¿Brasil: la democracia en contra del pueblo?

Lula rodeado de una muchedumbre el día de su encarcelamiento, el 6 de abril del 2018.

Pese a estar tras las rejas desde abril, y a la incertidumbre sobre su candidatura  para las elecciones de octubre 2018, el ex-presidente Lula prevalece en el centro de la atención en Brasil. ¿Encontrará una manera de salir de la cárcel antes de las elecciones nacionales? Puesto que él goza aún  de una alta popularidad, ¿tendrá la facultad de decidir sobre la victoria de otro candidato al delegarle su apoyo? Es difícil hacer un pronóstico del futuro debido a la volatilidad de la coyuntura política y judicial del país: muchos brasileños pensaron por ejemplo el 8 de julio que su ex-presidente sería liberado. Según el GEG América Latina, es necesario hacer un análisis del encarcelamiento de Lula que vaya más allá del contexto inmediato: efectivamente, los problemas judiciales del ex-mandatario son reveladores de la mutación de la violencia política estructural de Brasil: hoy en día, esta se da a través del canal democrático de la Justicia.


Por Baptiste Albertone & Anne-Dominique Correa

“Soy más candidato que nunca”. El 27 de mayo del 2018, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente de Brasil entre 2003 y 2011, anunció su candidatura para las próximas elecciones presidenciales desde la cárcel federal de Curitiba donde fue privado de libertad el 7 de abril pasado. El extrabajador metalúrgico fue condenado por la Justicia brasileña después de haber sido acusado de corrupción pasiva: Lula habría recibido un duplex a cambio de  la atribución de contratos a la empresa de construcción OAS.

El encarcelamiento de Lula divide al país. Mientras que la lucha en contra de la corrupción es presentada por los medios de comunicación y algunas personalidades políticas como una señal de la vitalidad democrática brasileña, la izquierda se preocupa más bien por una tendencia autoritaria y parcial del sistema judicial brasileño. Para la izquierda, el encarcelamiento de Lula no es más que la última etapa de  una estrategia planificada por los “viejos poderes” para deshacerse de las fuerzas progresistas del país. Conocida bajo el nombre de lawfare o de judicialización de la política, esta estrategia habría iniciado en 2014 cuando los primeros escándalos de corrupción que salieron a la luz  comenzaron a afectar a toda la clase política brasileña.

Utilizado por la primera vez en 2001 por el general american Charles Dunlap, el concepto designa una estrategia judicial que consta en manipular y abusar de la ley para fines políticos y militares. Esta estrategia consiste primeramente en persuadir a la opinión pública de que una personalidad pública dada es culpable de un acto de corrupción para quitarle su apoyo popular y así convertirla en una presa vulnerable. Luego, presionando a la Justicia, y ahora con la aprobación de la opinión pública, el objetivo final consiste en condenar legalmente a esta personalidad pública de su delito para así expulsarla definitivamente  de la vida política.

El Lawfare Institute, creado en 2017 después de numerosos casos de lawfare en Brasil, se dedica al análisis de situaciones similares en el mundo. El uso de esta estrategia en Brasil fue denunciada cuando la presidenta Dilma Rousseff (electa en 2011 y reelecta en 2014) fue destituida por el Senado por haber sido acusada de “pedaladas fiscales”, es decir, de haber ocultado el déficit real del Estado. Para quienes apoyaban a la ex presidenta, esta acusación no era más que un simple pretexto para legitimar un “golpe de Estado parlamentario”.

Siguiendo esta lectura de los acontecimientos, el pueblo brasileño se encuentra hoy confrontado a un retorno de la violencia política a través de un nuevo método, el de la judicialización de la política. El 17 de mayo del 2018 fue publicado en el periódico francés Le Monde una tribuna firmada por varias figuras políticas europeas como François Hollande, Enrico Letta  o José Luis Rodríguez Zapatero, defendiendo la candidatura de Lula a las elecciones brasileñas. En realidad, esta tribuna hace eco a  una primera tribuna, publicada el día anterior y firmada por Lula. En esta primera tribuna, el exmetalúrgico clama su inocencia y recuerda la amenaza que representaría el triunfo de la derecha brasileña para todos los progresos sociales obtenidos bajo los sucesivos gobiernos del Partido de los Trabajadores (Partido dos Trabalhadores, abreviado en PT). Esta petición traduce la preocupación de una parte de la comunidad internacional frente a la fragilización democrática que vive el país.

