• Se han añadido cuarenta tecnologías a esta lista, que exige una autorización para determinadas transferencias de conocimientos técnicos y prohíbe otras. Veintitrés de ellas pertenecen al ámbito de la inteligencia artificial.
• Esta consulta estará abierta hasta el 15 de noviembre, pero ya está en vigor la obligación de registro provisional.

El texto se centra en el tamaño y el código fuente de los grandes modelos que superan un umbral de rendimiento, ² así como a los agentes inteligentes, las arquitecturas de clústeres de cálculo y los métodos de diseño de chips fabricados con un proceso de 14 nanómetros o menos.

• Hay catorce tecnologías que están estrictamente prohibidas, entre ellas la generación de código malicioso, mientras que las demás están sujetas a autorización.

¿Supone esta medida el fin de los grandes modelos de código abierto chinos?

• Al someter a autorización los modelos más potentes, el texto se centra precisamente en la categoría en la que los laboratorios chinos publican actualmente en acceso abierto, desde DeepSeek hasta Qwen, pasando por GLM y Kimi.
• Un modelo que ya se haya difundido quedaría fuera del ámbito de aplicación, pero los siguientes podrían estar sujetos a autorización o incluso ser prohibidos.
• Como señala la investigadora Zilan Qian, ese mismo documento anuncia, sin embargo, un mecanismo destinado a facilitar la difusión del código abierto.

De hecho, los ministerios han anunciado «medidas de facilitación», entre las que se incluye la concesión automática de autorizaciones, «con el fin de apoyar la creación de un ecosistema de innovación de código abierto en el ámbito de la inteligencia artificial». ³

• Como continuación de la doctrina «IA+» de Xi Jinping, estas medidas irían acompañadas de la construcción y explotación de centros de datos en el extranjero por parte de empresas chinas, la producción de chips fuera de China, la investigación conjunta con recursos extranjeros, así como la participación en la elaboración de normas internacionales.

En realidad, Pekín podría estar dotándose de un poder discrecional.

• La apertura, que permite difundir las normas chinas y reducir la ventaja comercial de las empresas tecnológicas estadounidenses, sigue siendo la estrategia preferida del Partido.

Ante la atención internacional que ha suscitado este anuncio, Pekín ha querido dejar claro que esta medida es una política de seguridad y no un arma comercial.

• Los ministerios justifican las prohibiciones alegando que las tecnologías de generación y modificación autónomas de código malicioso «pueden utilizarse para atacar infraestructuras de información críticas, la industria de defensa o sistemas gubernamentales esenciales, o para eludir los mecanismos de seguridad nacional». Insisten en el carácter rutinario de esta revisión, que «no se dirige contra ningún país, región o entidad en particular», y en que «la postura política no ha cambiado».
• Según la investigadora Kristy Loke, no debe considerarse tanto una herramienta de negociación como un sistema de gestión de los riesgos relacionados con la inteligencia artificial, anunciado en el último plan quinquenal. ⁴

Como señala el periodista especializado en China Corbin Duncan, parece que en esta secuencia hay algo que no se dice.

• El proyecto tiene por objeto prohibir la exportación de tecnologías de inteligencia artificial capaces de «generar y modificar de forma autónoma código malicioso», así como restringir aquellas que se utilizan para detectar vulnerabilidades de seguridad.
• Ahora bien, una prohibición basada en la capacidad supone que se pueda aislar, cuando en realidad se deriva de la inteligencia general del modelo: «Si la inteligencia se generaliza, ¿cómo podrán los laboratorios chinos distinguir un modelo eficaz de uno dotado de las capacidades objeto de las restricciones?». ⁵

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Se trata del séptimo barco atacado frente a las costas de Rumanía y Bulgaria desde principios de mes.

• Según el Financial Times, el Wine Trader y el Yara J, otro buque químico que enarbola pabellón de las Comoras, se encontraban en aguas territoriales rumanas cuando fueron atacados ⁶.
• Esto supondría, por tanto, una clara escalada con respecto a los ataques anteriores y una violación de la soberanía de Rumanía, país miembro de la OTAN.

Se sospecha que Rusia está implicada en todos los ataques a buques registrados desde el 1 de octubre, y Kiev la ha acusado de varios de ellos. Ayer, jueves 15 de octubre, el presidente rumano Nicușor Dan afirmó en Bruselas: «Es evidente que se trata de intentos de Rusia, tanto en Rumanía como en Bulgaria, destinados a desestabilizar nuestras sociedades y a debilitar el apoyo prestado a Ucrania» ⁷.

Sin embargo, en la mayoría de los casos resulta difícil demostrar la responsabilidad de Rusia: al día siguiente, reconoció que «técnicamente, por el momento, no se puede afirmar que se trate de rusos».

• Europa ha registrado un claro aumento de los ataques híbridos rusos desde septiembre.
• La revista ha podido registrar 23 incidentes relacionados con drones y otras aeronaves en el espacio aéreo de los países europeos o en sus alrededores, 7 ataques con drones contra buques mercantes en el Mar Negro, 6 operaciones de sabotaje (de las cuales 2 son sospechosas y 4 no se han atribuido a nadie), 3 incendios y una presunta interferencia.
• Moldavia, Rumanía y Polonia, tres países fronterizos con Ucrania, concentran 24 de esas 40 acciones, mientras que Bulgaria cuenta con 5.

Los ataques a buques mercantes frente a las costas de Bulgaria y Rumanía se inscriben en la prolongación de la guerra que Rusia lleva librando desde 2022 contra las infraestructuras portuarias y las exportaciones de cereales de Ucrania. Estos buques se habían librado en gran medida de los ataques fuera de las aguas ucranianas desde que Ucrania estableciera, en el verano de 2023, un corredor a lo largo de las costas de los países de la OTAN, pero ahora se ven atacados a una escala sin precedentes.

• La libertad de acción de Rusia en el mar Negro ya solo abarca alrededor del 25% del espacio de combate marítimo, básicamente una franja de unos 25 kilómetros de ancho a lo largo de su costa caucásica, frente a casi el 90% en febrero de 2022 ⁸.
• Aunque las capacidades de la Armada rusa se hayan visto muy reducidas, Moscú siempre puede atacar infraestructuras portuarias y buques con misiles y drones lanzados desde tierra firme.

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La parte decisiva de su discurso estaba en otra parte. 

Por primera vez ante el Parlamento, la presidenta del Consejo se ha distanciado claramente de Washington, calificando de «muy arriesgado» el acuerdo por el que Donald Trump levanta algunas sanciones sobre el gasóleo ruso. Ha rebatido la justificación esgrimida por la Casa Blanca, al considerar que la subida vertiginosa de los precios de los combustibles se debe, ante todo, a la guerra en Irán, y no al conflicto de Ucrania.

A continuación, abogó por que Europa hable con una sola voz en las negociaciones: «Seré sincera: me da igual quién se siente en qué mesa. Lo que me importa es en nombre de quién nos sentamos allí y qué vamos a decir. […] Una Europa dividida da una imagen infantil de sí misma, y ese es el único regalo de verdad que podemos hacerle a Moscú. Y en estos últimos días ya le hemos hecho suficientes regalos a Moscú».

Esta postura contrasta con la expresada casi al mismo tiempo en Bruselas por Marine Le Pen. Al margen de una reunión con sus aliados del grupo de los Patriotas Europeos, en presencia de Viktor Orbán y Matteo Salvini, la candidata de RN anunció que, si sale elegida la próxima primavera, Francia dejará de prestar ayuda financiera a Ucrania por falta de recursos presupuestarios.

Para comprender la postura de Meloni, hay que situarse en el contexto nacional. El ascenso del partido del general de extrema derecha Roberto Vannacci, que ha pasado de alrededor del 4 % a casi el 8 % de los votos en tan solo unos meses, ha provocado la primera inestabilidad política real de la coalición en el poder desde octubre de 2022. 

Giorgia Meloni se enfrenta por primera vez a una oposición que la supera por la derecha. Y el apoyo de su gobierno a Ucrania se ha convertido en el símbolo de la renuncia a sus orígenes soberanistas y de su alineamiento con Bruselas y la OTAN. De hecho, el general Vannacci plantea como condición para cualquier alianza que se suspenda el envío de armas y dinero a Kiev.

El apoyo a Ucrania supone también una profunda línea divisoria en el seno de la coalición que se está formando y que uniría a las fuerzas centristas con la izquierda populista —el «campo largo»—, y que enfrenta a las fuerzas más conciliadoras con Moscú con otras mucho más hostiles hacia el Kremlin. 

Durante la sesión, el presidente del grupo del Movimiento 5 Estrellas, Riccardo Ricciardi, afirmó además que el concepto de «paz justa» no existía en la historia de la humanidad, y pidió que se detuvieran los envíos de armas a Kiev y el rearme europeo. Una fórmula casi idéntica a la que Vannacci lleva meses repitiendo. El 5 de marzo, ante la prensa extranjera en Roma, respondió al corresponsal de la agencia rusa RIA: «La paz justa nunca ha existido; en la historia de la humanidad, solo he visto la paz del vencedor».

En sus réplicas en la Cámara, la presidenta del Consejo aprovechó esta convergencia para incluir al partido de extrema derecha entre los partidos de la oposición de izquierda: «Responderé sobre todo a los argumentos de los partidos de la oposición, así que me centraré en el campo larghissimo, digámoslo así». También se burló de las divisiones del centroizquierda, que había presentado varias resoluciones distintas sobre Ucrania: «Antes de intentar poner de acuerdo a Putin y a Trump, intentad poner de acuerdo [a los distintos líderes de la izquierda] en una sola resolución».

Señor Presidente, estimados colegas,

Las decisiones que Europa debe tomar para preservar su capacidad de seguir siendo competitiva, segura y un actor de primer orden en la escena mundial son cada vez más numerosas y complejas.

La guerra en Ucrania continúa y afecta cada vez a más objetivos civiles. La inestabilidad en Medio Oriente tiene repercusiones que trascienden con creces las fronteras de la región. La competencia económica mundial es cada vez más intensa. Las tensiones geopolíticas repercuten en la seguridad de nuestras cadenas de suministro, en el precio del combustible, en el costo de la vida y en la capacidad de nuestras empresas para ser competitivas. Sin olvidar las amenazas híbridas, las presiones migratorias, la creciente inestabilidad y la consiguiente necesidad de reforzar la seguridad y la defensa europeas.

Se trata, por supuesto, de asuntos distintos. Pero tienen un punto en común: nos recuerdan hasta qué punto lo que ocurre más allá de nuestras fronteras influye cada vez más en nuestra vida cotidiana y pone a prueba la capacidad de nuestra nación para defender su prosperidad y su seguridad.

Por eso, en los últimos años, el gobierno ha optado por mantener una presencia activa en la escena internacional, con constancia y siguiendo una línea clara. Y es que el interés nacional se defiende contribuyendo a orientar las decisiones que nos afectan, y no limitándonos a sufrir sus consecuencias.

Esto es especialmente cierto en Europa. Y es con este espíritu con el que Italia también ha trabajado de cara al próximo Consejo Europeo, y con el que abordará los principales temas del orden del día.

El primer tema en el que quiero detenerme es el de la competitividad.

El Consejo Europeo hará balance de la aplicación de la agenda «One Europe, One Market» y de los avances logrados para profundizar en el mercado único, simplificar la normativa, reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos de planificación y autorización.

Se trata de objetivos en los que Italia lleva insistiendo desde hace tiempo, pero la cuestión que hoy en día pesa más que ninguna otra sobre la competitividad de nuestra economía no es esa: es la del coste de la energía.

Lo hemos dicho en numerosas ocasiones: no podemos pedir a las empresas europeas que compitan con los grandes actores mundiales y, al mismo tiempo, aceptar que paguen sistemáticamente la energía a un precio mucho más elevado que sus competidores. Tampoco podemos llevar a cabo la transición ecológica en detrimento de nuestra base industrial. La descarbonización no puede ir de la mano de la desindustrialización, y menos aún en el contexto geopolítico actual.

