiles.
- El Gobierno de Sunak ya había sido criticado por esta reforma, que tenía como efecto directo reducir los incentivos para invertir en energías renovables. Al final, es el nuevo impuesto europeo el que podría provocar las consecuencias financieras de esta ralentización de la transición energética del Reino Unido más rápidamente de lo previsto.
