El feminismo se apodera de las calles y del debate público chileno

Desde abril de 2018, tanto manifestaciones como ocupaciones de universidades y colegios están siendo llevadas a cabo a lo largo de todo Chile, por parte de estudiantes que protestan contra el sexismo en la enseñanza superior y la impunidad de los agresores en el marco universitario. Si bien estas manifestaciones se inscriben en un movimiento contestatario estudiantil más amplio en Chile, que desde 2011 se erige contra las desigualdades de un sistema educativo privado y pagado, Francisca Corona Ravest enfatiza que los reclamos ocurridos en 2018 van más allá del marco universitario, y que el carácter abiertamente feminista del movimiento constituye un hecho inédito: este podría significar incluso el advenimiento de la “tercera ola” feminista chilena.


Por Francisca Corona Ravest

Actualmente, Chile está experimentando sucesos que no tienen precedente. En efecto, a pesar de la progresiva toma de conciencia por parte de la sociedad chilena sobre la existencia de desigualdades de género en el país, el sexismo, el machismo y la violencia contra las mujeres, el debate nunca había desbordado la esfera privada. Las manifestaciones estudiantiles a lo largo del país han contribuido a poner el tema de los derechos de las mujeres en el centro de las noticias y del debate público. Un debate necesario ya que, según la encuesta n°227 de Plaza Pública-CADEM, organismo que realiza encuestas semanalmente sobre temas de interés público, el 77% de los encuestados considera que Chile es un país machista. De igual manera, para la prensa extranjera, y especialmente para la europea, Chile sigue siendo un país “donde se violan los derechos de las mujeres”. Esta idea fue confirmada cuando en diciembre de 2016 el Ministro de Economía recibió una muñeca inflable como regalo de Navidad por parte de la Asociación de Exportadores de Productos y Servicios Manufacturados (Asexma) con el fin de “estimular la economía”, de acuerdo con el mensaje que se encontraba pegado en la boca de la muñeca.

Hasta hace muy poco, Chile era uno de los pocos países en el mundo en donde el aborto estaba absolutamente prohibido, en todos los casos, y sin excepciones. No fue hasta agosto de 2017, tras 28 años de propuestas legislativas y de prohibición total, que el Congreso aprobó la ley que despenaliza parcialmente la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) bajo tres causales: cuando existe riesgo vital para la madre; en caso de inviabilidad del feto; y en caso de violación. Del mismo modo, no fue hasta mayo de 2004 que el país legalizó oficialmente el divorcio, al adoptar por primera vez una ley sobre éste.

Si bien no es novedoso advertir que el machismo se encuentra profundamente arraigado en la sociedad chilena, ni lo es debatir, militar o manifestar; desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990, en favor de la reconquista de los derechos individuales y colectivos pasados a llevar por un largo tiempo, la ola de contestaciones y manifestaciones lideradas por estudiantes de distintas universidades chilenas que se han observado en las últimas semanas sí lo es. Dicho movimiento ha estallado con una fuerza y una magnitud inesperadas y ha estado sacudiendo al país desde finales de abril. Las estudiantes denuncian casos de abusos sexuales en las universidades e instituciones académicas y exigen la reforma de un modelo educativo sexista, el fin de las desigualdades de género que tienen lugar en este ambiente, así como la implementación de protocolos que protejan a las víctimas y castiguen a los agresores.

Todo comenzó el martes 17 de abril de 2018. Ese día, en la Universidad Austral de Valdivia, a 850 kilómetros al sur de Santiago, la capital del país, los estudiantes decidieron ocupar las instalaciones de la universidad tras enterarse que un académico acusado de acoso sexual iba a recibir una suma de dinero significativa como finiquito. Estas estudiantes fueron las primeras en movilizarse. Luego, en mayo, les siguieron otras universidades, así como también algunos establecimientos de educación secundaria que decidieron sumarse al movimiento. Un mes después, el 16 de mayo de 2018, una histórica manifestación contra la violencia machista reunió a más de 150,000 personas en Santiago y a más de 200,000 personas en todo el país. A finales de mayo, veinticuatro universidades estaban en huelga y veintiséis se encontraban ocupadas, mientras que más y más escuelas secundarias de todo el país se unían a la movilización para denunciar el abuso sexual a viva voz y así poner fin a la indiferencia frente a estos temas.