El encarcelamiento de Lula adviene en medio de la campaña presidencial que determinará, el próximo 28 de octubre, la identidad del nuevo jefe de Estado del gigante latinoamericano. El exmandatario lideraba hasta entonces todas las encuestas de opinión, con más de 14% de ventaja respecto al segundo candidato favorito del Partido Social Cristiano (Partido Social Cristão, abreviado en PSC) Jair Bolsonaro, también conocido en Brasil como el “Trump Tropical” por sus frecuentes declaraciones sexistas, homofóbicas y violentas.

El análisis del regreso de la violencia política en Brasil mediante la politización de la Justicia necesita una toma de conciencia del contexto económico, político, histórico y social del país. Esta perspectiva es esencial para entender los desafíos geopolíticos propios de Brasil y evitar la proyección de una realidad europea sobre el funcionamiento de las instituciones políticas y judiciales que podrían distorsionar el análisis.

  1. LAS RAÍCES ESTRUCTURALES DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN BRASIL
LA VIOLENCIA POLÍTICA: UN FENÓMENO RECURRENTE

“No voy a huir. No me voy a matar. Voy a quedarme aquí”. Con voz temblorosa, llena de rabia, Lula responde a las acusaciones hechas en su contra delante de miles de simpatizantes, haciendo implícitamente una referencia histórica al suicidio del “padre de los pobres”, Getúlio Vargas, presidente de Brasil  en dos períodos, entre 1930 y 1945, y 1951 y 1954. Después de diecinueve días de una campaña agresiva que lo acusaba de haber participado en un intento de asesinato en contra del periodista Carlos Lacerda, el presidente Getúlio Vargas se pegó un tiro en el  corazón. No dejó más al pueblo brasileño que estas últimas palabras: “Les he dado mi vida, ahora les doy mi muerte”.

Años después, sucedió algo similar con el ex presidente Joao Goulart, conocido como “Jango”, presidente progresista que gobernó Brasil de 1961 a 1964 antes de ser derrocado en 1954 por la derecha conservadora y anticomunista para instalar una dictadura militar. El golpe de Estado fue posible gracias a la complicidad del gobierno estadounidense y de los medios de comunicación brasileños que participaron a la deslegitimación de las políticas redistributivas de Joao Goulart frente a la opinión pública con el objetivo de crear un clima favorable a su destitución.

La condena de Lula no hace más que recordar una realidad que estaba presente desde el nacimiento de la República brasileña en 1889. Los diferentes gobiernos de izquierda sucesivamente enfrentaron acciones militares y acusaciones diversas que buscaban derrocarlos. Sin embargo, el contexto sociopolítico nacional e internacional en el cual los gobiernos del Partido dos Trabalhadores han evolucionado parecía ser propicio para más estabilidad. El final de la Guerra Fría, la transición democrática a partir de 1985, el apoyo multilateral de las potencias occidentales en Brasil y la llegada al poder de varios gobiernos socialistas en la región fueron factores favorables a la consolidación de la izquierda en el país. Sin embargo, la multiplicación de crisis sociales y económicas condujo a un retorno de la inestabilidad política.

LA ESTRUCTURA POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA BRASILEÑA

Brasil declaró su independencia en 1822 para convertirse en un imperio dirigido por Don Pedro, hijo de Juan VI, rey de Portugal. Sería un grave error pensar que esta independencia política liberó al pueblo del yugo colonial. En realidad, el cotidiano de la mayoría de la población brasileña siguió intacto. La independencia benefició principalmente a los grandes terratenientes, generalmente descendientes de europeos, conocidos como los “criollos”. Ya poseían el monopolio económico del país (cacao, café, caucho) y buscaban conquistar el poder político, que seguía en manos de la corona portuguesa. Una vez en el poder , esta élite económica brasileña moldeó las instituciones políticas para perennizar su dominación. La proclamación de la República en 1889 tampoco cambió la estructura económica y social inicial.