Las tensiones en las principales rutas comerciales y en las cadenas de suministro tienen repercusiones en la seguridad y en el precio de la energía y los combustibles. Los costes de transporte y de seguros aumentan y, en última instancia, repercuten en las facturas, la cesta de la compra y las cuentas de las empresas.

Ante una situación así, nadie puede reaccionar de forma eficaz por sí solo. Por lo tanto, la respuesta debe ser coordinada y rápida.

Por eso hemos trabajado para alcanzar un acuerdo en el seno del G7, que ha previsto la puesta en el mercado de una cantidad importante de combustible, sobre todo para evitar el riesgo de un bloqueo de las exportaciones estadounidenses, lo que habría tenido graves repercusiones en nuestras economías.

Pero, al mismo tiempo, también hay que tener el valor de plantearnos qué podemos hacer en Europa. Empezando por lo más obvio: evitar que unas normas concebidas en un contexto totalmente diferente al que vivimos hoy acaben agravando los efectos de las crisis que estamos atravesando. 

Porque nuestras empresas se enfrentan hoy en día a una competencia mundial cada vez más agresiva, y cada coste adicional que Europa se impone a sí misma supone una ventaja que ofrece a sus competidores. Y el tiempo del que disponemos para enderezar el rumbo no es infinito.

Es en este aspecto donde Italia ha centrado sus esfuerzos.

La semana pasada iniciamos un nuevo diálogo con los jefes de Estado y de Gobierno más comprometidos con la competitividad, en torno a tres prioridades: la energía, la simplificación y el comercio internacional. Precisamente a raíz de esta coordinación, junto con el canciller alemán y el primer ministro belga, envié a Bruselas tres propuestas sencillas destinadas a facilitar y dinamizar las inversiones: vías prioritarias para los proyectos estratégicos, un freno efectivo al exceso de burocracia y una reducción drástica de las obligaciones de declaración, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Al mismo tiempo, junto con la República Checa, hemos presentado varias propuestas concretas, algunas de carácter temporal, para reducir el costo de la energía.

Voy a intentar explicarlo de forma sencilla. En Europa, una empresa que contamina debe comprar un derecho de emisión por cada tonelada de CO₂ que emite: es el sistema ETS. Pero estos derechos de emisión se compran en el mercado, por lo que es el propio mercado el que fija su precio, con dinámicas que, si me lo permiten, no tienen mucho que ver con la protección del medio ambiente. Cuando sube el precio de los derechos de emisión del ETS, también aumenta el costo de producción. Ya sea en las acerías, las fábricas de papel, las cementeras o las fábricas de cerámica. Y este costo, al final, repercute en el precio de lo que compramos.

Por eso hemos plasmado por escrito algunas propuestas concretas destinadas a corregir el sistema ETS, para que el precio del CO₂ refleje la economía real y no la lógica de las finanzas. Y hemos solicitado que se aplace una vez más el ETS2, que, a partir de 2028, supondría nuevos costos para los hogares y las empresas.

Hay, además, un segundo problema que repercute directamente en las facturas: el precio de la electricidad viene determinado por el precio marginal. Esto significa que, en la práctica, es la última central a la que se recurre para producir —aquella cuyo precio es más elevado, que suele ser una central de gas sujeta al sistema ETS— la que fija el precio global. Así, el costo del CO₂ que paga esta central repercute en el precio de toda la electricidad, incluida la producida a partir de fuentes renovables.

Se trata de un problema que, como comprenderán, afecta especialmente a Italia, ya que, como bien saben, nuestra combinación energética sigue incluyendo una parte importante de gas. Se trata de una vulnerabilidad que viene de lejos y en la que estamos trabajando, sobre todo mediante el desarrollo de las energías renovables como ningún gobierno lo había hecho antes que nosotros, y reabriendo el camino a la energía nuclear de nueva generación, con el fin de construir un sistema más seguro y menos dependiente del extranjero.

Pero estas inversiones llevan tiempo, y necesitamos soluciones ya. Por eso considero que es muy importante poder ofrecer una perspectiva concreta que aporte beneficios a corto plazo.

En el Consejo Europeo del pasado mes de marzo, logramos incluir en las conclusiones la posibilidad de adoptar medidas nacionales, temporales y específicas, con el fin de mitigar los distintos componentes del costo de la producción de electricidad. Sobre esta base, la Comisión se ha comprometido a colaborar con nosotros en el decreto «Bollette». Las conversaciones técnicas han sido intensas y constructivas y nos están llevando hacia una solución compatible con la normativa europea, que nos permitiría aplicar nuestra medida reduciendo el peso del costo de la producción a gas en el precio global de la electricidad.

Este es el resultado que nos interesa y por el que trabajamos: no una línea más en las conclusiones de una cumbre, sino una factura más baja para una familia, un gasto menos para una empresa. 

También se han producido avances en relación con el reglamento europeo sobre el metano. Los nuevos requisitos previstos para los importadores podrían restringir aún más la oferta disponible y ejercer nuevas presiones sobre los precios. Por ello, hemos solicitado una suspensión temporal de determinadas obligaciones. Cuando planteamos este problema en los últimos meses, parecía muy difícil hacer avanzar la propuesta. Sin embargo, hoy la Comisión Europea ha anunciado su intención de aplazar un año la entrada en vigor del reglamento. Y consideramos que es una excelente noticia. 

Estos dos ejemplos ilustran un principio en el que insistimos desde el principio: si una norma, puesta a prueba por los hechos, tiene consecuencias que no se habían previsto o agrava una situación de crisis, dicha norma debe corregirse.

Porque no estamos aquí para defender las normas frente a la realidad. Estamos aquí para defender a los ciudadanos frente a las malas normas. Y eso es posible.

Gracias a Italia, esto ha ocurrido en varias ocasiones. Ocurrió, por ejemplo, con la cláusula de salvaguardia nacional, cuando Italia fue la primera en solicitar que la flexibilidad prevista para la defensa y la seguridad pudiera utilizarse también para hacer frente a la crisis energética. Aunque pocos creían en ello, esta propuesta se ha convertido en una solución a disposición de todos los Estados miembros. 

Eso es lo que esperamos que ocurra también con las nuevas reflexiones que hemos puesto en marcha en el ámbito de las normas presupuestarias. Como saben, he escrito a la presidenta von der Leyen para pedirle dos cosas. En primer lugar: que se tenga debidamente en cuenta la crisis energética e inflacionista a la hora de calcular el gasto autorizado por las normas europeas. En segundo lugar: que los Estados miembros puedan utilizar al menos una parte de los ingresos adicionales del IVA generados por la subida de los precios para financiar medidas temporales y específicas en favor de las empresas y los hogares. Porque sería difícil explicar a los ciudadanos que, para hacer frente a esta crisis, ni siquiera podamos utilizar los ingresos adicionales que esta genera.

Se trata de propuestas de sentido común. Por supuesto, sabemos que no será fácil alcanzar un consenso, pero eso no nos impedirá plantear esta cuestión con firmeza.

Por último, está la cuestión de las materias primas críticas. El litio, el cobalto, el grafito y las tierras raras son indispensables para la transición energética y digital, así como para la defensa. Sin embargo, en la actualidad, Europa las importa casi en su totalidad, y a menudo de un solo país. Si no abordamos este problema, corremos el riesgo de salir de una dependencia para entrar en otra.

Esa es también la razón por la que Italia se ha presentado como candidata para acoger en Porto Marghera una de las primeras instalaciones europeas de almacenamiento estratégico de estos materiales, una iniciativa que podría convertirse en un proyecto piloto europeo.

El hilo conductor que une todas estas iniciativas es, en definitiva, sencillo: Europa debe volver a situar la capacidad de producción en el centro de sus decisiones.

El Consejo Europeo comenzará con un intercambio con el presidente Zelenski. Por supuesto, abordaremos la cuestión de Ucrania. Mientras tanto, Rusia ha lanzado su nueva campaña de otoño contra Ucrania. Al no poder avanzar en el frente, Moscú ha comenzado a atacar cada vez con mayor dureza a la población civil: centrales eléctricas, edificios de viviendas, hospitales e incluso los autobuses que transportan a la gente al trabajo, como ocurrió en la horrible masacre de Kramatorsk.

El 7 de octubre, un misil ruso mató a 22 personas en Pryluky. Al día siguiente, en Kramatorsk, 33 personas perdieron la vida en un ataque ruso contra dos autobuses, que, según la policía ucraniana, fueron alcanzados por una bomba planeadora. Las autoridades locales calificaron este suceso como el ataque más mortífero de 2026.

Se trata de una estrategia mediante la cual Rusia pretende doblegar al pueblo ucraniano mediante el terror, el frío y la oscuridad, simplemente porque no ha logrado vencerlo en el campo de batalla. Los hechos, por otra parte, contradicen la propaganda del Kremlin, así como la de quienes la difunden aquí mismo, en Italia. Desde principios de año, Moscú apenas ha ganado terreno y, solo en el mes de septiembre, ha perdido gran parte de lo que había conquistado en los últimos meses.

Es la primera referencia a Vannacci. El contexto es la investigación del Financial Times, que lo calificó de «caballo de Troya» de la influencia rusa en Italia. Vannacci respondió que se trataba de una versión carente de cualquier prueba de órdenes, financiación o relaciones con Moscú. En aras del equilibrio, conviene recoger ambas posturas. En la Cámara, la acusación se ha hecho explícita, pero han sido otros quienes la han formulado. Rosato (Azione) ha mencionado la presencia en el Parlamento de partidos pro-Putin que hacen caso omiso de los ciberataques rusos contra Italia.

Este punto muerto no ha surgido de la nada. Es fruto del valor de los ucranianos y del apoyo de Occidente, incluida Italia. Y sigo pensando que este punto muerto es el único medio eficaz del que disponemos para llevar a Rusia a una mesa de negociaciones serias.

Sé que el debate sobre este tema es intenso, incluso en esta Asamblea, e incluso dentro de los distintos grupos políticos. Lo respeto y, de hecho, lo comprendo, porque nadie en esta Asamblea desea la guerra. Todos queremos alcanzar la paz. La diferencia radica en la forma en que creemos que podemos lograrla.

En mi opinión, el apoyo a Ucrania no es una alternativa a la paz: es lo que la hace posible. Porque si el agresor puede contar con la rendición de su adversario, ¿por qué iba a necesitar negociar? Pero la rendición no es paz, es conquista. Si Ucrania dejara mañana de defenderse, como muchos desean o proponen, no tendríamos paz. Entonces estaríamos hablando de la ocupación de una nación europea y del regreso del imperialismo de tipo soviético que Europa sufrió durante medio siglo. Personalmente, no echo de menos aquellos años, no echo de menos los tanques rusos que reprimieron los levantamientos de Praga y Budapest, y no echo de menos el muro de Berlín. Y nadie me convencerá de que la rendición de quienes defienden su libertad pueda llamarse paz. La paz que queremos, y que nos esforzamos por construir, incluso a costa de la falta de consenso, es una paz justa, porque solo una paz justa puede perdurar, solo una paz justa garantiza la seguridad de Europa y de nuestros intereses.