Esta ola feminista no sólo afecta a Chile, sino que es parte de una dinámica global: si bien las desigualdades entre hombres y mujeres y la violencia de género parecen ignorar las fronteras y no diferenciar entre países desarrollados y países en desarrollo, o entre las clases sociales privilegiadas y las desfavorecidas, se insertan de manera significativa en los distintos lugares del mundo, especialmente, en América Latina.

El caso de Harvey Weinstein, punto de partida del movimiento #MeToo, así como el caso de La Manada en España, han marcado el escenario internacional en los últimos meses, al revelar la magnitud de los abusos sexuales, la amplitud del machismo, la fuerza de los movimientos feministas y el papel clave de las redes sociales a través de los hashtags #YoSiTeCreo y #NoesNo. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, no fueron estos dos casos los que dieron lugar a las ocupaciones, manifestaciones y al movimiento feminista en Chile y en toda la región. Si bien el contexto global y el contexto regional son complementarios, y las manifestaciones a nivel mundial contribuyen a centrar la atención en los múltiples abusos y la violencia contra las mujeres, las manifestaciones contra la violencia de género y los feminicidios en América Latina se remontan a un tiempo anterior y cuentan con especificidades propias en cada país. En el caso de Chile, esta nueva ola feminista es única y no se limita al contexto de los abusos sexuales, sino que es parte de la necesidad de un cambio estructural, político, cultural y social. Para algunos especialistas, como María José Cumplido, historiadora de la Biblioteca Nacional de Chile, se trata de la revolución más importante del movimiento feminista chileno en los últimos cuarenta años.

¿Cómo encaja el movimiento feminista chileno en esta nueva ola feminista? ¿Por qué este peculiar fenómeno ocurre en Chile y no en otro lugar?

  1. ¿QUÉ DERECHOS Y QUÉ LIBERTADES EN UN PAÍS CONSERVADOR?

No es una coincidencia que las protestas feministas estudiantiles estén ocurriendo en Chile. De hecho, se deben a múltiples factores, pero principalmente a la cultura patriarcal y a las prácticas machistas que están arraigadas en la sociedad, en las instituciones y en el Estado chileno. Para comprender esta relación de causa y efecto, es necesario, en primer lugar, entender cómo nació y se desarrolló el movimiento feminista en el país.

El movimiento feminista en Chile no es reciente. El comienzo de la lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres se remonta a principios del siglo XX, cuando un grupo de mujeres, incluida la abogada y jurista Elena Caffarena, fundaron el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH), una organización no gubernamental y transversal que busca contribuir con la igualdad de derechos de las mujeres en la sociedad.

Entre 1900 y 1950, la historia de los derechos de las mujeres chilenas se inscribe en un proceso de emancipación de éstas, que corresponde a su ingreso gradual al mundo del trabajo y su participación cada vez más activa en la vida política, dejando de lado la idea según la cual la mujer debía quedarse en el hogar, realizando labores domésticas. En esa época, cuando una mujer contraía matrimonio, quedaba bajo la autoridad de su esposo y, si trabajaba, no tenía derecho a disponer de su salario. En el campo de la educación, las mujeres tampoco gozaban de libertades. Recién en 1913, tras la aprobación del decreto Amunategui, las mujeres tuvieron por primera vez la posibilidad de asistir a la universidad. Sin embargo, la educación se mantuvo reservada principalmente a los hombres. Fue entonces con el objetivo de mejorar su propia situación y de democratizar la sociedad que aparecieron los primeros movimientos feministas fundados en el norte del país. Si bien Chile es reconocido como pionero en la formación profesional de las mujeres, la realidad es que éstas no eran realmente apreciadas por la opinión pública.

Dichos movimientos continuaron desarrollándose: la conferencista y feminista española Belén de Sárraga, durante su visita al país en 1913, revolucionó la visión que se tenía de éstos y de las mujeres chilenas, invitándolas a convertirse en “libres pensadoras”. Hoy en día, es una de las principales referencias a la hora de hablar sobre el feminismo chileno.

Desde entonces, Chile y el mundo han experimentado tres olas feministas. Para Teresa Valdés, socióloga y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, cuando hablamos de “olas feministas”, se trata de “momentos de demandas clave para toda la sociedad, con un impacto visible”. En línea con esta definición, se considera que la primera ola tuvo lugar entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX con la lucha por el derecho de la mujer al voto: el principal objetivo de las mujeres era lograr la igualdad en la ciudadanía, de existir al mismo tiempo como mujer y como ciudadana. Esta ola mostró su fuerza en Chile en 1949, con la participación clave de Elena Caffarena y del MEMCH, durante la promulgación de la Ley del Sufragio Femenino Universal (Ley N°9.292), una ley marcada por su carácter altamente elitista.