El Congreso brasileño, creado en 1822, refleja muy bien esta realidad:, tiene una muy débil representación popular. Las 513 bancas de diputados son repartidas proporcionalmente, según la demografía de los 26 distritos federales representados. Sin embargo, existe un límite mínimo (8 diputados) y máximo (70 diputados) de representación en función de la densidad de la población de los diferentes Estados. De esta manera, el Estado de Acre, con tan sólo 800 000 habitantes, beneficia de 8 diputados en el Parlamento, es decir, en promedio, un diputado cada 100.000 habitantes. En cambio, el Estado de São Paulo (45 millones de habitantes) beneficia de tan solo un diputado cada 600.000 habitantes. La supuesta proporcionalidad del sistema electoral Brasileño no garantiza la representatividad del pueblo. Más bien, este sistema favorece a que los terratenientes, que viven en su mayoría en los Estados menos densamente poblados, sean sobrerrepresentados en el Parlamento. En efecto, el poder legislativo está mayoritariamente compuesto por hombres blancos, de edad y ricos, a los cuales Lula llamó de “trescientos picaretas (bandidos) con títulos de doctor”.

El sistema electoral brasileño se caracteriza por la simultaneidad de las elecciones presidenciales y legislativas. Las elecciones legislativas se basan en un sistema  de representación proporcional en listas abiertas con una sola vuelta. Para obtener la mayoría parlamentaria, las listas frecuentemente tienen que constituir coaliciones, muchas veces inestables. Este fenómeno es conocido en Brasil como “el presidencialismo de coalición”, lo que explica por qué Dilma Rousseff tuvo que designar, para su segundo mandato, a Michel Temer, miembro del partido Movimiento Democrático Brasileiro (abreviado MDB), como vice-presidente.  Además, existe en Brasil un principio conocido como el “cociente electoral”  que consiste en designar a los ganadores de las elecciones a través de la suma de los votos obtenidos por los candidatos, dividido por el número de puestos impartidos a la circunscripción. De esta manera, el candidato más popular permite a los otros candidatos para diputados de su lista formar parte del Parlamento, pese a haber obtenido pocos votos. Lógicamente, este sistema incita a incorporar en las listas electorales a celebridades locales como el payaso Tiririca, deportistas, y actores de telenovela. Las reglas políticas brasileñas no definen un mínimo de votos para ser electo como diputado. Las instituciones políticas Brasileñas son el resultado de la construcción, desde la independencia, de estructuras que favorecen a los intereses de la oligarquía brasileña y, aunque hayan evolucionado durante el periodo de la transición democrática después de 1985, continúan siendo profundamente discriminantes.  

Esta estructura política exacerbó las desigualdades económicas, sociales y étnicas que ya existían en 1822. Brasil es el tercer país más desigual de América latina, una de las regiones más desiguales del mundo. En São Paulo viven, sin cruzarse, multimillonarios que se desplazan en helicópteros para escapar del tráfico, sobrevolando las famosas favelas donde se amontonan las poblaciones más pobres. Estas realidades sociales son también a menudo asociadas a una realidad étnica. Cuando Lula llegó al palacio del Planalto en el 2003, 75,9 millones de brasileños vivían debajo de la línea de pobreza, entre los cuales 36,4 millones se encontraba en una situación de extrema pobreza, o sea cerca del 20% de una población de aproximadamente 183 millones de habitantes.  El 10% de los más ricos posee el 50% de los ingresos totales del país mientras que el 50% de los más pobres comparten tan sólo 10% de estos ingresos. Esta violencia social sufrida por la población más vulnerable se traduce en una violencia física omnipresente. Efectivamente, Brasil sigue siendo hasta hoy uno de los países más violentos del mundo: en el 2016, siete personas eran asesinadas cada hora.

  1. El RETORNO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA: LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
EL FIN DEL APOGEO DEL PARTIDO DOS TRABALHADORES
Gráfico 1 : Evolución de la indigencia de diferentes grupos de la población. Fuente: CEPALSTAT