Es una muestra de la división existente en el seno de la derecha italiana. Laura Ravetto, que abandonó la Liga para unirse a Futuro Nazionale, había afirmado anteriormente que la rendición de Ucrania no supondría una paz verdadera, pero se preguntó si los «cheques en blanco» concedidos a Kiev habían servido alguna vez para lograrla. Añadió que las sanciones no habían puesto fin a la guerra, sino que habían paralizado las fábricas italianas. En sus respuestas, Meloni se mostró mucho más directa e invitó a los diputados que se habían pasado a Futuro Nazionale a dimitir, declarando: «Seríais más creíbles si dimitieran y se presentaran a las elecciones con las nuevas tesis que defienden. De lo contrario, nos encontramos ante numerosos casos de cambio de postura política». Es aquí donde la antítesis con Vannacci resulta más explícita, casi palabra por palabra. En una entrevista concedida a la agencia rusa RIA en marzo, Vannacci había declarado que «la paz justa nunca ha existido» y que, en la historia, solo existe la paz del vencedor. Como base para la negociación, señalaba la neutralidad de Ucrania, el mantenimiento de los territorios conquistados militarmente y la garantía de que Ucrania no se adheriría a la OTAN. Por su parte, el jefe de grupo del M5S, Ricciardi, declaró en sesión plenaria que «el concepto de paz justa no existe en la historia de la humanidad», y pidió que se detuvieran los envíos de armas a Kiev y el rearme europeo. Se trata de una formulación casi idéntica a la de Vannacci, y esta coincidencia constituye el mejor argumento textual a favor del «ampio frente» del que se burló Meloni.

La referencia a Praga, Budapest y el Muro añade una dimensión conmemorativa que asocia la Rusia actual con el imperialismo soviético. Meloni se inscribe en la línea del anticomunismo atlantista de la derecha italiana de la posguerra para rebatir la pretensión de Futuro Nazionale de ser la «verdadera derecha». Se trata de la misma impugnación que formuló Meloni en junio, cuando declaró a los seguidores de Vannacci que no eran la verdadera derecha, sino que servían a los intereses de la izquierda.

Por lo tanto, la postura del gobierno sigue siendo la misma. El apoyo a Kiev, prestando especial atención a la población civil, la presión sobre Moscú y la unidad euroatlántica siguen siendo los pilares de nuestra actuación.

En este contexto, también debemos tener en cuenta el acuerdo sobre el gasóleo ruso anunciado el pasado viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se trata de una decisión que considero muy arriesgada.

En la noche del 9 al 10 de octubre, Trump anunció el levantamiento de algunas sanciones sobre el gasóleo ruso. La autorización general de la OFAC permite la venta y la importación hasta el 7 de abril de 2027. Sin embargo, estos suministros no tendrán ninguna repercusión en los precios en Italia, ya que las sanciones de la Unión sobre los productos petrolíferos rusos, en vigor desde febrero de 2023, siguen siendo aplicables. La oposición ataca a Meloni por su sumisión a Trump, calificando al ejecutivo del gobierno de «pequeños trumpistas» (PRovenzano, Partido Demócrata) el mismo día en que ella se distancia de él, tras un verano marcado por tensiones diplomáticas entre Meloni y Trump. El resultado es un gobierno que critica a Trump desde posiciones atlantistas, un M5S que lo critica desde posiciones antiatlantistas y un Futuro Nazionale que admira a Trump al tiempo que es pro-Putin.

Es evidente que todos comprendemos y compartimos la necesidad de contener los precios de la energía que suponen una carga para los hogares y las empresas, incluso en Italia. Pero debemos ser conscientes de que la subida vertiginosa de los precios del combustible se debe principalmente a la guerra en Irán, y no al conflicto en Ucrania. El resultado de esta decisión es, por tanto, incierto, mientras que los riesgos son evidentes. Una legitimación para Moscú mientras sus bombas siguen cayendo sobre las ciudades ucranianas, nuevos ingresos que permiten financiar la guerra, un debilitamiento implícito de la presión de las sanciones: estos son elementos que no podemos ignorar y que contradicen lo que los Estados occidentales, incluido Estados Unidos, han hecho hasta ahora para presionar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones.

La situación es diferente en lo que respecta a un alto al fuego entre las partes en relación con las centrales eléctricas, algo que Italia apoya claramente. Agradecemos al presidente Zelenski que haya declarado de inmediato la plena disposición de Ucrania a este respecto. Ahora esperamos que Rusia haga lo mismo y ponga fin a los ataques contra las centrales eléctricas y energéticas ucranianas.

Por otra parte, en un periodo tan complejo, en el que tantas variables escapan a nuestro control, hay al menos una cosa que depende de nosotros: velar por que Europa no se quede de brazos cruzados. Porque las condiciones para una paz que afecte a nuestro continente —y, por tanto, a nuestra seguridad— no pueden definirse sin nosotros.

Por eso sigo pidiendo que los Veintisiete designen a una figura de prestigio, que cuente con el respaldo de todos y que sea capaz de hacer oír la voz de Europa en la mesa de negociaciones. Y si no se alcanza un consenso sobre un nombre, también estamos dispuestos a barajar otras soluciones.

Si, por ejemplo, Francia, Alemania y Gran Bretaña, en el famoso formato E3, consideran que pueden actuar por su cuenta mejor de lo que lo haríamos todos juntos —y esa es, hasta ahora, la opción que han elegido—, que al menos lo hagan en nombre de todos y con un mandato oficial otorgado por todos.

Porque voy a ser sincera: la cuestión de quién se sienta en qué mesa me parece secundaria. Lo que me importa es en nombre de quién nos sentamos a la mesa y para decir qué. Lo que me importa es que Europa no esté desorganizada, que no se exponga ante quienes tienen interés en avivar las divisiones y que hable con una sola voz. Porque una Europa dividida en torno a la cuestión de los formatos da una imagen infantil de sí misma, y ese es el único regalo de verdad que podemos hacerle a Moscú. Y en estos últimos días ya le hemos hecho suficientes regalos a Moscú.

El «nosotros» abarca a Europa y diluye las críticas hacia Washington en una responsabilidad occidental común. El «regalo» por excelencia es la suspensión por parte de Estados Unidos de las sanciones sobre el gasóleo, pero el plural permite a Meloni no mencionar a Trump dos veces y mantenerse en la ambigüedad.

Por otra parte, estimados colegas, lo que ocurre en Ucrania no se queda en Ucrania. El Consejo Europeo debatirá, más concretamente, la escalada de los ataques híbridos rusos. Y está totalmente justificado, ya que la amenaza híbrida se ha convertido ya en la enésima «nueva normalidad» de estos tiempos turbulentos.

El caso es que la guerra híbrida no se declara y no tiene frente de batalla. Son los drones los que violan el espacio aéreo de nuestros socios y sobrevuelan los aeropuertos y las bases de varios países europeos. Son los cables submarinos dañados en el Mar Báltico; son los ciberataques contra hospitales, puertos y administraciones públicas; es el sabotaje de las redes ferroviarias.

Se trata de campañas de desinformación diseñadas para dividir a la opinión pública, desacreditar a los responsables políticos considerados enemigos e influir en las elecciones, llegando incluso a auténticas formas de manipulación del espacio cognitivo. Y la instrumentalización de los migrantes, empujados hacia las fronteras como armas de presión.

Un contexto como este exige una respuesta coordinada, e Italia presentará en Bruselas algunas prioridades claras. Proteger nuestras infraestructuras críticas: me refiero a las redes energéticas, los cables submarinos, los puertos, los aeropuertos y el ámbito submarino, en el que Italia cuenta con una experiencia de primer orden; apoyar a la industria italiana para que aporte una contribución decisiva a los sistemas antidrones y antimisiles; reafirmar que la seguridad de las fronteras de la Unión es indivisible, lo que significa que, al tiempo que contribuimos a reforzar el flanco oriental, no podemos aceptar que se pierda de vista el flanco meridional. 

Porque defenderse hoy en día no significa solo disponer de carros de combate. Defenderse es un hospital que sigue atendiendo a los pacientes incluso bajo un ciberataque; una central eléctrica que no se apaga; un aeropuerto que no deja de funcionar por culpa de un dron. Defenderse no es proteger una idea abstracta de poder. Es proteger la vida cotidiana de los ciudadanos.

Y esto me lleva a la cuestión de los recursos. Como ya he dicho, la seguridad y la energía son las dos caras de una misma moneda. Sin seguridad, la energía sale más cara. Y sin energía, podría no quedar nada que defender.

Por eso hemos solicitado, y conseguido, que la cláusula de salvaguardia nacional pueda utilizarse no solo para los gastos de defensa, sino también para las medidas necesarias para hacer frente a la crisis energética.

De ello se desprende que, del margen máximo del 1,5 % del PIB previsto en la cláusula, Italia ha decidido utilizar un 1,2 %, repartido a partes iguales: un 0,6 % para medidas destinadas a combatir el aumento de los precios de la energía —lo que supone unos 14.000 millones de euros destinados a los hogares vulnerables y a las empresas con un elevado consumo energético— y un 0,6 % para defensa y seguridad. Por lo tanto, teniendo en cuenta el contexto, hemos optado por no utilizar la totalidad del margen previsto para la defensa. 

Pero quiero recordar que una mayor flexibilidad en materia de defensa y seguridad implica, fundamentalmente, recursos adicionales respecto a los autorizados por los parámetros europeos. Por lo tanto, no se trata de dinero que se sustraiga de la salud o la educación. Si no los destináramos a la defensa, no podríamos destinarlos a nada más.

Quienes afirman que una mayor seguridad implica menos hospitales y que un gobierno belicista desvía recursos de los servicios esenciales mienten a sabiendas. Más aún cuando los mismos que hoy nos acusan desde la oposición aprobaron, cuando estaban en el gobierno —en plena pandemia—, un aumento del gasto militar de 15.000 millones de euros. Y en aquel momento ni siquiera había guerra en Ucrania.

Pero quiero decirles a quienes nos escuchan, retomando un argumento del ministro Crosetto, a quien doy las gracias. De cada 100 euros que el Estado destina a Defensa, unos 60 se destinan a pagar los sueldos de quienes defienden nuestra seguridad, es decir, cerca de 280.000 mujeres y hombres de uniforme. Aproximadamente 10 euros se destinan a garantizar el funcionamiento diario de las estructuras.

Se destinan unos 30 euros a inversiones en un sector industrial que da empleo a más de 300.000 personas, a menudo altamente cualificadas, en miles de pequeñas y medianas empresas repartidas por toda Italia. Quienes hablan de despilfarro también deberían explicar a esas familias que su trabajo es inútil. Y cuando compramos, ¿qué compramos? Principalmente medios para defendernos. Defensa aérea, sistemas antidrones, ciberseguridad, protección de infraestructuras. Compramos escudos. 

Por último, quiero recordar que la seguridad es también una condición previa para la prosperidad. Nadie invierte en un país que no sabe proteger sus redes, sus puertos ni sus datos. Ninguna empresa exporta si las rutas comerciales no son seguras. Además, invertir en seguridad es defender el ahorro, el empleo y la innovación de los próximos veinte años. Un país que no invierte en su propia seguridad no ahorra. Simplemente aplaza el pago de la factura. Y la historia nos enseña que, al final, esa factura siempre resulta mucho más cara.

La postura en materia de defensa vuelve a unir a los adversarios de Meloni. La resolución de Futuro Nazionale insta al gobierno a oponerse a la defensa europea y al «Schengen militar», y el programa del partido rechaza el umbral del 5 % y el instrumento Safe. El M5S y Futuro Nazionale se encuentran en el mismo bando, aunque por motivos diferentes.

Entre los temas que figuran en el orden del día del Consejo se encuentra, por supuesto, Medio Oriente, quizá el asunto que ilustra con mayor claridad hasta qué punto los equilibrios internacionales tienen ahora una repercusión directa en la vida cotidiana de nuestras naciones.

Hace una semana, mientras me encontraba en Split con los dirigentes de los países del MED9, conmemoramos el tercer aniversario del dramático atentado del 7 de octubre de 2023. Un ataque bárbaro que sumió a toda la región en el caos. Creo que es importante recordarlo aún hoy, pues cualquier enfoque crítico legítimo respecto a las acciones del gobierno israelí durante los tres años posteriores no puede ni debe hacernos olvidar nunca lo que fue el pogromo más horrible desde el Holocausto, planeado y ejecutado por Hamás.

Sobre todo en un momento en el que la sombra del antisemitismo parece resurgir en numerosos países. Por lo tanto, la seguridad del Estado de Israel no puede ponerse en duda. Y sigo pensando que es necesario mantener abierto un canal de diálogo con Israel. Dicho esto, nos preocupa la persistencia de la presencia israelí en el sur de Líbano, en Siria y en Gaza. Y en Cisjordania, asistimos a una presión intolerable ejercida sobre la población palestina.