La segunda ola feminista se desarrolla durante la década de 1960, en el período de la posguerra y en el contexto de la liberación sexual de la mujer. Se concreta mediante el acceso a métodos anticonceptivos. Sin embargo, esta segunda ola, y todo lo que ella implica, encuentra ciertas dificultades para establecerse en Chile, el cual se encuentra, entre 1973 y 1990, bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet. Así, esta ola no afecta realmente al país hasta la década de 1980. Pero, al hacerlo, se centró principalmente en la participación ciudadana en la esfera política como respuesta a la restricción de las libertades individuales y colectivas que Chile sufría desde hacía años. A pesar de haber obtenido el derecho a voto, las mujeres chilenas a menudo fueron reducidas a sus roles como madre y amas de casa bajo el régimen de Pinochet. Las políticas sociales impuestas durante esa época bloqueaban su inserción social y política, mientras que la educación se regía por una política sexista de militarización que excluía a las mujeres. Fueron además víctimas de asesinatos, torturas, violaciones, abusos y encarcelamientos. Este contexto no hizo más que fortalecer los movimientos feministas que se posicionaban a favor de la democracia y de la campaña del “NO”. La salida de Pinochet trajo consigo una era marcada por la participación activa y masiva de las mujeres que condujo a la promulgación de la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia (Ley N°103/1995) y la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica (Ley N°1674/1995) en 1995; la Ley N°19.591 de 1998 que prohibía a los empleadores solicitar pruebas de embarazo a las mujeres antes de ser contratadas; la nueva Ley de Matrimonio Civil que permitió por primera vez el divorcio en 2004, a pesar de la fuerte oposición a ésta por parte de la Iglesia Católica; y la Ley N°20.418 que restableció en 2010 la entrega de la anticoncepción de emergencia (píldora del día después) en el sistema de salud pública del país. Sin embargo, ésta última sigue siendo bastante costosa en comparación con el salario mínimo, y sólo en 2017 se autorizó su venta en farmacias sin receta médica, siendo accesible solo a un grupo selecto de mujeres.

La demora del Estado chileno en cuanto a la adopción de medidas y a la garantía de los derechos de la mujer fue subrayada por Amnistía Internacional en un informe de 2016 sobre la violencia contra la mujer. Según la ONG, “la violencia de género en América Latina ha ganado el estatus de violencia institucional contra las mujeres”. Si bien se debe reconocer que ha habido avances gracias a la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género bajo el segundo mandato presidencial de Michelle Bachelet (la única mujer que ha sido Presidenta de la República de Chile), las entidades estatales e instituciones chilenas permiten, o al menos toleran, la desigualdad y la discriminación relacionadas con el género, así como también los distintos tipos de violencia contra las mujeres debido a la falta de leyes y medidas que las protejan y garanticen sus derechos e igualdad respecto de sus pares masculinos.

La tercera ola feminista es la que estamos experimentando actualmente y que, del mismo modo, se inscribe en un contexto global.

 

  1. UNA NUEVA OLA DE CARÁCTER TRANSVERSAL

La tercera ola feminista en Chile es, al mismo tiempo, parte de un contexto regional y global. El primero precede al segundo. En 2016, tras el repudio de la violación y posterior asesinato de una joven de la ciudad de Rosario, en Argentina, surgió el movimiento #NiUnaMenos. En efecto, América Latina sigue siendo el continente en donde las mujeres sufren una mayor cantidad de ataques por violencia de género. Además, las tasas de feminicidios de la región son de las más altas en el mundo, a pesar de las reglamentaciones en vigor en la mayor parte de los países, de acuerdo con la ONU y el PNUD (2017). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó en 2016 que, en promedio, al menos 12 mujeres mueren diariamente en América Latina debido a su género. A nivel mundial, una de cada tres mujeres sufre violencia física o sexual. Se trata de un fenómeno social, político y cultural, que hasta ahora no ha sido abordado de la manera adecuada.

Además, esta tercera ola consta de un nuevo componente: el poder de las redes sociales. Si bien los estudiantes ya se movilizaron dos veces – en 2006, durante la Revolución de los Pingüinos, y en 2011, durante la primavera estudiantil, solicitando una educación gratuita y de calidad –, ha sido gracias a los testimonios y a los llamados realizados a través de las distintas redes sociales utilizadas por las estudiantes que las demandas actuales, enfocadas en la lucha contra la violencia contra las mujeres, han alcanzado tal magnitud.