Luiz Inácio da Silva es un líder popular. Nació en el Nordeste, la región más pobre de Brasil. Metalúrgico, Lula se convierte en un líder sindical antes de ser candidato a la presidencia. El 27 de octubre del 2002, Lula fue elegido presidente de la República. Su gobierno es conocido por sus políticas de redistribución en beneficio de los más pobres. Dos de sus programas son particularmente famosos: “Fome 0” y “Bolsa Familia” (11.900 millones de dólares, 11.000 millones de familias beneficiadas) creados en 2004 con el objetivo de erradicar el hambre y la extrema pobreza a condición de que las familias inscriban a sus hijos a la escuela, los vacunen y sigan formaciones para mejorar su alimentación. Lula del mismo modo duplicó el salario mínimo y aumentó las jubilaciones. Es importante recordar que la realización de estos programas fue posible en gran parte por la coyuntura económica, que beneficiaba de los altos precios de las materias primas. De esta manera, sin realmente cambiar la estructura económica brasileña, Lula pudo financiar un programa de redistribución gracias a la nueva riqueza creada y captada por el Estado. Lula también desarrolló el sector público que era embrionario -característica de las naciones latinoamericanas- frenando la hyper-privatización de la mayoría de los servicios de interés general. Al final de la presidencia del metalúrgico, 28 millones de brasileños habían salido de pobreza y 36 millones habían integrado la clase media.

Sin embargo, Lula redujo la pobreza sin realmente combatir sus raíces estructurales. Desde el comienzo de su primer gobierno, Lula se vio obligado a apostar a la negociación con las élites económicas y a la moderación para poder mantenerse en el poder. Efectivamente, el PT no tenía mayoría parlamentaria y quería industrializar el país. Por estas razones, Lula tuvo que mantener buenas relaciones con el sector financiero, los campeones de la industria nacional como Odebrecht (construcción) o la JBS (agroalimentario) cuyos proyectos son financiados por el banco público de desarrollo (BNDES). El presidente Lula  templó inmediatamente su discurso pro-pobre. Al comienzo de su mandato, Lula “encantaba tanto a la Bolsa como a las favelas” (A. Vigna).


Gráfico 2 : Evolución de la pobreza y de la desnutrición. Fuente: CEPALSTAT

Cuando el clima económico se deterioró, a partir del año 2013 (-3,8% del crecimiento entre el 2014 y el 2015), Lula ya había dejado la presidencia a su sucesora Dilma Rousseff quien acababa de ser elegida con las justas para un segundo mandato presidencial. Las políticas de redistribución y los programas sociales fueron sustituidos por programas de privatización y de flexibilización para aumentar la competitividad y atraer inversión. El gobierno del PT no pudo continuar contentando a las élites y al resto de la ciudadanía brasileña. Fue entonces que algunas facciones conservadoras regresaron con más fuerza en la vida política. Paralelamente, las políticas progresistas del PT permitieron el surgimiento de una clase media creciente cuya identidad partisana es volátil. Objetivamente más cercanas a las clases populares, y pese a haber beneficiado de los programas sociales del PT, esta clase media tiende a identificarse más a la burguesía, categoría social a la cual aspira a pertenecer algún día. Esta nueva clase media es entonces cada vez más sensible al discurso conservador. Pocos días antes de comenzar la Copa del Mundo de fútbol en Río de Janeiro en 2014, surgieron manifestaciones importantes de las clases media y superior en contra de las políticas de la presidenta Dilma Rousseff. El MBL, creado por jóvenes y dirigido por Kim Kataguri, se convierte en uno de los líderes de estas movilizaciones vehiculando un discurso de odio, elitista y racista en contra del PT. Desprecian el origen social modesto de Lula, asociándolo al estereotipo brasileño del malandro, representación del mestizo pobre y perezoso que, a través de su carisma y viveza, consigue llegar a sus fines. Fue en este contexto crítico que fueron además revelados escándalos de corrupción relacionados a la empresa pública petrolera Petrobras, contribuyendo así a la creciente desconfianza hacia la presidenta. Esto contribuyó al consentimiento del Parlamento para su destitución en el 2016.

Gráfico 3 : Evolución del salario mínimo y del ingreso promedio. Fuente : CEPALSTAT

En el 2014, salió a la luz un nuevo escándalo de corrupción que implicaba a Petrobras y a numerosas personalidades políticas. Es entonces revelado un sistema de financiamiento masivo e ilegal de diferentes partidos políticos por un conglomerado de empresas del sector de la construcción  brasileño  entre las cuales se encuentra la famosa Odebrecht, empresa de múltiple especialidades (construcción, petroquímica, armamento). La operación judicial que buscó desmantelar este sistema de corrupción generalizado se vuelve famosa, bajo el nombre de Lava Jato (“Lavado a alta presión”) y dirigida por el juez, Sérgio Moro, hoy en día estrella nacional. La operación Lava Jato tomó aún más importancia en 2016, cuando la Justicia federal estadounidense impuso una multa de aproximadamente 3.500 millones de dólares a Odebrecht –tan solo 2.600 millones de dólares fueron pagados en 2017–  por haber sobornado con más de 780 millones de dólares a funcionarios en más de diez países latinoamericanos entre 2001 y 2016 a cambio de contratos. Esta sanción fue posible porque varias de las operaciones de este gigantesco sistema de corrupción se realizaban a través de cuentas domiciliadas en el territorio estadounidense. El sistema de corrupción de Odebrecht comenzó en 1995 y benefició a los principales partidos brasileños. Sin embargo, el juez Sérgio Moro y los conglomerados de la prensa se focalizan principalmente en la culpabilidad de los miembros del Partido dos Trabalhadores sin camuflar su desprecio por el partido.