Tal y como hemos manifestado conjuntamente con Francia, Alemania, el Reino Unido y otros socios, los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales. Y nos oponemos firmemente a quienes apoyan la anexión y el desplazamiento forzoso de la población palestina.

Ante esta situación, creo que Europa debe recuperar el lugar que le corresponde. Y la oportunidad para hacerlo se presentará inevitablemente con la formación del nuevo gobierno israelí, sea quien sea el ganador de las elecciones. Será el momento de exigir medidas capaces de revertir la espiral negativa que se prolonga desde hace demasiado tiempo y de reabrir, a largo plazo, una vía política hacia la paz.

Sabemos que llevará tiempo. Pero sabemos igualmente que si, en los próximos meses, asistimos a una expansión sin fin de los asentamientos en Cisjordania, al colapso de la Autoridad Palestina o al recrudecimiento de la violencia en Gaza o en la propia Cisjordania, la solución de dos Estados se volverá imposible. Y ese es un desenlace que no nos podemos permitir.

Por lo tanto, propondré que, en Europa, trabajemos en algunas peticiones concretas que puedan crear las condiciones necesarias para retomar el diálogo político. Entre ellas, la transferencia a la Autoridad Palestina de los ingresos fiscales que Israel retiene actualmente y la paralización de la colonia E1, sobre la que ya nos hemos pronunciado junto a nuestros principales socios europeos.

En Gaza, la situación sigue siendo dramática. Se necesita más ayuda, y esa ayuda debe llegar rápidamente. Y se necesita una iniciativa política para comprobar si Hamás está realmente dispuesto a deponer las armas. Ese sería el punto de inflexión que necesitamos, y allanaría el camino hacia la reconstrucción, en beneficio —ante todo— de la población civil.

Por otra parte, seguimos creyendo en una paz verdadera entre Israel y Líbano, y trabajando en ese sentido. Como saben, Italia ha acogido varias rondas de negociaciones y estamos dispuestos a volver a hacerlo. Estoy convencida de que los dirigentes libaneses están sinceramente dispuestos a alcanzar una paz justa y duradera con Israel. Y estamos dispuestos a apoyarla, en particular a través de una iniciativa franco-italiana para la etapa posterior a la FPNUL, con el fin de dotar a las Fuerzas Armadas libanesas de las capacidades necesarias para afirmar la soberanía de Líbano en la totalidad de su territorio.

En el Consejo Europeo también debatiremos la situación en Irán y en el Golfo. Empezando por la libertad de navegación en Ormuz y en Bab el-Mandeb, que reviste un interés vital para Europa.

Las restricciones y los ataques en estos dos estrechos han tenido un efecto directo en la vida de nuestros ciudadanos, empezando por el precio de la energía. 

El gobierno se ha comprometido a limitar sus efectos y seguirá haciéndolo con todos los medios a su alcance, pero una solución duradera pasa necesariamente por el restablecimiento de la plena libertad de navegación: sin peajes ni restricciones discriminatorias.

Por eso creo que Europa debe comprometerse en primera línea, empezando por el refuerzo de la operación «Aspides» en el Mar Rojo, que actualmente dirige Italia y que se basa en gran medida en la contribución de un número muy reducido de países. Se necesitan más buques, y se necesitan ya.

A continuación, debemos reforzar nuestra colaboración con los países del Golfo. Europa y el Golfo son dos regiones unidas por intereses cada vez más estrechos, que necesitan normas y estabilidad para prosperar. Italia ha puesto a disposición de los países de la región que lo han solicitado los medios necesarios para defenderse de los ataques injustificados de Irán y sus aliados.

Estos ataques, que en los últimos días han supuesto una nueva escalada de los hutíes contra las infraestructuras energéticas saudíes, los condenamos firmemente. Sin embargo, en la fase venidera, la prioridad deberá ser otra: dejar de depender de un único punto de paso. Esto significa construir nuevas conexiones entre Europa, el Golfo y Asia, empezando por el corredor IMEC; proteger mejor los puertos, los cables submarinos y las infraestructuras energéticas; y diversificar las rutas y los proveedores. Una vez más, Italia, con sus empresas, desempeña su papel. Pero Europa debe hacer lo mismo a partir de ahora.

Otro tema central del próximo Consejo Europeo será la negociación del marco financiero plurianual. Se trata de una cuestión compleja e importante, ya que el presupuesto de la Unión no es un mero ejercicio contable. Es el instrumento mediante el cual decidimos, de forma concreta, cuáles serán las prioridades del futuro y qué recursos estamos dispuestos a destinar a dichas prioridades. 

En los últimos meses, ya hemos logrado varios resultados concretos con respecto a la propuesta inicial de la Comisión. Los Estados miembros desempeñarán un papel más decisivo en la gestión de los nuevos instrumentos; en otras palabras, las decisiones relativas al uso de los recursos no se tomarán únicamente en Bruselas. La política agrícola común y la política pesquera conservarán su identidad y sus garantías propias, ya que los agricultores y los pescadores no pueden convertirse en una partida presupuestaria más dentro de un fondo indiferenciado. En materia de Estado de derecho, hemos conseguido normas más claras y objetivas, con el fin de impedir que se haga un uso político del mismo. El nuevo Fondo Europeo para la Competitividad ofrecerá más garantías a las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la columna vertebral de nuestra economía. Y los gobiernos tendrán más voz a la hora de definir las prioridades de la acción exterior de la Unión.

Se trata de resultados importantes, pero las negociaciones aún están lejos de haber concluido. Al contrario, ahora entramos en la fase más delicada: la de las negociaciones sobre el importe efectivo del presupuesto y las fuentes de financiación necesarias.

Antes de nada, hay una cuestión de método que quiero reiterar también aquí. La Presidencia irlandesa y las instituciones europeas se han fijado como objetivo alcanzar un acuerdo antes de que termine el año. 

No nos oponemos por principio a este objetivo, pero debe quedar claro que la fecha no puede prevalecer sobre el fondo. No firmaremos un acuerdo que no sea ventajoso con el único fin de cumplir un plazo. Solo firmaremos un acuerdo cuando sea equitativo para Italia. 

¿Y qué significa esto en la práctica? Significa, ante todo, elaborar un presupuesto que ofrezca respuestas claras y concretas. Significa financiar adecuadamente las nuevas prioridades que todos consideramos estratégicas, sin sacrificar las políticas que constituyen uno de los pilares del proyecto europeo.

Lo digo muy claramente: Italia no aceptará un presupuesto que recorte la Política Agrícola Común, la pesca y la cohesión. La agricultura y la pesca son fundamentales para nuestra seguridad alimentaria, que constituye un componente esencial de la autonomía estratégica europea.

La cohesión se refiere a la capacidad del mercado único para funcionar sin dejar de lado territorios enteros, lo que, en consecuencia, debilitaría el crecimiento global.

Por lo tanto, en mi opinión, no existe ninguna contradicción entre las políticas tradicionales y las nuevas prioridades. Al contrario: no hay seguridad sin seguridad alimentaria, y no hay verdadera competitividad sin igualdad de dignidad entre los territorios.

En los últimos días, la Presidencia irlandesa ha presentado una nueva propuesta de negociación, que prevé un presupuesto de aproximadamente 1.622.000 millones de euros para el período 2028-2034, a precios constantes. Esto supone una reducción de 108.000 millones de euros con respecto a la propuesta de junio y de más de 140.000 millones con respecto a la propuesta inicial de la Comisión. 

A pesar de unos recortes tan importantes, se han mantenido los recursos globales de los planes nacionales y regionales, que abarcan la PAC y la cohesión. Se trata de un resultado muy importante y que no era en absoluto un hecho, al que —me complace decir— ha contribuido de manera decisiva la carta conjunta de los 17 Estados miembros «Amigos de la cohesión», otra iniciativa puesta en marcha por Italia, esta vez en colaboración con Rumanía.

Y es precisamente para seguir avanzando en esta línea por lo que, junto con Rumanía, acogeremos, al margen del próximo Consejo Europeo, una nueva reunión del grupo. Será una oportunidad para hacer balance de las negociaciones y reafirmar una posición común antes de la fase decisiva.

Queda, pues, la cuestión fundamental: cómo financiar las prioridades que Europa se ha fijado. En este sentido, creo que la pregunta inicial no es cuál debe ser el importe del presupuesto, sino más bien qué considera Europa indispensable para los próximos años. Primero se definen los objetivos y luego se busca la forma de financiarlos. Y no al revés.

Por otra parte, en lo que respecta a los nuevos recursos propios propuestos por la Comisión, tenemos varias reservas, pero estamos dispuestos a trabajar siguiendo un criterio claro: aliviar en la medida de lo posible la carga que pesa sobre los presupuestos nacionales, sin imponer nuevos impuestos a los ciudadanos y a las empresas europeas.

Consideramos que es posible y necesario plantearse también un reembolso más gradual de la deuda contraída en el marco de «Next Generation EU», para que dichos reembolsos no supongan una carga para las demás políticas europeas precisamente en un momento en el que es necesario invertir más.

Y, en general, creo que, a la hora de financiar las prioridades estratégicas para todos nosotros, no se debe descartar a priori ningún instrumento.

Por otra parte, hay algunas cuestiones en las que, para Italia, será imprescindible mejorar el compromiso.

La primera se refiere a nuestra posición general. La propuesta de la Presidencia irlandesa mantiene prácticamente sin cambios los criterios de reparto de los recursos, que siguen perjudicando a nuestro país. No podemos aceptar que Italia aporte más al presupuesto europeo y, a cambio, reciba menos. Es una simple cuestión de equidad.

La segunda se refiere a los «rebates», es decir, los descuentos en las contribuciones de los que se benefician algunos Estados miembros, sobre los que la nueva propuesta no aporta ningún avance. Me cuesta explicar por qué precisamente quienes piden «modernizar» el presupuesto —es decir, reducirlo— pretenden conservar privilegios que surgieron en otra etapa de la integración europea.

Si la modernización debe llevarse a cabo, debe aplicarse a todos. Y añado que no se puede pretender que los sacrificios sean europeos y los privilegios, nacionales.

La tercera cuestión, que puede parecer técnica, dice mucho sobre el funcionamiento de Europa. Se trata del principio según el cual los fondos europeos no pueden financiar actividades que perjudiquen de manera significativa al medio ambiente. Un principio justo. Pero los primeros proyectos de normas de aplicación de la Comisión corren el riesgo de convertirlo en una exclusión automática de sectores enteros, es decir, precisamente lo que los gobiernos habían decidido evitar.

No podemos pedir a una acería que invierta miles de millones en la transición, hacerle pagar cuotas de CO₂ y luego decirle que, precisamente por ser una acería, no puede acceder a los fondos europeos destinados a la descarbonización. Tampoco podemos afirmar que queremos reforzar la seguridad energética y, a continuación, excluir automáticamente las infraestructuras necesarias para garantizar ese proceso.

Y también quiero decir que las decisiones de los gobiernos no son borradores que la burocracia pueda corregir a su antojo. Esta deriva, según la cual los jefes de Estado y de gobierno toman decisiones que las normas burocráticas desmantelan sistemáticamente, es inaceptable y debe corregirse.

Nuestra valoración global del paquete dependerá también de cómo se resuelvan estos nudos. Pero, en este sentido, como ya decía, tendremos ocasión de volver sobre ello.

El Consejo Europeo celebrará asimismo un debate estratégico sobre el proceso de ampliación y las reformas internas de la Unión. Un tema al que Italia siempre ha concedido gran importancia. Solo una Europa reunificada, respaldada por un sólido consenso político, puede alcanzar la masa crítica necesaria para seguir siendo competitiva, influyente y segura.