Lo que las estudiantes exigen hoy no se reduce únicamente a la obtención de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Las reivindicaciones van mucho más allá de lo que describen algunos medios internacionales. Las estudiantes se enfocan también en la obtención de un cierto sentimiento de protección y respeto por parte del Estado chileno, de las instituciones y de la sociedad. Exigen un cambio estructural, un cambio de paradigma y un cambio en la sociedad. Además, este reclamo no las concierne a ellas únicamente en su calidad de estudiantes: se hace también en nombre de todas las mujeres chilenas.

Aunque cada universidad y escuela secundaria tiene sus propias demandas, las estudiantes exigen, en términos generales:

  • La creación de protocolos que sean aplicados en caso de acoso y/o abuso sexual, incluyendo sanciones para los imputados, y que deban ser implementados en todas las universidades.
  • La paridad en los distintos puestos y altos cargos en las universidades, además de la eliminación de diferencias salariales entre los funcionarios.
  • Una educación no sexista, con una perspectiva de género, en la que no se subestime a las mujeres. Esto se traduciría también en la creación de cuotas en aquellos cursos que presenten un déficit de quorum femenino.
  • El reconocimiento de la identidad de género de los distintos estudiantes y funcionarios, permitiéndoles elegir el nombre y el género con el cual se identifiquen.
  • El establecimiento de una comisión de apoyo psicológico para las víctimas de casos de violencia de género.
  • Una feminización de la educación y de las clases mediante la introducción de problemáticas de género en cada especialidad, o a través del establecimiento de talleres obligatorios sobre la igualdad.

Lo que es interesante es que ahora mismo, en Chile, existe una ley que prohíbe el acoso en los lugares de trabajo, pero no en las universidades, que siguen siendo espacios muy conservadores. El acoso y el abuso sexual no están tipificados legalmente como delito, ya que las universidades no están obligadas a tener protocolos. En la mayoría de los establecimientos, éstos no son adoptados, y en el caso de serlo, resultan ineficaces y desconocidos por la comunidad estudiantil y los docentes. No existe ninguna institución que tenga por objetivo proteger a las víctimas, lo que a menudo deja estos ataques y agresiones impunes y silenciados.

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, una de las más prestigiosas del país, han pasado más de ocho meses desde que una estudiante denunció al antiguo Presidente del Tribunal Constitucional, quien trabajaba como profesor del establecimiento, por acoso sexual en su lugar de trabajo. El caso aún no ha sido resuelto. La raíz de este problema radica en el hecho de que este tipo de agresiones están internalizados por la sociedad chilena, y no son considerados como crímenes, principalmente debido a la falta de leyes que abarquen la esfera educativa y universitaria, lugares en donde estos actos disfrutan de una indiferencia casi endémica. En Chile, mientras que 2,5 millones de mujeres han sido víctimas de violencia, sólo el 4% de ellas presenta denuncias o busca ayuda, según cifras del gobierno.

Esta misma raíz radica en la estructura misma de las instituciones estatales. No es una coincidencia que el movimiento haya comenzado con la movilización de los y las estudiantes, quienes han jugado un papel clave en las demandas sociales desde 2006. Para Sandra Palestro, historiadora chilena y una de las principales investigadoras sobre el sexismo en la educación, Chile y sus estudiantes viven un período crucial, marcado en los últimos años por las discusiones sobre la voluntad y el deseo de reformar la educación. Esto ya comenzó con la adopción de la Ley de Gratuidad por parte del gobierno de Michelle Bachelet, y que permite a los estudiantes pertenecientes a los estratos sociales más bajos estudiar de forma gratuita en la universidad, en un país donde la educación superior está –casi—completamente privatizada y es una de las más caras del mundo. Para Palestro, se habla mucho sobre la necesidad de una educación pública y gratuita y de las formas que ésta puede tener, pero éstas no han sido definidas. Pareciera que hoy este movimiento de contestación brinda una solución a la problemática del proyecto educativo chileno. ¿Cómo deberá ser encarada la educación? Como una educación no sexista.

  1. ¿QUÉ EDUCACIÓN NO SEXISTA?