Tomando provecho de estas tensiones, y pese a que el nombre de la presidenta no aparezca en ninguna de las investigaciones de corrupción, la oposición exigió la destitución de Dilma Rousseff, acusándola de haber camuflado intencionalmente las irregularidades del presupuesto del Estado en el 2014. Estos ataques forman parte de una nueva técnica que ya había tomado lugar pero que nunca antes había merecido ante los ojos del Parlamento de una atención especial. Rousseff fue inculpada por “crimen de responsabilidad”, lo que permitió su destitución a condición de la autorización del Parlamento. La presidenta carecía de mayoría parlamentaria, lo que favoreció el voto a favor de su impeachment el 31 de agosto del 2016, evento retransmitido en vivo y en directo por los canales de televisión. El vicepresidente de Dilma Rousseff, el conservador Michel Temer asumió entonces el cargo de presidente y lleva desde entonces una política neoliberal agresiva: austeridad, reforma de los derechos de los trabajadores, reforma de la jubilación, etc.

Este giro político constituye la primera victoria de los círculos conservadores y marca el  retorno al ultraliberalismo económico. Detalle importante, en junio 2017, el Tribunal Superior Electoral absolvió finalmente a Dilma Rousseff de sus acusaciones, pero ya era muy tarde. Otra señal de que la Justicia de Brasil tiende peligrosamente hacia una selección antidemocrática de sus condenas, unas grabaciones de conversaciones entre Michel Temer y Joesley Batista, presidente de la JBS, una de las multinacionales más importantes de Brasil, fueron divulgados. En estos audios el presidente da su acuerdo para comprar el silencio de un representante electo, sin que ningún proceso judicial haya sido iniciado en su contra. La prensa brasileña también fue indulgente cuando en el 2016, los Panama Papers revelaron el nombre de 57 políticos brasileiros, que en su mayoría forman parte  del gobierno actual de Michel Temer.  

UNA JUSTICIA DE  GEOMETRÍA VARIABLE

Una primera convocación fue enviada a Lula, en enero del 2016, por el juez Moro que lo acusó de haber recibido un apartamento en Guarujá, comuna balneária cerca de São Paulo, a cambio de la concesión de contratos de obras públicas para la OAS y Petrobras. Esta acusación se suma a los 1434 procesos judiciales en curso, entre los cuales se encuentran varias personas cercanas al gobierno de Temer. No obstante, el caso de Lula recibió más atención y fue juzgado más rápidamente, pese a que los hechos de los cuales se lo acusa son triviales a lado del resto de las acusaciones.

Para ilustrar el trato de excepción del ex mandatario, basta mencionar los eventos sucedidos el 4 de marzo del 2016, cuando Lula fue detenido en su casa por la mañana delante de todas las televisiones del país, obligado a ir a dar su testimonio  a la policía. La hipermediatización del evento, deseada por el juez Moro, no hizo más que evidenciar aún más la lógica política detrás de este proceso judicial. En julio del 2017, Sergio Moro declaró a Lula culpable de corrupción pasiva y de blanqueamiento de dinero y lo condenó a 9 años y medio de prisión, pese a que, nuevamente, ninguno de los 63 testigos que declararon ante la Justicia haya podido confirmar esta acusación. Lula decide apelar. En enero del 2018, un tribunal de segunda instancia confirma la condena de Lula y aumenta la pena a 12 años y un mes de prisión firme. Lula apela nuevamente, pero la Justicia emite la posibilidad de encarcelarlo preventivamente. El 4 de abril del 2018, la Corte Suprema brasileña rechaza la demanda de hábeas corpus de Lula que le permitía apelar al derecho de no ser encarcelado antes de que se hayan agotado todos los recursos judiciales. El 5 de abril, Sergio Moro ordena la detención de Lula, que se ve obligado a presentarse ante la Justicia antes del 6 de abril.