Empezando por los Balcanes Occidentales. Por supuesto, cada proceso tiene sus propias características, su propio calendario y sus propias condiciones. Pero la perspectiva política es la misma: consolidar de forma duradera el arraigo europeo de naciones que forman parte de nuestra historia.

Apoyamos una ampliación basada en el principio del mérito y en la responsabilidad recíproca. Corresponde a los países candidatos llevar a cabo las reformas necesarias y adaptarse progresivamente a las normas europeas. No obstante, corresponde a la Unión reconocer, sin demora, esos resultados acompañados de avances concretos. Por ello, a corto plazo, nuestra prioridad es apoyar firmemente el avance del proceso en Montenegro y en Albania. Y es que su éxito tendría un alcance que trasciende con creces sus fronteras y las nuestras. Esto demostraría a toda la región que el proceso de adhesión es muy real, que las reformas se ven recompensadas y que, cuando un país candidato cumple con su parte, la Unión es capaz de cumplir con la suya.

Por último, el Consejo Europeo celebrará un debate estratégico sobre la gestión de los flujos migratorios.

He destacado en repetidas ocasiones, en esta Asamblea, hasta qué punto el enfoque europeo en esta materia ha evolucionado considerablemente en los últimos años.

Al principio, muchos consideraban imposible que temas como centrarse en la prevención de las salidas en lugar de en la gestión de las llegadas, reforzar la dimensión exterior, establecer colaboraciones con los países de origen y de tránsito, hacer más eficaces los retornos y desarrollar soluciones innovadoras, pudieran llegar a formar parte integrante del debate europeo. Pero eso es precisamente lo que ha ocurrido. Y este cambio de enfoque, al que Italia ha aportado una contribución decisiva, está dando resultados concretos.

No lo dice el gobierno. Son los datos de Frontex los que lo demuestran. En dos años, los cruces irregulares de las fronteras exteriores de la Unión se han reducido a más de la mitad.

Y este año, la caída continúa: un 35 % menos en los ocho primeros meses en comparación con el año pasado. En el Mediterráneo central, es decir, en la ruta que afecta a Italia, las llegadas se han reducido a más de la mitad.

El problema no está resuelto, lo sabemos bien. Pero estas cifras ponen de manifiesto algo muy sencillo: la alternativa a la «política de puertas abiertas» siempre ha existido. Siempre ha existido. Durante años, simplemente se ha optado por no aplicarla.

Tenemos la intención de seguir por el camino emprendido, sin bajar la guardia. Sobre todo porque los acontecimientos de Ceuta, a finales de julio, han puesto claramente de manifiesto la rapidez con la que pueden surgir situaciones de presión excepcional en las fronteras exteriores.

A la luz de estos hechos, como saben, Italia ha decidido restablecer temporalmente los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas con España, basándose en una evaluación de seguridad. Y permítanme decir que me parecen bastante surrealistas las polémicas que se han desatado a raíz de ello, sobre todo por parte de algunos partidos de la oposición, que, evidentemente, están más preocupados por defender al gobierno español que por la seguridad y las fronteras italianas.

Recuerdo que el Código de Schengen prevé expresamente la posibilidad de restablecer temporalmente los controles en las fronteras interiores por razones de orden público o de seguridad. Se trata, de hecho, de un instrumento que se utiliza con frecuencia: desde 2006, los Estados miembros han recurrido a él cerca de quinientas veces y, en más de treinta casos, los controles han afectado directamente a Italia. Francia, por ejemplo, mantiene controles en la frontera con nosotros desde hace más de diez años.

Por lo tanto, es difícil sostener —estimados colegas— que Italia no tenga derecho a utilizar un instrumento que se ha empleado en su contra decenas de veces. Recuerdo a mis colegas que Italia tiene los mismos deberes y los mismos derechos que los demás Estados miembros, pero que también tiene los mismos derechos. No aceptamos que la defensa de las fronteras sea un derecho para los demás y una falta cuando se trata de Italia.

Ceuta también nos ha enseñado otra cosa: una crisis fronteriza no siempre surge por sí sola. A veces, está orquestada. Los traficantes la organizan, las redes sociales la amplifican y la desinformación la alimenta.

Quienes utilizan a personas desesperadas como medio de presión en nuestras fronteras no se limitan a forzar una frontera. Atacan a Europa, y Europa debe dotarse de las herramientas necesarias para responder a ello.

Aún tras los sucesos de Ceuta, el pasado 1 de agosto, Italia, junto con Dinamarca, tomó la iniciativa de redactar una carta firmada por 22 de los 27 jefes de Estado y de gobierno europeos, en la que solicitábamos una mayor protección de las fronteras exteriores, una lucha más decidida contra las redes de traficantes, un mayor número de repatriaciones y una mayor capacidad para anticiparnos y reaccionar ante situaciones similares.

Y hemos pedido que se aborden seriamente los factores de atracción, entre los que también incluimos las regularizaciones a gran escala. Por supuesto, cada Estado miembro conserva sus competencias y toma sus propias decisiones. Pero vivimos en un espacio integrado, con libre circulación y fronteras comunes. Y lo que un Estado decide en su territorio no se queda necesariamente ahí: puede tener repercusiones en los demás Estados miembros y comprometer el buen funcionamiento del espacio Schengen.

Si el mensaje que se transmite es que una entrada irregular puede convertirse posteriormente en una estancia legal, se corre el riesgo de fomentar nuevas salidas, reforzar el modelo económico de los traficantes de personas y echar por tierra parte de los esfuerzos que estamos realizando para reducir las llegadas irregulares. Y eso no nos lo podemos permitir.

A continuación vienen las devoluciones. Durante años, en Europa, una resolución de expulsión no era, en muchos casos, más que un simple trozo de papel. Hoy en día disponemos de herramientas más eficaces, sobre todo gracias a la nueva normativa europea, y los resultados son evidentes. Este año, las repatriaciones han alcanzado su nivel más alto jamás registrado para el mismo periodo, y siguen aumentando. Por ello, quiero dar las gracias al ministro Piantedosi y a todos aquellos que trabajan cada día para lograr este resultado. Porque el mensaje debe ser claro: quienes entran ilegalmente en Italia no pueden contar con quedarse aquí.

Y luego está el trabajo a lo largo de toda la ruta migratoria. Gracias a la colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones, así como con Argelia, Libia y Túnez, unos 65.000 migrantes han regresado voluntariamente a sus países de origen en los dos últimos años, incluso antes de haber intentado cruzar el Mediterráneo. Son 65.000 personas que no han puesto su vida en manos de traficantes.

Pero para que este modelo funcione aún mejor, es necesaria la colaboración más estrecha posible por parte de los terceros países. Y cuando esa colaboración brilla por su ausencia, Europa debe utilizar todos los medios de que dispone: la diplomacia, la cooperación, el comercio y los visados. Porque quienes desean ser nuestros socios no pueden considerar los retornos como un tema aparte.

Se necesita aún más ambición en el ámbito exterior y una mejor coordinación con las iniciativas nacionales, empezando por el Plan Mattei para África, que surgió de la convicción de que las relaciones entre Europa y África deben basarse en asociaciones entre iguales, inversiones y un crecimiento compartido. 

Lo mismo ocurre con las soluciones innovadoras. Italia ha abierto el camino con sus centros en Albania y, en la actualidad, la normativa europea prevé los «centros de retorno» en terceros países, y numerosos Estados miembros desean seguir este camino. Ahora hay que pasar a la fase de aplicación. La Unión debe apoyar a quienes deseen poner en marcha proyectos piloto, proporcionándoles recursos, competencias y medios, en pleno respeto del Derecho europeo e internacional. Y estos recursos también deben tener cabida en el próximo presupuesto europeo.

Lo debatiremos al margen del Consejo Europeo, en particular durante el tradicional almuerzo de trabajo dedicado a las soluciones innovadoras en materia de migración, que, como siempre, hemos organizado conjuntamente con Dinamarca y los Países Bajos.

En conclusión, queridos colegas, más allá de los asuntos concretos, el Consejo Europeo que nos espera reviste un claro significado político.

Vivimos en un mundo en el que la seguridad, la prosperidad y muchos de los equilibrios que hemos dado por sentados durante años ya no son algo que se pueda dar por hecho. Y Europa debe decidir cómo piensa hacer frente a esta situación. Puede seguir estableciendo normas como si nada hubiera cambiado. O bien puede afrontar la realidad y dotarse de las herramientas necesarias para defender su economía, su seguridad y su libertad.

Y es por esta última por la que trabajamos. Una Europa capaz de conciliar la transición y la industria, las políticas tradicionales y las nuevas prioridades, la cooperación con sus socios y la defensa de sus fronteras. Una Europa pragmática, que no teme rectificar sus decisiones cuando la realidad cambia. Una Europa que centre sus fuerzas en los grandes retos que ninguna nación puede afrontar por sí sola, y que sepa mantenerse al margen cuando las naciones se desenvuelvan mejor por su cuenta. Una Europa firme en las grandes cuestiones y discreta en todo lo demás.

Si Meloni destaca en la cuestión rusa, es en la de la inmigración donde ocupa todo el espacio que recientemente había conquistado Futuro Nazionale. Tras Ceuta, el refuerzo de los controles en las fronteras interiores con España, la crítica a las regularizaciones españolas y el apoyo al fallido proyecto de los centros de repatriación en Albania son medidas —en su mayoría simbólicas— que no dejan a Vannacci ningún margen a la derecha, salvo el de Rusia, y en este punto, la aíslan.

No obstante, hay que interpretar estas cifras con cautela. El descenso del 35 % durante los ocho primeros meses, con cerca de 75.000 cruces, no incluye las llegadas masivas procedentes de Marruecos a Ceuta, donde, a finales de julio, unas 70.000 personas llegaron al enclave español. Por lo tanto, existe una contradicción interna en este discurso: la cifra que se presenta como un éxito excluye precisamente el hecho que se ha utilizado para justificar los controles con España. Además, el Mediterráneo occidental es la única gran ruta migratoria que está en aumento.

Durante años, se nos ha dicho que, para tener peso en Europa, Italia debía renunciar a defender sus intereses. Hemos demostrado lo contrario. Porque una Europa fuerte necesita naciones fuertes. Y se puede trabajar por una Europa más sólida y más creíble sin dejar, ni siquiera un minuto, de defender a Italia con orgullo.

Y es con ese orgullo con el que, una vez más, me desplazaré a Bruselas. Con la misma determinación que la de millones de italianos que, cada día, trabajan, producen, innovan y dan vida a esta nación. Porque es a ellos a quienes debemos una Europa que los proteja, en lugar de ponerles trabas. Y quiero decirles que, sea cual sea el lugar donde se decida su futuro, Italia estará ahí para hacer oír su voz. 

Muchas gracias.

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• Esta diferencia de unos 140 millones de habitantes —lo que equivale aproximadamente a la población de Rusia— podría tener importantes repercusiones en las perspectivas del país y, en particular, en su modelo de crecimiento.
• Además, China tiene una deuda enorme, cuyo servicio se prevé que represente más del 19 % del presupuesto del gobierno central este año, es decir, 7 puntos más que en 2014.

Hay varios indicios que sugieren que las estadísticas oficiales inflan artificialmente la población del país, y esto viene ocurriendo desde principios de la década de 1990.

• Yi señala que el gobierno aprobó la distribución de unos 5,8 millones de viales al año de la vacuna BCG contra la tuberculosis, obligatoria para todos los recién nacidos, entre 2018 y 2020.
• Ahora bien, con una media de casi 14 millones de nacimientos al año, según Pekín, se habrían necesitado entre 9 y 13 millones de viales: de hecho, en la práctica, cada vial solo permite vacunar a entre 1,1 y 1,6 recién nacidos.
• Del mismo modo, Yi observa que el tamaño de la cohorte de niños nacidos en el año 2000 se ha reducido considerablemente quince años después, pasando de 17,7 millones de nacimientos, según las estadísticas oficiales, a 14,2 millones de graduados de secundaria en 2015, a pesar de que la escolarización es obligatoria en el país. ¹⁰

Varios actores podrían haber tenido interés en inflar las estadísticas demográficas: las administraciones locales, con el fin de obtener una mayor financiación de la administración central, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y la Comisión de Planificación Familiar, con el fin de legitimar el mantenimiento de la política del hijo único, pero también el propio poder, para quien una revisión a la baja de las cifras de población podría haber tenido consecuencias políticas.