Lo que las estudiantes chilenas piden está en directa relación con los informes publicados hace algunos años por organizaciones chilenas y extranjeras. Para los partidarios de esta movilización feminista, una de las causas del enraizamiento del machismo y el sexismo en la sociedad chilena es precisamente el carácter sexista de la educación y su contenido. En un informe realizado por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, conglomerado de colectivos, organizaciones sociales y no gubernamentales, Paula Espínola señaló el sexismo en la educación chilena tomando como ejemplo los manuales escolares, los cuales contienen un sinfín de sesgos y prejuicios relativos al género: la asociación de ciertas actividades y de ciertos roles únicamente al género femenino, la utilización de un lenguaje machista, las referencias ultra mayoritarias a personajes históricos masculinos, la presentación de la participación de las mujeres en la historia de Chile como una “excepción”, entre otros.

Uno de los síntomas más prominentes de este sexismo educativo, denunciado en 2013 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es el gran número de escuelas que admiten exclusivamente niños o niñas – y que no son por lo tanto de carácter mixto. Es en estas instituciones en donde los niños comienzan a aprender e internalizar las diferencias en el trato y el comportamiento entre los sexos, conceptos que se reflejan en frases tales como “las niñas deben comportarse como señoritas” o “los niños no deben llorar”. En el caso de las universidades, podemos observar signos de este sexismo al analizar las carreras elegidas tanto por mujeres como por hombres, estos últimos orientándose principalmente hacia carreras relacionadas con la ingeniería o carreras científicas.

Para combatir el sexismo y el machismo persistente en la sociedad chilena, muchas organizaciones han comenzado a visitar escuelas y universidades llevando a cabo campañas publicitarias, conferencias y debates. Una de estas organizaciones es La Rebelión del Cuerpo, un movimiento social que pretende sacar a la luz los efectos negativos de los estereotipos de género, la publicidad sexista y el sexismo en la educación, a través de distintas iniciativas y eventos que tienen lugar en todo el país. Para su fundadora, la psicóloga Nerea de Ugarte, Chile es también víctima de lo que se conoce como “violencia simbólica”, una agresión a menudo imperceptible, pero que impregna a la sociedad de manera continua a través de los medios de comunicación.

El actual movimiento feminista chileno cuenta con un amplio respaldo en la sociedad: de acuerdo con la encuesta N°227 realizada por Plaza Pública – CADEM, el 71% de los encuestados está de acuerdo con las demandas feministas, mientras que el 65% apoya las manifestaciones en la vía pública. Sin embargo, sólo el 31% está de acuerdo con la toma y ocupación de las universidades y escuelas secundarias. El movimiento no deja de crecer y llamar la atención, y podría conducir a avances considerables en los ámbitos político y social.

La Universidad de Católica de Chile ya negoció con sus estudiantes la posibilidad de que los estudiantes transgénero puedan cambiar su nombre cuando así lo deseen, así como el establecimiento de un protocolo contra el acoso y el abuso sexual. Además, tres partidos políticos (la UDI, mayormente partidaria del gobierno, la DC y el PS, que forman parte de la oposición) presentaron un proyecto de ley que castiga el acoso en las universidades, con el objetivo de llenar el vacío legal correspondiente a la no tipificación del acoso como un delito en estas instituciones. El proyecto propone establecer un nuevo enfoque pedagógico, medidas preventivas, sanciones, así como la creación de una unidad dedicada específicamente al acoso y al abuso sexual en todas las universidades del país. Del mismo modo, las instituciones que no cuenten con un protocolo para prevenir y sancionar dichos actos no podrán estar acreditadas por el gobierno. En cuanto a este último, el Presidente de la República, el Sr. Sebastián Piñera, acaba de firmar un proyecto de reforma constitucional: múltiples iniciativas surgieron con el objetivo de combatir la violencia contra las mujeres; en particular, aquella que indica que el Estado debe garantizar la igualdad de derechos entre los géneros. Sin embargo, a pesar de tratarse de un gran avance, la “Agenda de la Mujer” de Piñera sigue siendo ampliamente cuestionada por la sociedad.

Es por esto que las estudiantes continuaron su lucha: la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) – la organización estudiantil más grande del país – convocó a una nueva marcha el 1 de junio de 2018, día en que Sebastián Piñera realizó la primera Cuenta Pública de su segundo mandato, durante la cual confesó “no saber lo que significa el feminismo, pero si eso significa creer en la igualdad total de derechos, deberes y dignidad entre los hombres y mujeres », entonces él también es feminista.

Asimismo, el 6 de junio se organizó una « huelga nacional de mujeres », en la que unas 100.000 personas salieron a las calles.Lo que Chile está experimentando hoy no es un período de cambios, sino un cambio de época. Para algunos, esta nueva ola feminista ya se anuncia como el « Mayo chileno »Screenshot 2017-08-24 23.44.37

Bibliografía

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