Lula claramente tuvo un trato prioritario, pasando delante de seis otros casos condenados por la operación Lava Jato. La Justicia invocó como pretexto que no estaba obligada de proceder por orden de causas. La acción del juez Moro parece ser  motivada más bien por fines políticos que por un deber de imparcialidad. La desproporción de la condena de Lula es evidente cuando la comparamos al caso de Marcelo Odebrecht, CEO y principal instigador de la generalización de la corrupción de la empresa. Efectivamente, Marcelo Odebrecht pudo, después de tan sólo dos años en prisión, beneficiar por el resto de su pena de un arresto domiciliario.  Inversamente, el Admiral Othon Luiz Pinheiro da Silva, ex presidente de la empresa estatal de electricidad Electronuclear bajo la presidencia de Lula, fue condenado a 43 años de prisión.

Estos hechos llevan a sospechar que existe  una cierta impunidad en la Justicia brasileña. Los más corruptos no son quienes tienen las penas más severas. Parece más bien que se trata de una forma de persecución judicial contra los allegados  del exmandatario, una estrategia de la elite brasileña para impedir que Lula se presente a las elecciones en octubre del 2018.

LA ESTRATEGIA DEL LAWFARE

La historia de la violencia política en Brasil se vio  durante  mucho tiempo marcada por la intervención de las fuerzas armadas en la vida política, con el apoyo de la élite económica. Este intervencionismo culminó durante la época de la dictadura militar entre 1964 y 1985. Sin embargo, treinta años después, el retorno de la intervención militar en la vida política brasileña sería prácticamente imposible debido a la importancia que ha tomado Brasil en la escena internacional y la consolidación de la democracia. Es entonces necesario para la oligarquía brasileña reinventar una estrategia para seguir defendiendo sus intereses en el contexto de una democracia. Esta nueva estrategia se llama el lawfare. Su objetivo es “humillar al enemigo hasta que se convierta completamente vulnerable a las acusaciones sin fundamento. Una vez debilitado, pierde su apoyo popular y todo poder de reacción.” (Lawfare Institute) Esta estrategia puede también ser entendida como una desviación de la democracia con fines no democráticos. Se basa en dos las ejes principales: la fabricación del consentimiento y la politización de la Justicia.

La fabricación del consentimiento comienza por una intensa y agresiva campaña mediática para destruir la imagen del PT acusándolo de ser responsable de la generalización de la corrupción en el país  pese a que este fenómeno gangrene tanto el sector público como privado desde hace décadas. En realidad, la corrupción en Brasil se debe principalmente a tres causas estructurales que van más allá de toda alternancia política:  

  • la desigual distribución de las riquezas que permiten a la oligarquía influenciar la vida económica del país. Esto lleva a alianzas nepotistas entre el Estado y los grandes sectores de la economía y también a una sobrerrepresentación de los grandes terratenientes en la política nacional.
  • el sistema político que incentiva a que se utilice la técnica del soborno para obtener coaliciones.
  • la estructura de la economía que, ampliamente dependiente  de la exportación de materias primas, permite la creación de importante oportunidades de renta.

A través de esta instrumentalización de la prensa, es entonces posible imponer una narrativa en el imaginario colectivo. La opinión pública se convierte entonces antes que nada en la opinión publicada. Es entonces relativamente fácil dar visibilidad a las acusaciones que afecten a los funcionarios de los gobiernos llamados progresistas, lo que hace que la opinión pública les atribuya la responsabilidad principal de una situación que es más bien endémica. Los principales vehículos de esta narrativa son los más grandes medios de comunicación brasileños, propiedad de las familias más adineradas.  

Efectivamente, en Brasil, los medios de comunicación están concentrados en manos de una minoría de la población que representa  a los sectores más ricos. Para el politólogo Emir Sader, “los medios han sustituido a los partidos políticos de oposición a los gobiernos progresistas”, en vez de informar de manera imparcial. Según el reporte de 2013, “El País de los Treinta Berlusconi” de RSF sobre Brasil, “diez principales grupos económicos, provenientes del mismo número de familias, se reparten el mercado de la comunicación de masa.” Estos grupos son dirigidos por “los “coroneles” brasileños, esos grandes propietarios o industriales que son a la vez gobernadores o parlamentarios, y directa o indirectamente, multipropietarios de medios, son los dueños de las bases de la opinión en su territorio. La consecuencia es lógicamente una fuerte dependencia de los medios hacia estos centros de poder”.