No obstante, la corrección de décadas de sobreestimación de la población podría llevar a Pekín a rebajar sus ambiciones geopolíticas.

• De hecho, Yi considera que, si el índice sintético de fecundidad de China se estabiliza en torno a 0,8 —frente al menos de 1 actual, según él—, la población del país sufriría una contracción sin precedentes.
• Según las estadísticas oficiales, la población de China pasaría de los 1.400 millones de habitantes actuales a 1.000 millones en 2050 y a 620 millones en 2075. En 2100, el país solo contaría con 320 millones de habitantes.
• En ese caso, tendría menos habitantes que Estados Unidos (unos 420 millones de habitantes en 2100, según las previsiones de las Naciones Unidas) y que Europa (unos 470 millones, sin contar Rusia).

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• Entre el martes 13 y el miércoles 14, dos buques pertenecientes a armadores emiratíes, presuntamente atacados por Irán, se hundieron tras ser alcanzados en el estrecho de Ormuz o en sus proximidades.

• El portacontenedores GFS Pride había sido alcanzado el martes por un «proyectil desconocido», mientras que el granelero Cape Dao había sido alcanzado tres semanas antes, el 23 de septiembre. ¹¹
• Se trata de los primeros buques hundidos en el estrecho de Ormuz desde principios de marzo, cuando el Safeen Prestige, un portacontenedores con pabellón de Malta, fue alcanzado cerca de las costas de Omán.

Si bien las últimas operaciones militares estadounidenses en Irán se remontan, según el Institute for the Study of War, a principios de septiembre, Irán ha intensificado los ataques en las últimas semanas, lo que ha obligado a los superpetroleros a dar media vuelta y regresar al Golfo Pérsico. ¹²

Estos ataques podrían provocar una ralentización de los flujos de petróleo procedentes de Medio Oriente, que registraron un notable aumento a finales de septiembre.

• Autoridades iraníes declararon a principios de esta semana que el país había comenzado, desde principios de mes, a emplear diversas tácticas ofensivas contra los buques que consideraba que infringían sus restricciones. ¹³
• Esos mismos responsables afirman que quieren contrarrestar los esfuerzos de la administración de Trump por hacer bajar los precios mundiales del petróleo —y, por tanto, los precios en las gasolineras de Estados Unidos— de cara a las elecciones de mitad de mandato.

La crisis energética provocada por la guerra contra Irán sigue afectando a los precios, especialmente a los de la gasolina, a pesar de los intentos de la administración de Trump por reducirlos. En Estados Unidos, el índice que mide los precios de la gasolina se disparó un 9,1 % en septiembre, lo que supone la mayor subida desde marzo (+21,2 %).

• El viernes 9, el presidente estadounidense anunció que había llegado a un acuerdo con el Kremlin para poner «de inmediato» 300.000 toneladas de gasóleo «en el mercado estadounidense y mundial».
• Hoy, jueves 15, la Agencia Internacional de la Energía ha comunicado que sus miembros han acordado «llevar a cabo las últimas puestas en el mercado de unos 100 millones de barriles», de los cuales más de 20 millones de barriles son gasóleo. ¹⁴

A primera hora del día, representantes estadounidenses habían presionado a los demás miembros de la Agencia para que liberaran al menos 100 millones de barriles adicionales de las reservas de emergencia. ¹⁵ Desde el inicio de la guerra, se han puesto en el mercado 330 millones de barriles de los 400 millones comprometidos en marzo, la mayor liberación de la Agencia desde su creación, en 1974.

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Tras la elección de Tobias Rausch como presidente del Landtag el 6 de octubre, ¹⁷ lo que lo convierte en el primer presidente procedente de un partido de extrema derecha desde 1945, la aprobación de este primer texto pone de manifiesto la nueva orientación prorrusa de esta mayoría. Esta resolución ilustra la estrategia de la mayoría populista de derecha e izquierda en Sajonia-Anhalt, que, en cualquier caso, solo contará con cuatro escaños de los 69 del Bundesrat. Lejos de cualquier preocupación por el futuro económico o social del estado federado, el objetivo principal de esta alianza es obstaculizar por todos los medios el apoyo del gobierno federal a la resistencia de Ucrania frente al invasor ruso. 

El discurso de Ulrich Siegmund reitera así el principio «Nuestro país primero» (Unser Land zuerst) y exige que «Alemania deje de una vez por todas de querer salvar a todo el mundo». 

Se mencionan los daños atribuidos a la guerra de Rusia en Ucrania, pero se elude en gran medida la responsabilidad de Rusia en el estallido de la guerra, al igual que los crímenes de guerra perpetrados por su ejército. La ayuda prestada a los ucranianos se contrapone a diversos elementos del programa de la AfD —desde guarderías gratuitas hasta préstamos para recién casados— y sirve de respuesta a sus detractores, que temen que ese mismo programa sea imposible de financiar. 

Para Siegmund, las desgracias de Alemania tienen dos causas principales: el apoyo prestado a Ucrania y la inmigración descontrolada. Se pasan por alto las ofensivas comerciales estadounidenses o chinas que provocan la actual crisis industrial al otro lado del Rin. Ni la resolución del Landtag ni el discurso que la acompaña mencionan los diversos intentos infructuosos de mediación del presidente estadounidense Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en 2025. Tampoco se hace mención alguna al atentado contra el aeropuerto de Leipzig, frustrado en agosto de 2026, y que Berlín atribuyó a los servicios de inteligencia rusos.

La resolución del Landtag aprobada ayer, 14 de octubre, por la AfD y la BSW —que, por una coincidencia del calendario, se había presentado oficialmente para su aprobación el 7 de octubre— el día del cumpleaños del presidente ruso, exige que el gobierno federal ponga fin a toda ayuda financiera a Ucrania que no sea humanitaria, así como a todos los envíos de armamento al país. ¹⁸ Este primer texto, que, como reconoce el propio Siegmund, no se refiere realmente a la política regional, debe interpretarse como el acta de nacimiento parlamentaria de un bloque transpartidista abiertamente pro-Putin en Alemania Oriental.

Hoy es un día maravilloso, hoy es un día histórico, porque hoy, por primera vez desde el inicio de la terrible guerra en Ucrania, una iniciativa de paz —una verdadera iniciativa de paz— va a partir de un parlamento alemán, aquí, en Sajonia-Anhalt. Me siento orgulloso de ello, señoras y señores.

Hoy vamos a aprobar por primera vez una iniciativa de paz, que no solo proviene de Sajonia-Anhalt, sino que da voz a millones de personas de toda Alemania y de toda Europa que anhelan fervientemente esa paz. Esto ha sido posible gracias a los cientos de miles de ciudadanos que el 6 de septiembre optaron por el cambio, que votaron por la Alternativa y que han dado un claro revés a los belicistas. Muchas gracias. Gracias a ese apoyo, esto ha sido posible. En el futuro, por fin optaremos por el retorno de la paz, señoras y señores.

Algunos se han preguntado, como es lógico, por qué se convoca una sesión extraordinaria y por qué no se aborda un tema regional. Es cierto que en las próximas semanas se tratarán aquí numerosos temas regionales, pero consideramos que hay que abordar los problemas fundamentales. Ahora bien, este tema es uno de esos problemas de fondo que está llevando a casi todos los sectores de nuestra sociedad —incluso a nivel de nuestro Estado federado— por mal camino, comprometiendo nuestro futuro y constituyendo la causa profunda de la situación actual. No queremos dar vueltas al asunto, queremos actuar; de ahí esta sesión extraordinaria, para no perder ni un solo día en favor de la paz. Por eso nos hemos reunido hoy para construir un futuro mejor para toda Europa. Señoras y señores, queremos que Alemania deje por fin de querer salvar el mundo.

«Nuestro país ante todo»: esa debería ser nuestra aspiración más profunda. Queremos que cesen de una vez por todas las matanzas. La guerra nunca debe ser una solución. Es una lección que todos deberíamos haber aprendido de la historia, más allá de las divisiones entre los grupos parlamentarios. No queremos que nuestro país siga participando en una guerra que no es la nuestra, a riesgo de que ese conflicto se traslade a nuestro territorio. No lo queremos. No queremos prepararnos para la guerra, sino para la paz, señoras y señores. 

La evolución actual de este conflicto —lo ocurrido en los últimos meses y años— figura, al igual que la inmigración descontrolada, entre los principales problemas de nuestra época; no se trata solo de muertes innecesarias. Se trata también de recursos de los que se ve privado nuestro propio país, cuando los necesitaríamos con urgencia y de forma imprescindible en numerosos ámbitos. Por eso quiero, con esta iniciativa, exponer con claridad unos hechos que escapan a muchos de nuestros conciudadanos, para mostrar con precisión de qué nos vemos privados. Les recuerdo algunas mesas redondas de la campaña electoral en las que a menudo se me reprochaba: «Señor Siegmund, con un déficit de 2.500 millones, ¿cómo piensa financiar todo esto, todos los proyectos de su programa?». De ahí que hoy presente cifras, datos y hechos. ¿De qué estamos hablando realmente? Desde el inicio de la guerra, Alemania ha gastado 28.000 millones de euros solo en la prestación de ciudadanía (Bürgergeld) abonada a los ucranianos, 7.000 millones en alojamiento e integración, 6.000 millones en abastecimiento e infraestructuras (sobre todo energéticas) en Ucrania, 23.000 millones en ayuda militar, 22.000 millones en concepto de compromisos futuros y autorizaciones de compromiso; a lo que hay que sumar unos 25.000 millones de euros abonados indirectamente a través del presupuesto de la Unión Europea —de la que Alemania es, como todos sabemos, el principal contribuyente neto—. Es decir, un total de 125.000 millones de euros sustraídos a nuestro propio país para ser inyectados, directa o indirectamente, en esta guerra. 

El análisis cuantitativo de Siegmund contradice incluso el argumento esgrimido en la propia resolución, según el cual las ayudas humanitarias no se tienen en cuenta en el cálculo, ya que denuncia las ayudas destinadas al abastecimiento y a las infraestructuras no militares en Ucrania.

Y, al mismo tiempo, en la emisora (de la radio pública regional, N. del T.) MDR me quieren explicar que no tenemos dinero para guarderías gratuitas, para las comidas escolares, para los jubilados, para las familias ni para préstamos a parejas jóvenes casadas. Es un escándalo enorme. Es una lógica totalmente absurda. Nuestro dinero para nuestro país.

El líder de la AfD en Sajonia-Anhalt recoge aquí varios de los puntos del «programa de gobierno» de su partido para las elecciones del pasado mes de septiembre. 

Señoras y señores —y lo digo aquí como padre y como ciudadano de este país—, más allá de esos miles de millones en gastos, hay un precio que ninguna suma de dinero del mundo puede compensar: el de las vidas humanas. Señoras y señores, nadie conoce las cifras exactas. Hasta ahora, unos 150.000 ucranianos han pagado con su vida esta terrible guerra, y se estima que entre 400.000 y 500.000 rusos han corrido la misma suerte. Casi dos millones de personas han resultado heridas o mutiladas: una tragedia humana sin fin. 

Por eso queremos poner fin a este sufrimiento: estas personas no son solo cifras. Detrás de cada una de esas cifras hay una madre, un padre, un hijo, una hija, una familia destrozada, niños que ahora crecen sin sus padres… ¿y para qué? ¿Para qué todo esto? Este sufrimiento debe acabar. Por eso, cualquier debate serio destinado a acallar las armas merece que impulsemos esta iniciativa aquí, desde Sajonia-Anhalt, que la apoyemos y que la aprobemos hoy.