Este es el caso del grupo mediático O Globo, considerado como el cuarto mayor conglomerado mediático en el mundo. O Globo nació del apoyo de la dictadura desde 1970 a los medios que defendían los intereses de la oligarquía. O Globo se convirtió rápidamente en el principal medio en el país, creando una decena de cadenas regionales. Esta implantación regional permitió que se realicen pactos entre representantes políticos regionales y el consorcio de prensa. De esta manera, a cambio de una campaña mediática favorable a un cierto candidato regional de la TV Globo, éste promete defender los intereses del grupo de prensa en contra de una posible apertura del mercado de la comunicación que podría amenazar su monopolio.

El timing político también es crucial para utilizar exitosamente la estrategia del lawfare. Es en un contexto de insatisfacción creciente de la población que el blindaje mediático es más eficaz. La deceleración económica a partir del 2014 se prestó en este caso para el surgimiento de reivindicaciones de la población.

Sin embargo, la manipulación mediática es insuficiente. Es también necesario desviar a la Justicia de su misión democrática de imparcialidad y del principio republicano del equilibrio de poderes. Esta politización de la Justicia se opera alrededor de dos principios claves. El primero, el principio de “la ley en movimiento” que establece el principio de excepción a través del argumento de un contexto excepcional, dando así una libertad acentuada al poder judicial que, recordémoslo, sigue siendo el único poder que no responde directamente a la decisión popular. Los abogados de Lula presentaron una denuncia en el 2016 por abuso de poder en contra del juez Moro por haber obligado al metalurgista a dar su testimonio el 4 de marzo del 2016. Esta colusión entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial fue todavía más evidente después del acceso a la presidencia del conservador Michel Temer. Una de las primeras leyes adoptadas por el Parlamento fue una revalorización de 40% del salario de los jueces… Los jueces en Brasil son designados por concurso, pero en cuanto a los miembros del Tribunal Supremo Federal (STF) –instancia suprema del país– la Constitución brasileña define que  los 11 miembros son designados después de la aprobación del Senado, por el presidente de la República, la lista de los nombres siendo después sometida al Parlamento. Existe un “doble estándar” en el país en torno a la aplicación de la ley que consiste en dar visibilidad a ciertos casos por encima de otros. Podemos citar como ejemplo la hipermediatización  buscada del arresto de Lula por la mañana, difundida por todas las cadenas de televisión del país.

Otro instrumento judicial usado con fines políticos, por los poderes de la Justicia es conocido bajo el nombre de “teoría del dominio del hecho”.  Este principio de derecho dictado por Claus Roxin, jurista alemán en un artículo intitulado “Autoría y dominio del hecho en el derecho penal” permite al poder judicial brasileño legitimar juicios sin pruebas basándose en sospechas sobre los miembros del Partido de los Trabajadores. Determina con esta doctrina que, pese a no tener pruebas de participación a la infracción penal, es posible enjuiciar a un agente por participación pasiva. De esta manera, en Brasil, la instrumentalización de la opinión pública y la politización del sector judicial consiguen apartar a las personalidades progresistas populares de la vida política.

Conclusión: el vuelco de la democracia en contra del pueblo

El encarcelamiento de Lula saca a la luz la transformación de la violencia política en Brasil adaptándose a un contexto democrático a través de un nuevo medio: la judicialización de la política. La élite económica, aprovechándose de un contexto político difçicil para el Partido de los Trabajadores, emplea armas jurídicas, utiliza a las propias instituciones de la democracia para servir sus intereses. Esta situación pone en peligro a la democracia brasileña que, recordémoslo, gracias a la eficiencia de esta estrategia, es gobernada desde hace dos años por un hombre que nunca fue electo pero que está llevando a cabo varias reformas agresivas.