No obstante, permítanme decir una cosa: por supuesto, condenamos la terrible guerra de agresión rusa contra Ucrania, ya que la guerra no puede ser una solución. Tengo que repetirlo: es una lección que la historia debería habernos enseñado hace mucho tiempo. Pero también constatamos que toda guerra tiene un contexto y que solo puede resolverse sentándose a la mesa de negociaciones, de igual a igual y con respeto mutuo, para, por fin, silenciar las armas, negociar un alto al fuego y evitar que siga muriendo gente. El hecho de que Juliane Kleemann, del SPD, esboce una sonrisa burlona y niegue con la cabeza demuestra que no tiene ningún interés en proteger esas vidas humanas. Son ustedes quienes avivan la guerra, ustedes los que han sido apartados del poder con toda justicia. La gente quiere la paz, y la quiere con nosotros.

Juliane Kleemann es diputada del Landtag y miembro del SPD, partido que obtuvo unos resultados estables el 6 de septiembre y que ha adoptado una actitud prudente, a veces criticada por su pusilanimidad ante el riesgo de una escalada en Ucrania. Por lo tanto, el ejemplo parece bastante poco acertado por parte de Siegmund para ilustrar a una belicista castigada en las urnas.

Señoras y señores, para concluir, quiero destacar que todas sus iniciativas descabelladas —las sanciones contra Rusia y muchas otras medidas más— solo han provocado una cosa: un desequilibrio en nuestro desarrollo económico. Precios del combustible extremadamente elevados. Vayan a llenar su tanque; muchos de ustedes desconocen lo que cuesta actualmente. Un desequilibrio económico: esa es la consecuencia. ¿Cuántas vidas han salvado estas sanciones? ¿En qué medida han cambiado el curso de la guerra? En absoluto. Y ese es el escándalo del que hablamos hoy. Todo esto no lleva a ninguna parte. Debemos tomar nuevos caminos. Ese es el reto actual. 

La demostración contundente de la ineficacia de las sanciones contradice la voluntad manifiesta de condenar la invasión; pero Ulrich Siegmund atribuye el elevado precio de la energía en Alemania únicamente a las sanciones, olvidando señalar que los precios eran estructuralmente más altos antes de 2022 y que la guerra de Estados Unidos contra Irán alimenta la inflación. 

Para concluir, señoras y señores, estoy muy agradecido con la BSW por hacer posible, junto con nosotros, esta iniciativa de paz hoy para Sajonia-Anhalt y para Alemania. Esta señal contundente procedente de Sajonia-Anhalt es más necesaria que nunca, tanto a nivel federal como en el seno del Bundesrat. Millones de personas aspiran a la diplomacia en lugar de a la escalada. Desean seguridad para sus hijos, para sus familias y para el futuro de todos nosotros. Esperan una señal de paz. Y es precisamente esa señal la que recibirán hoy. Esa señal de paz la adoptaremos juntos hoy, aquí, en Sajonia-Anhalt. La paz es el futuro. Gracias por su atención, señoras y señores, y les deseo lo mejor en nuestra labor conjunta.

Ulrich Siegmund valora positivamente la contribución del BSW, que ya el pasado 6 de septiembre había manifestado su intención de votar junto a la AfD en diversos proyectos comunes. Aunque el partido populista de izquierda y prorruso ha rechazado por el momento votar directamente a favor de Siegmund en la elección del ministro-presidente, que podría celebrarse a principios de diciembre, suma aquí sus votos a los del partido nacional-populista de extrema derecha para una resolución esencialmente simbólica y sin efecto jurídico vinculante.

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Es probable que esta cifra subestime el alcance de la propaganda de guerra.

• El estudio se basa principalmente en las publicaciones de los colegios en la red social rusa VKontakte (VK).
• Por lo tanto, no se han incluido los centros que no disponen de cuenta, ni tampoco los colegios que no figuran en la muestra.

Las actividades de propaganda en las escuelas rusas han evolucionado desde 2022. Mientras que durante el primer año de la invasión a gran escala de Ucrania se pedía principalmente a los alumnos que elaboraran regalos y escribieran cartas para los soldados en el frente, estas actividades se han institucionalizado desde entonces, con la elaboración de directrices metodológicas, y ahora dan paso a horas lectivas dedicadas a la guerra, a encuentros con veteranos y a visitas a museos.

• Desde 2022, los colegios rusos imparten cada semana una asignatura titulada «Conversaciones sobre lo esencial» (Разговоры о важном), que consiste en una serie de lecciones «patrióticas» destinadas a armonizar los valores espirituales y morales de los alumnos con la estrategia de seguridad nacional de la Federación de Rusia.

A partir del inicio del curso escolar de 2026, este programa se impartirá en los centros de educación infantil con un nuevo nombre: «Juegos solidarios» (Добрые игры).

• Estas sesiones, dirigidas a niños de entre 3 y 7 años, tienen como objetivo, entre otras cosas, presentarles la «reunificación» de Crimea con Rusia y definir el heroísmo como la «disposición a sacrificarse por los demás» ²⁰.
• En la página web oficial del programa, un juego dirigido a niños de entre 3 y 4 años les hace «cruzar el puente de Crimea» en tren, antes de volver a casa repitiendo: «¡Qué bien que seamos un solo país!».
• A partir de los 6 años, se les enseña que Crimea es una parte histórica de Rusia que «ha vuelto a casa», y se les inculca un «sentimiento de justicia» respecto a esta «reunificación».

Más allá del aspecto ideológico, en 2023 también se incorporó al plan de estudios una formación militar, para convertirse en 2024 en una asignatura semanal obligatoria a partir de los 14 años, cuyo componente militar se amplió del 20% al 50% al inicio del curso 2026.

• Esta formación incluye una introducción al montaje y desmontaje de un kaláshnikov, a cómo ponerse un chaleco antibalas, así como un módulo teórico sobre «la guerra informativa y psicológica».
• En 2024, una madre que se negaba a enviar a su hijo a un campamento militar fue condenada a una multa de 30.000 rublos por «desprestigiar al ejército» ²¹.

Los datos disponibles no muestran ninguna correlación entre las bajas relacionadas con la guerra, en relación con la población, y la intensidad de la propaganda en las escuelas, según las regiones. Sin embargo, es en las ciudades de menos de 10 000 habitantes donde se observa la mayor concentración de actividades a favor de la guerra.

• Por el contrario, los colegios de las grandes ciudades del país, como Moscú y San Petersburgo, se ven menos afectados por la propaganda a favor de la guerra.
• Las cifras recopiladas por Mediazona y el servicio ruso de la BBC muestran que es precisamente en las grandes ciudades donde el número de muertos en el frente en Ucrania se encuentra entre los más bajos: 33 por cada 100 000 habitantes en Moscú y 49 en San Petersburgo, frente a más de 580 en Transbaikal o en Tuva[nota]«Потери России в войне с Украиной», Mediazona, datos actualizados el 9 de octubre de 2026.[/nota].

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La inteligencia artificial se encuentra en un momento decisivo. La tecnología avanza cada vez más rápido, la valoración de las empresas del sector alcanza niveles récord y, en la actualidad, es la principal impulsora del crecimiento del PIB de Estados Unidos. ²² Al mismo tiempo, el rechazo de la opinión pública se está afianzando, y los responsables políticos, que tradicionalmente se mostraban más favorables, están cambiando de postura. El populismo de la IA empieza a hacerse notar claramente. Aumenta la inquietud ante los cambios radicales que conlleva la IA. 

Sin embargo, las opiniones están lejos de haberse estabilizado. Los usuarios valoran positivamente la herramienta a título personal y la están adoptando de forma masiva. Los responsables políticos y los expertos que reclaman una mayor regulación no se ponen de acuerdo sobre el tipo de control que habría que implantar. Así, la politización del tema avanza, pero las líneas de división siguen siendo difusas, lo que hace que la pérdida de confianza no sea en absoluto irremediable. 

¿Cuáles son hoy en día los términos de este debate? ¿Existe alguna forma de revertir la narrativa negativa sobre la IA? ²³ 

1 — Adopción masiva, pero percepción negativa 

El uso de la IA es muy elevado, tanto a nivel personal como profesional. El 71 % de los usuarios afirma haber utilizado al menos una herramienta de IA en los últimos seis meses. De entre estos usuarios, el 92 % las utiliza como alternativa a los motores de búsqueda para informarse y realizar búsquedas. El 61 % afirma recurrir a ellas en el ámbito profesional y el 48 %, entre los que se encuentran dos tercios de los adultos jóvenes, las utiliza como apoyo emocional y relacional. 

Sin embargo, cuando se pregunta a la opinión pública sobre su percepción, positiva o negativa, de varias tecnologías de uso cotidiano, la IA ocupa el último lugar, con un 18 % de opiniones positivas, frente al 76 % de los motores de búsqueda y el 74 % de los smartphones. Incluso las redes sociales obtienen una mejor valoración, con un 35 % de opiniones positivas. 

En el ámbito político, el tema empieza a generar división, sobre todo en Estados Unidos, donde los republicanos tienen una opinión más favorable sobre la IA (saldo neto del +44 %) que los demócratas (+26 %). Pero el factor explicativo más determinante no es tanto la orientación ideológica como la propensión a votar: los abstencionistas se muestran claramente menos entusiastas que el resto. 

En todos los países analizados, los adultos más jóvenes, con mayores ingresos y con mayores competencias digitales son los más favorables a la IA, al igual que aquellos que ya utilizan estas herramientas. Por lo tanto, la imagen de la IA podría mejorar a medida que avance su adopción, pero también podría seguir deteriorándose si su implantación afecta negativamente a sus principales defensores, en particular a los jóvenes y a las personas con mayor nivel de estudios. 

2 — Aumento de la preocupación entre los responsables políticos

Los expertos a los que hemos entrevistado se muestran más preocupados que hace seis meses, sobre todo los responsables políticos, que expresan un temor cada vez mayor ante los riesgos que plantea la IA, en particular la pérdida del control humano sobre los sistemas.

Aunque hay que matizar. El deterioro es evidente en Estados Unidos, mientras que los expertos entrevistados en Japón comparten una visión más optimista sobre el potencial de la tecnología y la capacidad del gobierno para regularla de forma pragmática. 

Además, las diferencias entre los actores políticos y los industriales son cada vez mayores: estos últimos, aunque no tienen posiciones homogéneas, se centran más bien en las mejoras de productividad relacionadas con la IA y en la dinámica comercial del sector. 

¿Cómo se explica la mala imagen de la IA? Varios expertos europeos a los que se ha consultado consideran que el problema no radica tanto en la tecnología en sí misma como en la reputación de las empresas del sector, sus estrategias de comunicación y el perfil de sus directivos. 

3 — Una visión crítica de la competencia entre Estados Unidos y China

La carrera mundial por la IA no cuenta con un apoyo masivo por parte de la opinión pública. Cuando se pide elegir entre la competitividad en materia de IA y otras prioridades, como la seguridad, la protección de los derechos de autor, la protección del empleo, la fiscalidad o las cuestiones medioambientales, dos tercios de los encuestados no dan prioridad a la competitividad. 

El 64 % de los encuestados en Estados Unidos considera que su país «debería ir más despacio y establecer la norma mundial en materia de IA segura y responsable», mientras que el 38 % opina que «debe liderar el desarrollo de la IA a nivel mundial, aunque ello implique aceptar ciertos riesgos por el camino». En el resto de países, el desarrollo de una IA responsable también se considera más importante (64 %) que la búsqueda de la competitividad «por encima de todo» (36 %).

Una mayoría considera incluso que la competencia entre Estados Unidos y China por el dominio de la IA acabará siendo perjudicial para el mundo, sea cual sea el ganador: el 54 % en Estados Unidos y el 52 % en el resto de países. Esta opinión la comparten varios expertos estadounidenses entrevistados, que rechazan la idea de utilizar la rivalidad con China como pretexto para frenar las medidas de seguridad en materia de IA.