Además, el retorno del conservatismo al poder crea un clima permisivo frente al  regreso de la violencia social, simbólica, racista y elitista, de la cual el país se había librado bajo las presidencias sucesivas de Lula y de Dilma. Para citar tan sólo los casos más importantes de ese retorno de la violencia contra los medios progresistas, podemos mencionar el trágico asesinato de la militante negra, feminista y pro-LGBT por los derechos humanos, Marielle Franco, el 14 de marzo del 2018. Una semana más tarde, mientras Brasil se alista para celebrar los 130 años de la abolición de la esclavitud y los campesinos del Movimiento Sin Tierra esperan que pase la caravana de Lula, los terratenientes de la región los agreden violentamente con látigos de cuero, símbolo del oscuro período esclavista. Cinco días después la caravana del ex-presidente fue víctima de dos disparos.

El encarcelamiento  de Lula, que perjudica gravemente su participación a las próximas elecciones, deja el campo libre para el que lo sigue en los sondeos, Jair Bolsonaro, que dicho sea de paso, expresó hace poco su complacencia ante el uso de la tortura. La ley llamada de Ficha Limpa aprobada bajo el gobierno de Lula prohíbe que un candidato condenado en segunda instancia se presente a las elecciones. Esta situación es extremadamente alarmante y merece una toma de conciencia internacional del peligro que corre la democracia brasileña y que, históricamente, los eventos ocurridos en Brasil se han reproducido en el resto del continente.

Más recientemente, un acto surrealista confirmó las motivaciones que animaban la campaña judicial en contra del ex presidente. Efectivamente, Lula, que había sido convocado durante el juicio de un gobernador, recibió la propuesta de uno de los jueces del Tribunal Supremo Federal de ser puesto en libertad de abandonar su candidatura a las elecciones presidenciales. Las intenciones del poder judicial fueron así desveladas y la hipótesis de su estatuto de prisionero político se confirmó.

Un atisbo de esperanza reapareció para Lula cuando el Tribunal Supremo Federal (STF) emitió un juicio en contra de las prácticas usadas por el juez Moro durante la Operación Lava Jato el 15 de junio. La instancia suprema del país apuntó hacia el carácter coercitivo de ciertas prácticas como el uso de la fuerza para obligar al sospechoso a dar su testimonio, como el 4 de marzo cuando Lula fue acompañado por 500 policías a la comisaría. Lula podría entonces haber sido liberado si Raquel Dodge, la fiscal general, se pronunciaba a favor de tal decisión y si abría entonces un voto en el TSF para decidir sobre la suerte de Lula.

Otro giro en la situación intervino el domingo 8 de julio cuando todo Brasil pensó, durante un día, que el exmetalúrgico estaba a punto de ser puesto en libertad. Un poco después de las nueve de la mañana, el juez Rogerio Favreo — ex miembro de los gobiernos Lula y Rousseff y afiliado al Tribunal Regional Federal nº4 de Porto Alegre (TRF4)– decidió aceptar una solicitud  de hábeas corpus enviada por los diputados Paulo Pimenta y Wadih Damous –ambos miembros del PT– y exigió la liberación “lo más rápidamente posible” del ex mandatario. Dos horas más tarde, el juez Moro envió una declaración oficial rechazando la decisión. Esta posición enfureció a los defensores del líder progresista denunciando la ilegalidad de tal intervención. En Brasil, un juez no puede ignorar una medida tomada por un tribunal de apelación. La actitud del juez Moro fue considerada como una prueba más de su lógica represiva e eminentemente  política.

Alrededor de las 16 horas, el juez Favreto resiste y ordena a la Policía Federal liberar a Lula en un plazo de una hora . Caso contrario, estarían cometiendo una infracción a la ley. Inmediatamente el juez Moro se opuso, y pidió el mantenimiento de la privación de libertad de Lula, lo que también hace un poco más tarde el juez Joao Pedro Gebran Neto, miembro del Tribunal Federal Regional nº4 de Porto Alegre. Al final del día, el responsable del TRF4 Carlos Eduardo Thompson Flores ordenó que se mantuviera el encarcelamiento de Lula y puso fin a las esperanzas que tenían sus defensores a nivel nacional como internacional. Esta decisión fue confirmada el martes 11 de junio por el Tribunal Federal de la Justicia (STJ).

El destino del hijo del Nordeste nunca ha sido tan incierto. La Justicia mostró que no está totalmente sometida a la causa del juez Moro y los últimos acontecimientos no hicieron más que aumentar la sospecha acerca de su supuesta imparcialidad.

 

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