4 — Apoyo a las políticas de soberanía, aunque se dude de su eficacia

Tanto la opinión pública como los expertos respaldan las políticas destinadas a reducir la dependencia extranjera en materia de IA. Así, el 76 % de los encuestados considera que la soberanía en materia de IA es importante, o incluso muy importante. Y el 62 % de los encuestados en Europa, Canadá y Japón considera que su país debe reducir su dependencia respecto a China y Estados Unidos. 

Fuera de Estados Unidos, los responsables políticos y los organismos reguladores consideran que la decisión del gobierno de restringir la exportación de modelos de IA fue el punto de inflexión que cristalizó un sentimiento de urgencia en torno al desarrollo de capacidades de IA independientes. 

Sin embargo, apoyar estas políticas de soberanía no significa estar convencido de su eficacia. En Europa, Canadá y Japón, los expertos encuestados se muestran poco confiados en la capacidad de estos países para competir con China o Estados Unidos en lo que respecta a los modelos avanzados de inteligencia artificial. 

En Japón, algunos responsables llegan incluso a cuestionar la necesidad de competir en el ámbito de los modelos y abogan, en cambio, por una estrategia de soberanía centrada en determinados segmentos de la cadena de valor de la IA. 

La opinión pública se muestra pragmática en lo que respecta al apoyo a las empresas locales. El 44 % de los franceses y el 40 % de los japoneses afirman sentirse cómodos con las tecnologías extranjeras, y la mayoría también lo está con las empresas extranjeras que refuerzan su arraigo local, sobre todo pagando impuestos, creando empleo e invirtiendo en el país.

Los encuestados también apoyan las políticas de compra local: el 60 % de ellos las aprueba, aunque ello suponga unos costos más elevados o una tecnología menos eficaz para los servicios públicos. 

Por el contrario, los expertos del sector encuestados se muestran más escépticos respecto a las políticas de compra local y de soberanía en materia de IA. Consideran que la competitividad en el ámbito de la IA y el desarrollo de empresas verdaderamente competitivas a escala mundial exigen el acceso a las mejores tecnologías, independientemente de su origen.

5 — Aumenta la probabilidad de que se regule la IA, pero no hay consenso sobre el contenido de dicha regulación

La cuestión de la regulación de la IA figura ya en la agenda de cada uno de los siete países estudiados. No obstante, es más probable que se aborde en aquellos países que aún no cuentan con ella. Sin embargo, no existe consenso ni sobre el principio de dicha regulación ni sobre sus modalidades. Por lo tanto, existe el riesgo de que la fragmentación normativa en materia de IA persista o incluso se agrave. 

En Europa, algunos expertos, aunque preocupados por los nuevos riesgos en materia de seguridad, consideran que no es necesaria una nueva normativa: las normativas existentes son suficientes, solo hay que aplicarlas. En los países que carecen de normativa nacional en materia de IA, como Estados Unidos y el Reino Unido, los expertos encuestados consideran ahora necesario adoptar una legislación nacional y/o una coordinación internacional. 

La opinión pública rechaza claramente la autorregulación en materia de seguridad de la IA: solo el 7 % de los encuestados se muestra a favor de la autorregulación por parte de la industria, sin mostrar una preferencia clara por una modalidad de control público frente a otra. La opción que cuenta con mayor apoyo consiste en someter los nuevos modelos a una autorización gubernamental acompañada de pruebas independientes. Por el contrario, la suspensión del desarrollo de los modelos de IA obtiene una puntuación inferior a la esperada, con solo un 13 % de apoyo. 

En lo que respecta a la protección de los menores, la mayoría de la opinión pública apoya el principio de prohibir a los menores de 16 años el uso de chatbots y generadores de imágenes basados en la IA, y rechaza el argumento de que ello limitaría su desarrollo o perjudicaría la adquisición de competencias digitales. 

Sin embargo, la opinión pública y los expertos están divididos sobre la viabilidad de tales restricciones. Una escasa mayoría en los Países Bajos considera que una prohibición del uso de la IA para menores de 16 años sería «prácticamente imposible de hacer cumplir».

6 — ¿Se puede volver a dar la vuelta al debate? 

No está claro que la labor de explicación se lleve a cabo con éxito. Los centros de datos son un buen ejemplo de ello. En Francia, Alemania y Japón, la mayoría de los encuestados afirma «no saber qué es un centro de datos» (un 57 %, un 59 % y un 63 %, respectivamente). Este porcentaje es menor en Estados Unidos, donde el debate sobre su construcción y funcionamiento es intenso, pero aún así alcanza el 37 %. 

La opinión pública es pragmática. Cuando se pregunta por los beneficios de la inteligencia artificial, se mencionan primero los casos de uso relacionados con la vida cotidiana, antes que los argumentos macroeconómicos. La comodidad (que permite realizar tareas como concertar citas, gestionar las finanzas y acceder a asesoramiento de forma más rápida y sencilla) ocupa el primer lugar (29 %), por delante del progreso inevitable (26 %) y del conocimiento para todos (25 %). El crecimiento económico queda muy por detrás (12 %). Existe un núcleo duro del 20 % de personas hostiles a la IA y que no se dejan convencer por ninguno de sus usos, pero el 80 % de los encuestados reconoce los beneficios de la tecnología. 

¿Existe alguna forma de reforzar la confianza en el sector? Los expertos a los que hemos entrevistado han propuesto una amplia gama de medidas que la industria podría adoptar para mejorar su imagen. Entre otras cosas, recomiendan procedimientos de certificación y etiquetado, mecanismos de transparencia y códigos de conducta vinculantes. Otros proponen que la industria destaque más los beneficios de la IA en el ámbito científico y sus casos de uso en sectores como la salud. También se valoran positivamente las políticas empresariales que limitan el uso de la IA, establecen límites éticos o regulan la comercialización de los modelos. 

Llama la atención que todas estas propuestas tengan un denominador común: la falta de confianza en el sector de la IA. En cualquier caso, este aspecto será fundamental en cualquier esfuerzo destinado a influir en la opinión política y en las medidas que se adopten, ya sea en materia de regulación o de desarrollo.

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En casi el 98 % de los países, los dirigentes son mayores que su población.

• El ejemplo más extremo de esta asimetría es Camerún, uno de los países con la población más joven del mundo, con una edad mediana de 18 años.
• Este país está gobernado desde hace casi 44 años por Paul Biya, que llegó al poder en 1982 y que hoy tiene 93 años, lo que supone una diferencia de 75 años con respecto a la población.
• De los 10 países que presentan la mayor diferencia, 9 se encuentran en África (Camerún, Malaui, Costa de Marfil, Zimbabue, Uganda, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Liberia y Eritrea), y uno en Oriente Próximo (Palestina).

Europa es, junto con Sudamérica, la región donde los dirigentes tienen menos edad: 56,7 años de edad mediana (56 años en Sudamérica), frente a los 65,4 de Norteamérica, los 67,3 de Asia y los 69,5 de África.

• La región cuenta actualmente con tres dirigentes menores de 40 años: Kristrún Frostadóttir, de Islandia, de 38 años; Milojko Spajić, de Montenegro; y Rob Jetten, de los Países Bajos, ambos de 39 años.
• Es lo mismo que en el resto del mundo: Daniel Noboa, de Ecuador, de 38 años; Ibrahim Traoré, de Burkina Faso, de 38 años; y Balendra Shah, de Nepal, de 36 años.

La edad de los dirigentes varía según el tipo de régimen vigente: en las democracias liberales, la edad mediana de los dirigentes es de 60,7 años, es decir, casi 8 años menos que en las autocracias electorales (según la clasificación de V-Dem), como Rusia y Turquía, y casi 6 años menos que en las autocracias cerradas, como China, Bielorrusia o Vietnam.

En el caso de Francia, las elecciones presidenciales de 2027 podrían modificar considerablemente la diferencia de edad entre el futuro líder del país y la población.

• Con una edad media de 42,5 años, Francia es el noveno país más joven de la Unión.
• En caso de que ganara Jean-Luc Mélenchon (75 años), el país contaría con el líder de mayor edad del bloque. La diferencia con respecto a la edad mediana se quintuplicaría en comparación con la actual, y Francia se situaría así al mismo nivel que Rusia.
• En caso de que resultaran elegidos Marine Le Pen (de 58 años) o Édouard Philippe (que tendría 56 años en el momento de la toma de posesión), la diferencia se más que duplicaría hasta alcanzar la media europea.
• Por su parte, la elección de Gabriel Attal convertiría a Francia en el cuarto país europeo cuyo dirigente es más joven que la edad mediana de su población (4,4 años menos).

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• Tras iniciar su carrera política en la década de 1980 en Shanghái, Huang fue trasladado a Chongqing en 2001.
• La ciudad, que en 1997 pasó a ser un municipio de rango provincial, experimentó entonces un auge económico y una rápida urbanización, mientras que la construcción de la presa de las Tres Gargantas obligó al desplazamiento de más de un millón de personas.
• Huang fue vicealcalde de la ciudad entre 2001 y 2009, y posteriormente alcalde hasta 2016. A continuación, ocupó el cargo de vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Asamblea Popular Nacional, entre 2017 y 2018.

Huang Qifan es conocido por haber «sobrevivido» a la purga de dos de sus antiguos superiores: Bo Xilai, secretario del Partido en Chongqing entre 2007 y 2012, destituido de sus cargos por asuntos financieros y penales, y Sun Zhengcai, secretario del Partido en Chongqing de 2012 a 2017, expulsado del PCC en 2017, declarado culpable de corrupción y condenado a cadena perpetua en 2018.

Varios expertos interpretan la investigación abierta contra Huang como un posible paso preparatorio para la sucesión de Xi Jinping.

• Huang Qifan siguió en activo tras finalizar su mandato como alcalde a finales de 2016 y, entre otras cosas, recorrió el país para exponer sus puntos de vista sobre el desarrollo económico e industrial de China en diversos foros.
• Aunque en enero de 2018 pasó a formar parte del comité municipal de Chongqing de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino —lo que podría interpretarse como una señal del fin de su ascenso político—, su actividad en los círculos económicos le ha garantizado una gran audiencia e influencia. ²⁶

Según el periodista Chang Che, Huang, conocido como uno de los principales artífices del modelo de Chongqing de Bo Xilai, fue una de las figuras más destacadas de la «era de Chongqing» y «ofrecía una visión económica rival a la de Xi Jinping». ²⁷

• En particular, advirtió sobre la especulación inmobiliaria y el endeudamiento excesivo, y señaló que la liberalización de los mercados de capitales debía ir acompañada de una aplicación más estricta de la ley, una mayor protección de los inversores y canales de financiación mediante capital propio más desarrollados. ²⁸

La corresponsal en jefe del Wall Street Journal en China, Lingling Wei, va más allá y considera que la investigación abierta sobre Huang Qifan tiene como objetivo «hacer limpieza antes de la próxima transición de liderazgo». ²⁹ Aunque la mayoría de los analistas esperan que Xi permanezca en el poder al menos hasta 2032, la cuestión de su sucesión es una preocupación cada vez más aguda, sobre todo entre la élite del Partido y del ejército, debido a los indicios que sugieren que la salud del líder chino, de 73 años, es delicada.

El gobierno chino aceleró considerablemente su purga en el Ejército Popular de Liberación el año pasado.

• Así, el CSIS ha contabilizado 62 generales y tenientes generales destituidos o desaparecidos en 2025, 15 de ellos de forma oficial, frente a los 11 del año anterior y los 14 de 2023.
• Estas purgas podrían reflejar también una lógica de control político: para Xi Jinping, cualquier figura capaz de concentrar una lealtad autónoma representa un riesgo potencial.
• Si bien la lucha contra la corrupción en el ejército es un tema recurrente para el gobierno chino, la situación actual destaca por su intensidad, por la sensibilidad y la importancia de las ramas afectadas y por el vocabulario político empleado.

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